Defendamos la ciudad

Columna de Patricio Herman, publicada en La Nación, 29 de mayo de 2007. Esperamos que las instituciones funcionen con el objetivo de que la oferta de inmuebles en el mercado sea transparente y así podamos hacer méritos para que Chile pueda ingresar a la OCDE en un tiempo más. En marzo informamos sobre los errores de las direcciones de Obras Municipales (La Nación, 05/03/2007) que permiten que los impulsores de proyectos inmobiliarios no paguen sumas elevadas de dinero a causa de peritajes incorrectos en el pago de derechos por la calidad de una construcción. Este hecho ya se encuentra en conocimiento de las autoridades del sector. Ahora bien, en esta materia, resulta conveniente que se sepa que el decreto 168, del 17 de octubre de 1984, dice: “Para todos los efectos legales, se entenderá por vivienda social la vivienda económica de carácter definitivo, destinada a resolver los problemas de la marginalidad habitacional, financiada con recursos públicos o privados, cuyo valor de tasación no sea superior a 400 UF y cuyas características técnicas y de urbanización se ajusten a las normas generales de este reglamento”. Como las verdaderas viviendas sociales están dirigidas a los más pobres, se estableció que para definir la tasación se considere el avalúo fiscal del terreno donde se levantan y el valor de construcción conforme con la tabla de costos unitarios que elabora el Ministerio de Vivienda. Pero dado que en Chile existen conductas que buscan sacar ventajas de los marcos regulatorios, bajo el rótulo de viviendas sociales hoy se construyen torres habitacionales en la comuna de Santiago, cuyos compradores ya están favorecidos con el subsidio de UF 200 por renovación urbana. Esta acción se hace para que los titulares de los proyectos no ejecuten los estacionamientos que exige la normativa y para lograr beneficios tributarios. Lo inverosímil es que el ministerio conmina a la Dirección de Obras Públicas de Santiago a certificar que esos departamentos -cuyo valor se encuentran entre las 900 y las 2 mil UF- son viviendas sociales. En 2001 el Minvu modificó esta definición y eliminó vía decreto -es decir, sin conocimiento parlamentario ni de la ciudadanía- la expresión “vivienda destinada a resolver los problemas de la marginalidad habitacional” y elevó su valor de tasación de UF 400 a UF 520 para los creados, en esa fecha, condominios de viviendas sociales. Y así, asociándose el concepto condominio a torres habitacionales, se ha establecido de los departamentos de ellas son también viviendas sociales, lo que nunca se refleja en las promociones de las empresas inmobiliarias. Por las características de la situación, el 14 de abril, junto con el senador Nelson Ávila, nos reunimos con el director de Impuestos Internos, Ricardo Escobar, al que informamos sobre esta situación. Ese día también entregamos los antecedentes en la Contraloría, porque esta maniobra no sólo es mala desde el punto de vista de las pérdidas de recursos monetarios que asume el fisco, sino que resulta perverso porque se ampara la falacia del quehacer productivo privado. El centro de Santiago se está llenando de departamentos de 25 metros cuadrados, superficie insuficiente para acoger a una familia, lo que anula la idea de la renovación urbana. Esto es posible porque la mencionada tabla de costos unitarios del Minvu con la que se determinan los valores de las viviendas para pagar los derechos municipales, se ha mantenido desactualizada, para que así, dentro de la ley, se registren abusos que distorsionan las reglas del juego. Según la tabla de enero de 2007 del Minvu, el costo del metro cuadrado para obras de construcción en las clasificaciones correspondientes a los edificios en promedio es 40% de los costos reales y, por ello, resulta fácil proyectar que departamentos de superficie reducida pero de excelentes terminaciones se califiquen como viviendas sociales. Esperamos que las instituciones funcionen con el objetivo de que la oferta de inmuebles en el mercado sea transparente y así podamos hacer méritos para que Chile pueda ingresar a la OCDE en un tiempo más.