Defendamos la ciudad

Columna de Diego Olivera / Uruguay , publicada en Primera Plana.cl, 11/06/2007.- Todas las naciones del mundo regulan, de una u otra manera, las concesiones para radios y televisoras. La Declaración de Principios sobre la libertad de expresión de la OEA invita a los gobiernos a manejar las concesiones con un criterio democrático. Recientemente México fue objeto de censura por la sanción de una ley que concedió casi a perpetuidad los permisos para Televisa –una las cadenas más poderosas del continente- y permitía la concesión discrecional de un organismo del Estado. El periodista español David Carracedo acaba de publicar un exhaustivo informe en el que muestra que en los últimos años 293 medios de todo el mundo sufrieron clausura, revocación o no renovación de sus licencias: 77 emisoras de televisión y 159 radios en 21 países. Ninguno de esos casos –como el de RCTV- merecía al parecer una cerrada defensa de Washington. De otro lado, siempre en el eje de los principios de la OEA, como el derecho de los ciudadanos a la participación más amplia, cabe agregar que sólo en Colombia 76 radios comunitarias fueron clausuradas. No se levantaron voces de protesta, salvo las nunca recogidas por los grandes bloques de prensa. Los intentos en el continente por crear y desarrollar radios comunitarias –consideradas "piratas" en muchos países- enfrentan la represión, y proyectos de ley que pueden enviar a la cárcel a los impulsores de estas emisoras de corto alcance y al servicio de comunidades. En Uruguay hay al menos dos proyectos de ley que condenan con prisión a los impulsores de las emisoras comunitarias, presentados por legisladores del Partido Nacional en la década de los 90 y que continúan presentando en cada nuevo período legislativo. En el anterior gobierno colorado, encabezado por Jorge Batlle, varias emisoras comunitarias fueron clausuradas y sus equipos confiscados sin que ningún organismo internacional se pronunciara. Lo mismo sucede en casi todo el continente. Las clausuras de emisoras comunitarias es algo cotidiano en países como Colombia y Guatemala. También en Chile y otros países se han escrito capítulos sobre este tipo de acciones que pasan desapercibidas o son silenciadas. La Manipulada “Libertad de Expresión” Está claro que en Venezuela el caso de Radio Caracas Televisión (RCTV) no tiene nada que ver con la libertad de expresión y de prensa ni mucho menos con las radioemisoras comunitarias. RCTV puede transmitir libremente por cable, Internet y televisoras de otros países como efectivamente lo está haciendo. Esto está en conocimiento de toda la opinión pública mundial. La decisión soberana del Gobierno de Venezuela fue no extender el permiso para la transmisión por canal abierto. Nadie puede transmitir por canal abierto sin permiso previo del Estado en ningún país del mundo. Pero, la transmisión por canal abierto es tentadora porque permite llegar a cualquier aparato de televisión de cada uno de los millones de hogares y aquí entra a operar otro interés, el Interés que genera en el caso de Venezuela un mercado de publicidad equivalente a unos 500 millones de dólares anuales, torta que se repartían tres cadenas de televisoras privadas. RCTV obtenía 167 millones de dólares por año. He ahí el tema de fondo. La propaganda, las editoriales contra el gobierno de Presidente Hugo Chávez, pueden continuar por cable o por Internet, pero la publicidad seguramente será menor. Los Medios de Comunicación: ¿Libertad de Expresión y de Prensa o Libertad de Empresa? El analista chileno Ernesto Carmona publicó recientemente un artículo donde destaca que "diez mega corporaciones poseen o controlan los grandes medios de información de Estados Unidos: prensa, radio y televisión. Esa decena de imperios controla, además, el vasto negocio del entretenimiento y la cultura de masas, que abarca el mundo editorial, música, cine, producción y distribución de contenidos de televisión, salas de teatro, Internet y parques tipo Disneyworld, no sólo en el país del norte sino en América Latina y el resto del mundo". Carmona agrega que "En EE. UU. la información fue suplantada lisa y llanamente por la propaganda corporativa. Dejó de existir el "derecho a la información", garantizado por