Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Waldo López de la Agrupación Defendamos la Ciudad, publicada en El Mostrador el 11 de junio de 2007. “AGENDA URBANA: Eduardo Bresciani, jefe de Desarrollo Urbano del Minvu, explica los desafíos que acaba de lanzar el Gobierno”, (El Mercurio: “Urbanismo y Construcción”, 24 de mayo de 2007; pág.1 y pág.6) El jueves inmediatamente después de la cuenta presidencial del 21 de mayo, el Minvu nos ha entregado su agenda urbana, la cual, en esencia, consta de 11 medidas. Tres proyectos de ley y otros ocho “desafíos”. En otras circunstancias, semejante eficiencia sectorial sería óptima. Sin perjuicio que así de bueno y sin dudas, les pudiera parecer a todos quienes solo leen los titulares del diario. El punto de duda, aquí, es otro y diverso. Parte del hecho que nada de lo que nos dice este jefe, aparece siquiera insinuado en aquel discurso presidencial. La desconfianza que este detalle suscita aumenta porque quien nos da a conocer estas medidas, es el mismo personero que en los tiempos del Ministro Ravinet actuaba como coordinador de una cierta reforma urbana, que entonces nos decía que estaba constituida por tres líneas de acción, donde la última de ellas nos lleva directamente al triste y universalmente famoso Transantiago actual. Véalo usted mismo: ANTES REFORMA URBANA · Modernización de los instrumentos de gestión y planificación, las regulaciones y las normativas que rigen el territorio. · Desarrollo de obras urbanas coordinadas, que den cuenta de los planes territoriales de cada localidad; e · Incorporación y coordinación de la gestión del transporte en el desarrollo urbano y territorial AHORA AGENDA URBANA -Reforma del marco regulatorio -Gestión y planificación urbana integrada -Mejoramiento urbano -Recuperación de barrios “La Agenda de Ciudades (2006-2010) –dice Bresciani-, cuenta con 11 medidas divididas en cuatro líneas de acción. Creo que son realistas en los plazos planteados. Además, el país cuenta con las instituciones y los mecanismo legales que permiten que se concreten, así como también con el presupuesto necesario” Aparte de cuáles hubiesen sido y sigan siendo el destino y los resultados concretos de aquella muy bien posicionada reforma urbana en la opinión pública de entonces, y antes de examinar similitudes y diferencias entre la aquella reforma y esta agenda o de referirnos a las medidas mismas de esta última, pero a propósito de una de ellas, la cuatro, “Elaboración de planes reguladores en todas las ciudades”, es del todo necesario recordar que en El Mercurio del sábado 23 de Octubre de 2004, en su sección de noticias del interior y a propósito de un cierto congreso patrocinado por la Cámara Chilena de la Construcción, realizado en Chillán, se informa que Bresciani señaló que se iba a hacer una inversión inédita en Chile de US$ 8 millones en materia de planes reguladores, de aquí al próximo año. “Eso nos permitirá que todas las ciudades del país tengan actualizado sus terrenos de desarrollo y las regiones tengan también sus intercomunas reguladas” (sic). La pregunta obvia que surge entonces es la siguiente: ¿Significa que esta medida arriba recién transcrita encubre que no se hizo aquella inversión inédita de los US$ 8 millones que anunciara Bresciani que iba a quedar finiquitada antes que terminara el 2005?… O acaso significa que este gasto del erario nacional efectivamente fue materializado y que los planes reguladores financiados con tal potente monto quedaron obsoletos de inmediato, y por lo tanto que habrá que volver a elaborarlos. O como se ha visto y oído con preocupación por estos días: ¿no será que necesitan recursos adicionales para ponerlos en marcha? Parece duro plantearlo así; no obstante, nos hace bien a todos. Más todavía cuando en aquella misma noticia, de octubre del 2004, se da cuenta que este mismo jefe del Minvu “dijo que el Gobierno propondrá reformas que permitan crear instrumentos para manejar el desarrollo urbano (sic). Para ello hay un proyecto en el Parlamento y otras tres iniciativas legales (sic) que ‘esperamos ingresen dentro de este semestre’ ”. Sabido que el mencionado proyecto en Parlamento, destinado a “manejar el desarrollo urbano”, fuera retirado por el Ejecutivo el día antes del término de su mandato, el 10 de marzo de 2006, la pregunta obvia que sigue, al tenor de lo arriba citado, es la siguiente: ¿Significa que los tres proyectos ley que se enuncian como las primeras medidas de esta nueva Agenda Urbana son los mismos tres que se nos decía que iban a ingresar al Parlamento aquel segundo semestre del 2004? ... retardados por alguna razón incomunicada. ¿O son otros?... Y si fueran otros, ¿qué se encubre con ellos? ¿Acaso una nueva táctica legal para “manejar el desarrollo urbano”? A sabiendas de las particulares habilidades de este jefe de departamento para comunicar información urbanística trascendente, uno puede esperar casi cualquier cosa. En particular, si se tiene