Defendamos la ciudad

Columna de Patricio Herman, publicada en La Nación, 13 de noviembre de 2007. El artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones dice que todas las actividades asociadas a su nombre, de cualquier naturaleza, requieren permiso de la Dirección de Obras Municipales, con las excepciones que contemple la ordenanza general, un instrumento normativo que reglamenta, por delegación de facultades, la aplicación de la primera normativa legal. Hoy, las estructuras horribles que soportan las antenas de telefonía celular se pueden instalar en cualquier espacio público o privado y, por ello, la opinión pública ha conocido infinidad de reclamos de grupos ciudadanos quienes, debido a diferentes motivos, no lo aceptan. Esto ha sido posible porque las empresas de telecomunicaciones han movido sus influencias ante las autoridades para que se permita y se mantenga el laissez faire vigente. Por tal razón, el Ministerio de Vivienda introdujo en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) una alternativa de modo que las antenas de telecomunicaciones, incluidos sus soportes y elementos rígidos, se puedan instalar en cualquier predio de la ciudad. Se estableció que estas edificaciones deberán tener un distanciamiento a los sitios vecinos equivalente a un tercio de su altura total, pero sin indicar un límite de esa altura, y cuando se trata de instalaciones ubicadas en la parte alta de los edificios la distancia es un cuarto. En todo caso, por falta de fiscalización apropiada, tales distancias se cumplen de vez en cuando. Para dar mayor credibilidad a la permisividad imperante, se alude en el cuerpo normativo (OGUC) a la Ley 18.168 General de Telecomunicaciones, con lo que se da a entender que esta legislación, por ser de una jerarquía superior, es la causante de la inacción urbanística. Hasta antes de la irrupción de los celulares, la regulación urbana no exigía permiso de edificación alguno para los casos en que las construcciones fueran de carácter ligero. En esta descripción se pueden incluir las garitas, las obras de mantención y los pequeños locales aislados, todos los que sólo requieren cimientos superficiales, lo cual era de toda lógica. Sin embargo, hace algunos años se modificó el artículo de la OGUC en donde se listaban las obras que no requerían permisos y ahí se estableció que la instalación de antenas de telecomunicaciones estaban exentas del permiso municipal. Sólo se le pide un aviso previo de quince días a la empresa que tiene la intención de emplazar estas estructuras elevadas en cualquier barrio residencial y cada dirección de obras está obligada a darle el visto bueno a la petición. Así de simple. Por ello hemos constatado como los mamotretos que soportan estas antenas alteran visualmente el entorno de los lugares en donde se instalan. Existen estudios que afirman que sus radiaciones afectan la salud de la población que está ubicada en sus inmediaciones. Reconocemos favorablemente la iniciativa del diputado PPD Patricio Hales, que por su profesión de arquitecto tiene la sensibilidad necesaria para preocuparse de estas cosas. Este parlamentario lideró un grupo de trabajo, junto con sus colegas Rodrigo González y Gonzalo Uriarte, para presentar un proyecto de ley que iba a solucionar eficazmente la actual situación de indefensión ciudadana. Los tres diputados fueron al grano y sin circunloquios propusieron agregar al artículo de la ley que mencionamos al inicio, esta descripción: "Dichas excepciones en ningún caso podrán estar referidas a las antenas emisoras o trasmisoras para servicios telefónicos, antenas de intercomunicación de cualquier tipo ni antenas de señales radioeléctricas, así como sus soportes y elementos rígidos y adicionales, aunque se trate de instalaciones accesorias a otra edificación, las que siempre requerirán permiso de la Dirección de Obras Municipales, previa solicitud del propietario". Con esta simplicidad legislativa se estaba resguardado el interés particular de las empresas telefónicas, como el interés público de la ciudad, lo que había que entenderlo como un avance hacia la modernidad institucional. El Gobierno entendió que era mejor enviar al Congreso otro proyecto más detallado, el que, debido a que es tan completo, creemos que finalmente no se aprobará.