Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman, de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en portal web Programa Interdisciplinario de Libertad de Expresión, ICEI U.Chile, publicada 12 de octubre de 2007. El 14 de diciembre de 1999 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 19.653, que estableció las normas sobre probidad administrativa aplicables a los órganos de la administración del Estado. Con fecha 7 de mayo de 2001 el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, vía Decreto Nº 26, reglamentó sobre el secreto o reserva de los actos y documentos de la administración del Estado, en el entendido de que éstos serían excepcionales, ya que lo que se deseaba era buscar la probidad, transparencia y publicidad en dichos actos para así hacer honor al propósito de respetar el derecho humano fundamental de acceso a la información pública. Pero cómo observábamos que ello no se cumplía, a fines de 2003 –en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil- denunciamos en la Contraloría General de la República las irregularidades de 80 resoluciones exentas publicadas en el Diario Oficial, las cuales declararon como secretos o reservados una serie de documentos de distintos ministerios o servicios públicos. En paralelo, le entregamos copia de nuestra presentación a Francisco Huenchumilla -entonces ministro Secretario General de la Presidencia- para que reaccionara a tiempo, evitándose la vergüenza de que el órgano contralor dejara al descubierto las ilegalidades cometidas por sus pares. El hombre no hizo nada e incluso, demostrando una soberbia desmedida, ni siquiera acusó recibo de nuestro documento. Es decir, a pesar de que estaba debidamente normada esta materia, el Gobierno dispuso que en todas esas ocasiones la ciudadanía no tenía el derecho a conocer los actos emanados por parte de quienes administran el Estado. Luego, al mandante (nosotros, los ciudadanos) se le informa sólo lo que el regente (la casta política) decide, lo cual siendo la práctica normal en la época feudal, es inaceptable en la actualidad. Lo anterior ocurrió bajo el mandato de Ricardo Lagos, presidente que ejercía un control aparentemente férreo del aparato público. Bajo su férula, los ministros y colaboradores más inmediatos optaron por el camino del sigilo para llevar a cabo sus distintas políticas sectoriales. Se escondieron los contenidos de miles de documentos de oficinas fiscales, a pesar de que las autoridades que lo decidieron actúan por delegación de la ciudadanía. Es sabido lo que hay detrás del ocultamiento de la información pública y por ello valoramos en su justa dimensión el contundente dictamen de la Contraloría General que estableció el mal proceder del gobierno en esos vergonzosos episodios. Asimismo, es sabido que la transparencia -no sólo en la gestión pública sino también en la privada- es el mejor antídoto en contra de la corrupción creciente que está minando nuestro Estado de Derecho. Ha transcurrido el tiempo y, a pesar de declaraciones políticas de buena crianza, todavía se aplica el secretismo en muchas dependencias. El gobierno de Michelle Bachelet ha creado una Agencia de Probidad y Transparencia; y afortunadamente ella ha sido informada de la brutal corrupción inmobiliaria existente en nuestro país, por cuanto le hemos entregado en La Moneda toda la documentación que respalda nuestros dichos. Recientemente el Tribunal Constitucional aclaró que la modificación al artículo 8º de la Constitución Política ordena que todos los actos y resoluciones de la administración pública son de conocimiento de la ciudadanía, incluyendo los fundamentos utilizados. Con ello se estableció la improcedencia de una norma del artículo 13º de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que “permitía” denegar el libre acceso a la información pública cuando afectaba el interés privado de terceros. En Chile sólo una ley de quórum calificado puede determinar el secreto o reserva de un acto terminal o en trámite; y esto es desobedecido por muchos alcaldes y directores de obras que niegan la información que les solicitan los grupos ciudadanos que desean analizar los anteproyectos o permisos de edificación sospechosos de contener irregularidades. Es decir, tales autoridades, en vez de proceder de acuerdo a la ley y en resguardo de los legítimos intereses de sus vecinos; se han transformado en guardias pretorianos de aquellos particulares que pretenden sacar ventajas indebidas al margen de la ley. Así, por ejemplo, la Municipalidad de Providencia le niega a los vecinos del sector de Plaza Las Lilas el libre acceso al permiso otorgado por su Dirección de Obras al grupo Penta, para que construya unas torres en frente de esa área verde. También mantiene bajo siete llaves el permiso que le habría otorgado recientemente al megaproyecto Costanera Center, para que emplace su espectacular torre de 62 pisos. Y para no ser menos, la Municipalidad de Ñuñoa ha mantenido también en reserva la solicitud de permiso de Cencosud, para construir un Mall en la esquina de Macul con Grecia. En la Municipalidad de Las Condes ha sucedido otro tanto con ocasión de los innumerables permisos de edificación viciados por haberse otorgados con normas urbanísticas derogadas. Incluso, en una oportunidad el alcalde llegó a afirmar por la prensa “que es peligroso entregar esa información”. (sic). En tal sentido, le respondimos que efectivamente era riesgoso para los titulares de los proyectos ilegales que la opinión pública conociera sus nombres Y aunque el lector no lo crea, en esta municipalidad se ha llegado al extremo de negarle este tipo de información pública a un propio concejal de ella. Nos referimos al doctor Hugo Unda quien, cumpliendo con su atribución fiscalizadora, ha estado detectando diversos fraudes al interior de la Dirección de Obras. Uno de ellos, que significó cuantiosas mermas monetarias a la Tesorería Municipal, lo denunció al Consejo de Defensa del Estado, institución que se ha mostrado renuente a actuar; y a la Fiscalía Oriente del Ministerio Público, quien sí está haciendo su trabajo. Si en Chile se continúa aplicando rigurosamente un sistema económico en donde todo vale en función de ganar dinero; y si el Estado sigue replegándose para no interferir en los buenos negocios de quienes lucran desmedidamente; estimamos que, en la práctica, por más leyes que se publiquen, nada va a cambiar, porque el secreto es el aliado óptimo del libertinaje que posibilita la concentración de la riqueza.