presente que al ingresar estos proyectos de ley al Congreso Nacional (las tres primeras de las 11 medidas anunciadas) se estaría al frente de un tercer intento del Minvu para cumplir sus pertinaces afanes de dominio territorial. En el primero de ellos, en el año 1999, que por así decirlo fracasó por su ingenuidad, se declaraba abiertamente lo siguiente: “El ordenamiento territorial no se restringirá al área urbana de las comunas; incorporará también a las áreas rurales,…De este modo, los instrumentos de planificación territorial de nivel comunal podrán regular tanto las áreas urbana y de extensión urbana, como las áreas rurales”. (1) En el segundo intento, de junio de 2004, se planteaba esto mismo pero sin declararlo como que fuera uno de los objetivos buscados. Así como tampoco fue declarado ninguno de los otros dos restantes: Esto es, reemplazar todos los planes reguladores por otros nuevos, e instituir las tautológicas y hasta ahora irregulares “áreas urbanas condicionadas”. Dejar algo así implícito, ciertamente que también es una habilidad. Consecuente con antecedentes como los anteriores y visto que en esta nueva Agenda Urbana no hay una medida que específicamente se refiera a propiciar el “manejo del desarrollo urbano” mediante cambios a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, resulta bastante obvio que dichas tres primeras medidas, que se enuncian por igual solo como “proyecto de ley para…” contienen oculto que tendrían que referirse a sendas modificaciones a la referida ley general. Si efectivamente fuera esto lo que se esconde, es decir, que los tres proyectos de ley estuviesen destinados a modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones, además de torpedearla por tres flancos, se está frente al peligro que una tramitación asincrónica dificulte mejor legislar, crear una forma de franskentein normativo y entregar a la ciudadanía una aún mucho más compleja legislación urbana, que vendría a estar en manos exclusivas del Minvu y sus particulares afanes: áreas urbanas condicionadas; más cesiones obligadas de terrenos; parcelas de agrado ahora de 2 hectáreas y no de media; planes urbanos de diversa denominación para todo fin; regulaciones estructurales para el transporte; veto sobre municipios; otras competencias acordes con las restantes medidas de la agenda, y por encima de todo esto, facilidades para realizar una gestión técnica y administrativa de corte central, autoritaria, y burocrática. Con una amplia y profusa gama de gestiones y poderes de todo nivel. Un real supra-ministerio. Esto, sin contar que entre sus afanes pendientes se haya el dar a luz pública los famosos “derechos urbanos transables”, que en suma, son especies bienes del mercado monetario que se transarían en el país. Cabe esperar, eso sí, que lo tendrían que hacer bajo la tuición técnica de la Superintendencia respectiva y no del Minvu. ¿Es algo así lo que se encubre? ¿Cómo se logra transparencia? ¿Qué significan las medidas restantes? ¿Qué se encubre bajo ambigüedades tales como “proyectos urbanos integrales”, “planes de ciudad y coordinación de la administración pública”, e “implementación de grandes avenidas”? ¿Qué significa cada una de estas otras tres medidas? ¿Acaso nuevos frentes de actuaciones, recursos y gestiones que el Minvu quiere asegurar para sí? ¿Qué se quiere decir cuando se agregan medidas que en los hechos no pasan de ser generalidades cotidianas de intenciones, aunque también, en algunos casos, sean realidades, cuando otras tres de las 11 medidas son el “mejoramiento de espacios públicos”, la “rehabilitación de barrios y zonas patrimoniales”, y la ya conocida “recuperación de 200 barrios vulnerables”? (Que dicho sea de paso, nadie sabe por qué son 200, dónde están, ni cuáles son) ¿Acaso esto es algo nuevo, o significa que se dispondrá de recursos para intensificar las actuaciones urbanas al respecto; por cierto, en todo el país? Pero esto no es todo. Bien sabido que el programa de pavimentos participativos fue dejado sin financiamiento por la presente Administración, al igual como le sucediera al programa de parques urbanos, resulta a lo menos curioso que una de las 11 medidas sea el “mejoramiento participativo en calles de barrios vulnerables”. ¿Qué se encubre aquí? ¿Qué se quiere decir cuando la voz no se aviene a los hechos? Vuelvo al comienzo: ¿Qué significa que haya sido un simple jefe de departamento quien nos haya informado de novedades urbanísticas nacionales tan trascendentes como las vistas en lo precedente, y por el contrario, cómo se entiende que nada de este detalle haya sido mencionado unos pocos días antes, en el Mensaje del 21 de Mayo? Es urgente: Se necesita otra voz para el desarrollo urbano nacional. Otra semántica. ______ (1) Mensaje del referido proyecto de ley, adjunto al Oficio ORD Nº 1895 de 10.05.1999, de Gabinete del Ministro de Vivienda y Urbanismo; página 2. Por Waldo López M. Sociólogo. "Agrupación Defendamos la Ciudad".