09 Diciembre 2007

Financiamiento del Transantiago

Columna de opinón de Waldo López. Sociólogo. Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en El Mostrador el 09 de diciembre de 2007.

Columna de opinón de Waldo López. Sociólogo. Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en El Mostrador el 09 de diciembre de 2007. Al abstraer lo que podría ser la estructura del icono conflictivo en que se ha tornado el Transantiago, pareciera acertado visualizarlo como conformado por tres grandes raíces duras, cada una de las cuales en sí misma es una fuente de conflictos. Se refieren a su operatoria, a su financiación y a la política. Esta última, es la que ha dado lugar al verdadero haraquiri masivo en ciernes que hemos venido presenciando en los últimos días, con las espectaculares declaraciones públicas de destacados actores verticales y transversales del ámbito político nacional. El punto que preocupa de este conflicto es que no obstante lo trabajado para enmendarlo, no hay noticias ciertas que se vaya a solucionar de verdad lo único que les sirve a las personas. Esto es, la operatoria del sistema. Su eficiencia y su calidad funcional. Las discusiones del día están en otra. En otro mundo. Aparte de que sea extraño y poco prestigioso que se tenga que tener a un personero público con rango de Ministro y a todo un Ministerio para solucionar este problema, llama la atención el que antes de dedicarse a la prioridad operatoria obvia, como a fortiori lo presupone un “gobierno ciudadano”, se le haya visto mayormente comprometido con su raíz financiera. Preocupado de la financiación de un sistema que lleva consigo un importante déficit acumulativo, originado en un mal diseño. La tarifa uniforme para los usuarios al igual que los contratos con los operadores, provienen directamente de aquella fase del plan, entre otras cosas. Como quiera que fuere, dedicarse a buscar solución a las empresas y no a las personas, es un error político. No transparentar las fuentes y usos de los recursos públicos a que han accedido estas empresas, las firmas y las personas que han participado en la concepción de este plan, en su diseño y en su implementación, también es un error político. Y lo que es algo más sutil pero igualmente erróneo en lo político, el postular que un aporte fiscal de fondos extras para TS se compensa con aportes extras de fondos para las regiones. ¿Por qué tiene que haber un descalabro en Santiago para que las regiones puedan acceder a un mayor financiamiento público? ¿Es que así funciona la equidad social interregional? Claramente no. El transporte urbano de personas es un subsector de la economía que posee identidad propia trascendente, que tributa, y que se localiza en todo Chile, y no solo en Santiago. No entenderlo así, es confundir las cosas. Confusiones como estas, los errores políticos de todo tipo, el secretismo, los intereses creados, los cálculos electorales, y la muy mal entendida conveniencia de enmascarar la gestión gobernante pretérita y actual bajo el prestigio de un liderazgo personal de un Ministro que ofrece renunciar si no obtiene resultado, lo que empeora el caso en vez de mejorarlo, son hechos negativos concretos. Su sinergia es la que ha han repercutido en los increíbles desaciertos comunicacionales de que hemos sido testigos por estos días, después de la aprobación parlamentaria de los mil pesos. Por otra parte, ocurre que algunos especialistas están planteando con base que la solución del caso no está en acomodar los contratos con los operadores, sino que en desahuciarlos, hacer la pérdida, rediseñar el sistema, e implantar uno nuevo. Se ha dicho, también, que la solución es crear una empresa pública. A su vez, el Ministro a cargo dice que aún no sabe cuanta plata se va a necesitar para suplir a las referidas empresas el próximo año. Y otras voces, que parecieran ser inversionistas privados y no personeros públicos elegidos, hablando como si fueran los dueños del dinero, agregan que le van a “dar oxígeno” al sistema, bajo el dogma que se va a mantener la tarifa uniforme ahora en práctica. Nadie se atreve a recordar que los costos del transporte son proporcionales a la distancia recorrida, y por ende, que esta tarifa debiera ser simétrica con tal evidencia. En todo este enjambre de posturas, también existen quienes opinan que lo preferible sería volver a los recorridos de las micros amarillas. Pero para colmo, en el medio de incertidumbres como estas, pasa el tiempo y nadie se atreve a trasparentar una formula de solución integral y definitiva, que aunque se demore, termine con este estresante experimento humano, que a que están siendo sometidos los santiaguinos y sus visitantes. La opinión pública chilena está madura y curtida de fallas humanas de todo tipo. La soberbia, una de ellas. La probidad, otra. En este antecedente, el único problema real del TS y que necesita ser resuelto de una vez por todas, no es de lealtades, ni de ofuscaciones impulsivas, o de traiciones políticas. El problema real no es político, ni financiación. Es de operatoria. Lo necesario y oportuno es volver a su escenario trascendente: Operatoria, Transparencia y Credibilidad. Entonces, visto que se va a conversar y a proponer una ley específica para transferirle fondos públicos, aquel “oxígeno” fiscal antes referido, resulta que lo más importante, en lo inmediato, es recuperar la confianza pública que se pierde a diario. Para ello y antes de hablar de platas, lo conveniente, lo previo y necesario, es transparentar aquel escenario completo del TS, donde se muestre la operatoria que se tiene proyectada; se verifique su factibilidad técnica y económica; se valide el curso a seguir, y se resuelva en definitiva el qué se debería hacer, eficiente y funcional. Es decir, se necesita de una auditoria técnica creíble, que sea válida y confiable para todo el mundo. Ciertamente, una actuación esta, expuesta a la luz pública, debiera dar luces sobre qué hacer, cómo hacerlo, y cuál es el monto que Chile necesita para proveer un transporte urbano de alto estándar en las ciudades del país, empezando por el caso de Santiago, descrito con todas sus variables clave a la vista. ¿Seremos capaces de dar un paso menor previo, como este, antes de aprobar una ley de financiación ad – hoc para abordar bien este tema? ¿Lo haríamos a nivel político, contando que se avecina aquello que va decir la Comisión Hales de la Cámara de Diputados?



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