Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en La Nación el 07 de diciembre de 2007. No sabemos qué ocurrirá finalmente con las viviendas, porque el Estado carece de atribuciones para impedir sus transferencias. Está claro que en este episodio se ha desvirtuado el mandato de una ley para favorecer a una empresa. Hace sesi meses, la Contraloría General de la República estableció que era contrario a derecho un permiso de edificación para tres torres habitacionales (de 24 pisos), que la Municipalidad de Viña del Mar había otorgado a una inmobiliaria para construir en cierta zona de Concón. Sólo una ya estaba construida. En el dictamen se dejó sin efecto un protocolo de acuerdo mercantil suscrito por la misma inmobiliaria y la Municipalidad de Concón respecto de una enmienda que se quería hacer al Plan Regulador para levantar las dos torres pendientes, con el compromiso de reducir la altura de otras en un sector cercano. Es decir, la alianza "generadora de riqueza" entre el sector privado y el municipal estaba operando en plenitud, hasta que apareció la molesta Contraloría. Unos vecinos que han adquirido departamentos con vista al mar en otra zona de ese balneario han tomado conocimiento de que en la Dirección de Obras respectiva se están tramitando una serie de permisos de edificación de torres en altura que serán levantadas más hacia el poniente de sus inmuebles; es decir, les obstruirán la vista que tienen del océano. Pese a que la legislación y la Constitución señalan que los actos de la administración del Estado son públicos, esta municipalidad -procediendo con un trasnochado secretismo- les ha negado la documentación. Suponemos que para evitar que los solicitantes detecten vicios en las tramitaciones de los permisos. Ante este irregular proceder municipal, los vecinos acudieron a la Contraloría, último bastión de probidad para que ésta exija al municipio que entregue la documentación solicitada por los ciudadanos. Recientemente, la opinión pública ha visto en las pantallas de televisión a unas airadas señoras que despotrican porque se están construyendo en un terreno fiscal 27 "viviendas sociales" para pescadores, que colindan con los elegantes condominios en donde ellas viven. Estamos hablando del sector que enfrenta al exclusivo Club de Yates de Higuerillas de Concón. La ley 8.088 de 1945 le había transferido a la Caja de la Habitación Popular, actual Serviu, ese terreno fiscal de una hectárea con el fin exclusivo de que allí se construyeran casas para los pescadores de la caleta. Pero como una inmobiliaria, por razones de orden comercial, necesitaba el predio, o por lo menos una porción, se hicieron algunos malabares burocráticos mediante los cuales los pescadores se quedaron con 5 mil 500 metros cuadrados y la inmobiliaria con otros 4 mil 500 metros cuadrados, superficie más que suficiente para sus necesidades. Dicha empresa pagó el terreno construyendo las casas y el metro cuadrado se valorizó en seis unidades de fomento. Empleando el lenguaje en boga, fue una exitosa operación público-privada, cuyos actores fueron el Serviu, el seremi de Vivienda y Urbanismo de la V Región, la Municipalidad de Concón y la dichosa inmobiliaria. Nos alegramos porque esas 27 familias tendrán sus viviendas propias, dejando en claro que en ningún caso se trata de "viviendas sociales", como ha señalado el Serviu regional. Nosotros habríamoss preferido que el beneficio se hubiera hecho extensivo a todos los pescadores de la caleta, entregándoles el subsidio habitacional, porque la totalidad del terreno estaba asignado por esa antigua ley a ellos. Ahora bien, como las casas, muchas de ellas con acoplamientos comerciales, tendrán atractivos precios para el mercado, existirá la tentación de parte de sus dueños de acceder a la demanda y venderlas al mejor postor después de que hayan transcurrido cinco años y, mientras tanto, arrendarlas con opción de compra. No sabemos qué ocurrirá finalmente con las viviendas, porque el Estado carece de atribuciones para impedir sus transferencias. Está claro que en este episodio se ha desvirtuado el mandato de una ley para favorecer a una empresa que se quedó con 45% de la superficie del terreno fiscal. No cabe duda de que los dueños de la Inmobiliaria Costa de Montemar, empresa vinculada con las tres situaciones mencionadas, son comercialmente agresivos.