Defendamos la ciudad

Columna de Patricio Herman, publicada en Estrategia, 19 de julio de 2007. El Minvu pretende modificar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (Oguc), estableciendo normas de revisiones a los edificios de uso público y es así como se crea el artículo 5.1.28. que dice: “El propietario deberá contratar un revisor independiente para proyectos de edificación y recepción definitiva de obras cuando se trate de: 1.- Edificaciones destinadas a equipamiento, actividades productivas o infraestructura cuya carga de ocupación total sea superior a 250 personas. 2.- Edificios de siete o más pisos. Se exceptúan de cumplir con la exigencia señalada en este artículo, los proyectos de edificación y la recepción definitiva de las obras que sean contratados o ejecutadas, respectivamente, por órganos de la Administración del Estado”. Es decir, estamos ante una discriminación a favor del aparato estatal, lo que es preocupante y en tal sentido tenemos que recordar que la figura del revisor independiente fue creada el año 1996, a través de la Ley Nº 19.472, cuya finalidad era agilizar la gestión, por parte de arquitectos expertos, del proceso de revisión de los proyectos. Se quería asegurar que, con la intervención de profesionales privados remunerados con un porcentaje de los derechos municipales de los permisos de edificación, se cumplieran las normas técnicas y reglamentarias de las edificaciones. No se justifica que el Estado deba estar liberado de las obligaciones que le impone a los particulares. Por el contrario, el sentido común recomienda que tanto el sector público como el privado deben tener la misma exigencia. Esta diferenciación atenta contra la transparencia y probidad en la gestión pública. Como estamos ante una delicada desinteligencia funcionaria, esperamos que el Gobierno, a través de su consejo de ministros, ordene que todas las construcciones mencionadas en dicho artículo 5.1.28. sean inspeccionadas por los arquitectos revisores independientes.