Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman publicada el 18 de mayo de 2007 en revista El Periodista. En el Decreto Nº 168 del 17 de Octubre de 1984 se señala sin lugar a interpretaciones que "para todos los efectos legales, se entenderá por vivienda social la vivienda económica de carácter definitivo, destinada a resolver los problemas de la marginalidad habitacional, financiada con recursos públicos o privados, cuyo valor de tasación no sea superior a 400 UF y cuyas características técnicas y de urbanización se ajusten a las normas generales de este Reglamento". Como las verdaderas viviendas sociales están dirigidas a las capas más pobres de la sociedad, se estableció que, para definir la tasación de las mismas, se considera el avalúo fiscal del terreno en donde se emplazan y sus valores de construcción conforme a la Tabla de Costos Unitarios que elabora el Minvu. Como en nuestro país se ha institucionalizado la mentira, bajo el rótulo de “viviendas sociales” se construyen torres habitacionales en la comuna de Santiago, cuyos compradores ya están favorecidos con el subsidio de UF 200 por Renovación Urbana. La trampa se hace para que los titulares de los proyectos no ejecuten los estacionamientos exigidos por la normativa respectiva y para obtener unos beneficios tributarios. Y lo inverosímil es que el propio Minvu conmina a la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santiago a certificar que esos departamentos, que valen entre UF 900 y UF 2.000, son viviendas sociales, a pesar de que todos saben que ello no es así. Para posibilitarse el tinglado, en el año 2001 ese habilidoso ministerio modificó la definición de la vivienda social en términos que eliminó, vía Decreto, es decir, sin conocimiento parlamentario ni de la ciudadanía, la expresión “vivienda destinada a resolver los problemas de la marginalidad habitacional” y aumentó su valor de tasación de UF 400 a UF 520 para los creados en esa fecha “Condominios de Viviendas Sociales”. Y así es como el Minvu, desperfilado servicio público, asociando el concepto Condominio a torres habitacionales, ha establecido de los departamentos de éstas son viviendas sociales, lo que obviamente nunca se refleja en los promocionales de las inmobiliarias. Por las características de la situación planteada, el lunes pasado, con el senador Ávila, nos reunimos con el director del SII, a quien le dimos cuenta de la pillería y el mismo día entregamos los antecedentes en la Contraloría General de la República, ya que, el fraude no sólo es malo desde el punto de vista de las pérdidas de recursos monetarios que asume la Caja Fiscal, sino que es perverso porque se ampara la falacia en el quehacer productivo privado. Además el centro de Santiago se está llenando de departamentitos de 25 m2, superficie insuficiente para acoger a una familia, lo que anula la idea de la Renovación Urbana. Todo lo anterior es posible porque la mencionada Tabla de Costos Unitarios del Minvu y con la cual se determinan los valores de las viviendas para pagar los derechos municipales, está absolutamente desactualizada, a propósito, y así, dentro de la “legalidad”, se cometen estos abusos que distorsionan las reglas del juego. Qué dirán las familias que ocupan las verdaderas viviendas sociales situadas en la periferia de la ciudad, cuando conozcan esta burla ?