Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en La Nación el 22 de octubre de 2007. EL 14 DE MAYO, junto con el senador Nelson Ávila, denunciamos ante la Contraloría y el Servicio de Impuestos Internos que en la comuna de Santiago se hacían pasar por "viviendas sociales" los departamentos construidos como viviendas económicas DFL2. Esta ficción tiene el propósito de que los inmobiliarios se eviten construir los estacionamientos de automóviles necesarios para los residentes, por cuanto la legislación no exige que los conjuntos habitacionales de las viviendas sociales -las verdaderas viviendas sociales- los tengan. Todos los actores, sea públicos y privados, relacionados con el sector económico de la vivienda sabían que era un engaño a la fe pública aceptar que los departamentos que se construyen al amparo del subsidio de 200 UF de renovación urbana por unidad fueran considerados "viviendas sociales". El marco regulatorio respectivo establece que las viviendas sociales verdaderas están dirigidas a los más pobres del país; sus precios fluctúan entre las 400 UF y las 520 UF. Es inaceptable que las constructoras que hacen negocios en el centro capitalino, que venden sus obras entre 1.000 UF y 2.000 UF, estén pasando gato por liebre con el consentimiento del Ministerio de Vivienda, servicio del Estado que conminaba a la Dirección de Obras de Santiago para que lo tolerara. Con el Centro Cultural El Sitio de Yungay y con el concejal de Santiago Gerardo Guzmán hemos tenido que recurrir nuevamente a la Contraloría, a solicitud de los compradores del condominio de calle Rosas 2725, porque lo están pasando muy mal con los departamentos que compraron a una inmobiliaria que entregó un elegante promocional en colores donde se describían todas las maravillas de la construcción. Los incautos tomaron sus decisiones de compra sobre la base del respaldo de la Municipalidad de Santiago impreso en un aviso publicitario, pero nadie dice nada cuando hay que asumir las responsabilidades por las diferentes falencias que se han detectado en estos inmuebles. Los vecinos, en su desesperación, han enviado cartas a la Presidenta de la República y a la intendenta metropolitana; ésta última le pidió al director del Serviu que revisara la situación, porque los compradores tardíamente supieron que sus departamentos estaban "certificados" como viviendas sociales. Este servicio público, dependiente del Minvu, que conoce muy bien ese tipo de viviendas, mediante un funcionario especializado, hizo la visita inspectiva y concluyó que los inmuebles no eran lo que decían ser. Como los vecinos engañados son tremendamente puntillosos, también fueron al Colegio de Arquitectos a contarle sus cuitas. La unidad técnica de esta orden profesional emitió un informe completísimo, que dejó al descubierto diversas irregularidades y por ello le hemos solicitado a la Cámara de la Construcción y al alcalde de Santiago, Raúl Alcaíno, que tomen cartas en el asunto. La primera, como es lógico, no contestó y el segundo expresó que estamos ante una situación que se deberá resolver en los tribunales. Le contestamos al edil que los vecinos irán a la instancia jurisdiccional tan pronto tengan en su poder el futuro dictamen de la Contraloría, porque hay situaciones administrativas muy poco claras. En una reunión sostenida el jueves 11 de octubre con el Comité de Asesores Urbanistas del Colegio de Arquitectos nos enteramos que el ardid de las "viviendas sociales" en la comuna de Santiago se ha terminado, en cierta medida, debido a las investigaciones que han hecho Impuestos Internos y la Contraloría y también por la voluntad de la municipalidad, lo que debe entenderse como un pequeño avance institucional en la probidad en la actividad inmobiliaria. Con esta buena noticia, llamamos a la ciudadanía toda para que ejerza un rol más activo en la noble tarea de combatir la corrupción con las armas de la información legal y a cara descubierta.