la Primera Enmienda de la Constitución. Los ciudadanos estadounidenses perdieron su derecho a la información veraz y oportuna sin darse cuenta y sin que hayan sido derogado. Las frecuencias para las señales de radio y televisión constituyen un bien público, de toda la sociedad, pero su control pasó a manos de unos pocos mega-imperios mediáticos". Ese esquema de poder y concentración de medios se repite en Latinoamérica. En México funcionan dos poderosas cadenas: una dominada por Televisa, de la familia Azcárraga, vinculada al Grupo Cisneros de Venezuela, también propietarios de medios de comunicación y otra perteneciente a una de las mayores fortunas del mundo, la del azteca Ricardo Salinas Pliego y sus socios Pedro Padilla Longoria y Luis Echarte Fernández, ambas con inversiones en Estados Unidos. También el Grupo Prisa, propietario del diario español "El País" tiene medios de comunicación en América Latina, asociado en México a Televisa, y propietaria de la poderosa Radio Caracol de Colombia, y otras emisoras en Perú, Chile, Bolivia, Panamá, y Costa Rica. En Argentina, los medios de comunicación están controlados por pocas familias. Por ejemplo, la poderosa cadena de Telefé está controlada por la Editorial Atlántida, del Grupo de la familia Vigil y por New Corporation, del empresario australiano Rupert Murdoch. Lo mismo pasa con el Grupo del diario Clarín, con inversiones en los países vecinos. Está encabezado por Ernestina Herrera de Noble, Héctor Horacio Magnetto, José Antonio Aranda y Lucio Rafael Pagliaro, que poseen en 82%. El 18% restante está en manos del banco de inversión estadounidense Goldman Sachs. El Diario La Nación, otro de los grandes grupos argentinos, es propiedad en un 66% de Matilde Noble Mitre de Saguier y de Bartolomé Mitre, que ostenta un 10%. En Chile son dos grandes bloques, Copesa y El Mercurio, los que dominan los medios de comunicación impresos y están en manos de poderosos polos económicos y políticos los canales de televisión. Tal como lo afirmaba recientemente un columnista en Chile, la prensa o los medios de comunicación alternativos en ese país sólo se pueden encontrar hoy en Internet. En Brasil, el grupo O'Globo, es propietario de la influyente familia Marinho, originaria de Río de Janeiro, asociada al magnate mexicano Carlos Slim. Junto a los Marinho, también se han consolidado en las últimas dos décadas poderosas familias en los medios brasileños como los Sirotsky, dueños del grupo RBS, los Civitas, propietarios de Abril y los Frías, impulsores de Folha. En sus manos está ahora la comunicación brasileña, si bien la presencia extranjera, especialmente de empresas como Televisa o Grupo Cisneros, es cada vez mayor. Incluso Telmex, la operadora de Carlos Slim, está a punto de pasar a controlar Net Serviços, primera compañía de cable hasta ahora propiedad de O'Globo. Así, cuando las cadenas de televisión en América Latina comienzan a reclamar por la libertad de prensa, están en realidad reclamando por la libertad de seguir lucrando y emitiendo "su mensaje", bastante alejado de los intereses de las mayorías. Qué duda cabe. Algunos datos disponibles sobre los montos de publicidad en América Latina, que ponen en el tapete el interés de fondo, revelan por ejemplo que en 2005 la inversión publicitaria en Argentina fue de 4.148 millones de dólares, de los cuales el 28,4% fue para la TV y el 26,6% para los diarios. La Inversión publicitaria de Latinoamérica en 2005, en sólo nueve países de Sudamérica, fue de 13 mil 575 millones 690 mil dólares. Brasil se ubicó como el país con mayor participación de la inversión publicitaria en Latinoamérica con el 42,0% a valor dólar, siguiendo México, con el 22,0%; Argentina, con el 10,0%; Colombia, con el 9,0%; Chile y Venezuela, con 5,0%; Ecuador, con 4,0%; Perú, con 2,0% y Uruguay con 1,0%. En todos los casos existe una clara preponderancia de la televisión y los diarios como receptores de esa inversión. En esta danza de millones ¿cuánto de realidad tiene la preocupación sobre la libertad de prensa y la libertad de expresión, frente a la libertad de empresa?. ¿Qué es lo que defiende Washington cuando infructuosamente ordena al secretario general de la OEA intervenir en Venezuela para analizar el caso de RCTV?.