Defendamos la ciudad

Columna de Patricio Herman, de la Fundación “Defendamos la Ciudad” publicada en El Mostrador, 30 de noviembre de 2007. La prensa que domina el mercado de las noticias (diarios y canales de TV) ha estado cubriendo en el último tiempo el desagrado -por las supuestas minusvalías patrimoniales que deberán asumir- que tienen los propietarios de lujosos departamentos, con espectaculares vistas al mar, situados enfrente del Club de Yates Higuerillas en el balneario de Concón, V Región de Valparaíso. Lo anterior, por cuanto el Serviu regional, en un terreno fiscal, aprobó un proyecto inmobiliario de viviendas sociales para 27 familias, cuyos jefes de hogar dicen ser pescadores. Se afirma que este predio había sido donado en 1903 a los pescadores de la caleta por José Borgoño Maroto, fundador del balneario. La Tercera ha titulado “El conflicto tras la construcción de un condominio para pescadores en Concón”, en donde se recogen los lamentos de los habitantes de los actuales condominios, y El Mercurio , por su parte, intentando dar pauta, con destacadas letras aduce “Vivienda insta a tolerar casas para pescadores en Higuerillas”. De manera comparativa uno de esos diarios llegó a decir que los departamentos en el sector cuestan UF 4.000 y que los pescadores pagaron sólo UF 10 por los suyos (sic). Entre otras cosas, los periodistas han afirmado que estas viviendas, perturbadoras de la tranquilidad de los reclamantes, tienen entre 54 m2 y 90 m2 y que las más grandes están acondicionadas para poner locales comerciales en donde, suponemos, sus dueños venderán los pescados y mariscos que extraerán del océano Pacífico. Los actuales residentes con pavor han expresado que no aceptan la alteración de la calma del sector y que temen por la degradación de la higiene del lugar y en tal sentido la ministra (S) de Vivienda y Urbanismo fue a la zona para tranquilizar a los antiguos vecinos. No sabemos si lo logró, pero en todo caso habló de integración social, a la cual nadie se podrá oponer, por lo menos públicamente. Ahora bien, bajo el gobierno del presidente Juan Antonio Ríos, se publicó en el Diario Oficial del 09/03/1945, la Ley Nº 8.088 que autorizaba la transferencia gratuita a la “Caja de la Habitación Popular” del terreno fiscal de una hectárea localizado en el lugar denominado “La Higuerilla”. Lo anterior, con el sólo propósito de que dicha institución pública (hoy día Serviu) construyera casas habitación para los pescadores de la caleta, señalándose que éstos debían asumir el costo de la edificación. En el primer semestre del 2003, entre el Serviu V Región y la Inmobiliaria Costa de Montemar S.A., empresa que construye habitualmente torres en las ex dunas de Concón, se definieron amistosamente los deslindes comunes de los predios colindantes, singularizando las nuevas medidas del lote fiscal de una hectárea aludido en el párrafo anterior. Un año después se crea el Comité Higuerillas conformado por personas relacionadas con la pesca en ese sector, quienes, según los informes de unas asistentes sociales forman parte de un sindicato ad hoc. Enseguida se firma un Protocolo de Acuerdo de postulación al Fondo Solidario de Viviendas, entre el Serviu regional, la Municipalidad de Concón, la sociedad Higuerillas S.A. y el Comité Provivienda Higuerillas. Se corona la operación con una Resolución Exenta de la ministra de Vivienda y Urbanismo, en la cual se aprueba el listado de los 27 beneficiarios. El Serviu V Región argumentó que, por la especial topografía del terreno (está en pronunciada pendiente), era muy difícil construir viviendas sociales con recursos fiscales y que ello impidió dar cumplimiento a la Ley Nº 8.088, lo cual significa que ese servicio del Estado olvidó que tal ley estableció que la ejecución de las viviendas corría por cuenta de los pescadores de la época, y digámoslo con claridad, los beneficiarios de la donación del terreno eran aquellos y no sus presuntos descendientes como acontece en realidad. Y así fue como el Estado le entregó gratuitamente el terreno a las 27 personas integrantes del mencionado Comité, con cláusula impuesta por el Serviu regional en orden a que el proyecto se tenía que ejecutar en uno de los 3 lotes, habida cuenta que el predio de una hectárea previamente se había subdividido en 3 lotes distintos. Se perfeccionó el negocio con la emisión de un permiso de edificación otorgado el 11 de Julio de 2007 por la Dirección de Obras de Concón al Comité Provivienda Higuerillas. Este permiso no habla de 27 viviendas sociales, sino que se refiere a 5 edificios de 4 pisos de altura cada uno, con 5.271 m2 construidos, incluyendo los estacionamientos para automóviles y con un presupuesto de $ 731.545.763. A la luz de estos antecedentes surgen las siguientes preguntas : ¿Por qué el permiso de edificación considera un terreno de un poco más de 5.000 m2 de superficie, si el mandato de la Ley Nº 8.088 se refiere a un terreno de 10.000 m2? ¿Significa acaso que los 5.000 m2 faltantes los pescadores se lo cedieron a la empresa IGS que les está construyendo el proyecto? ¿Esta constructora está relacionada con la sociedad Higuerillas S.A. y/o con la Inmobiliaria Costa de Montemar S.A.? ¿Cómo se resolvió el intríngulis derivado de la aplicación de la Ley N º 8.088?, ya que en ésta se donaba el predio de una hectárea a los pescadores de la caleta y no a sus presuntos descendientes, teniéndose en cuenta que tales derechos personalísimos no son heredables? ¿Los 27 pescadores estarán inscritos en el registro correspondiente, de acuerdo a la Ley de Pesca Nº 18892 ? Si no lo estuvieran, ¿el Serviu habrá exigido esta inscripción? ¿Por qué se están construyendo equipamientos comerciales en el terreno de media hectárea, si la donación estipulaba sólo casas habitación? ¿Será qué todo este tinglado se armó para que el privado que se quedó con la mitad del terreno dispusiera de él por razones comerciales? ¿Por qué el Serviu se ha transformado en un promotor inmobiliario? y ésto lo aseveramos, no tanto por lo que relatamos, sino por experiencias que conocemos en Santiago. En síntesis: Estamos ante un nuevo hecho irregular consumado y dado que no puede haber vuelta atrás, ahora esperamos que las edificaciones se terminen pronto para que sean habitadas exclusivamente por los miembros del Comité Provivienda Higuerillas. Sería de pésimo gusto que estos particulares arrendaran sus viviendas al mejor postor y que, después de 5 años, las vendieran en precios de mercado. Así las cosas, las platinadas y conspicuas vecinas de los condominios adyacentes, quienes han estado poniendo el grito en el cielo por el advenimiento de estos nuevos moradores, tendrán que acostumbrarse a convivir con ellos. Trasfondo: Hemos demostrado, una vez más, que el Estado se colude con actores productivos privados importantes (en este caso la inmobiliaria mencionada), para que éstos obtengan ventajas en sus negocios. Así opera el “modelo”, tan criticado por algunos, pero sólido por decisión de quienes mandan.