Defendamos la ciudad

Columna de Felipe Portales, del Programa de Libertad de Expresión del Instituto de la Comunicación e Imagen de la U. de Chile, publicada en La Nación, 3 de mayo de 2007. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Constituye, por tanto, una ocasión indicada para efectuar un análisis sintético de las principales restricciones que afectan en la actualidad a los derechos a la libre expresión e información en nuestro país. Los principales obstáculos radican en la extrema concentración de la propiedad de los medios de comunicación en unos pocos grandes grupos económicos; una profunda autocensura que dichos medios efectúan en el ejercicio de la labor periodística; y una fuerte renuencia de los poderes públicos -en particular del Ejecutivo- a transparentar sus actuaciones. Particularmente grave es aquella concentración de los medios que más impacto tiene en el desarrollo de la opinión pública: la televisión y los diarios. En este último caso se ha generado un virtual duopolio mediante dos consorcios (El Mercurio y Copesa) que dan cuenta de más de 90% del total del tiraje de periódicos de Chile. Y en la televisión, los canales existentes responden a tres grandes grupos. Se trata de dos universidades muy conservadoras y una estación pública que ha entendido la neutralidad política como una asepsia que evita todo debate a fondo de los más importantes temas nacionales. Lo que más caracteriza a dichos medios precisamente es una autocensura que impide la información, la libre expresión y el debate de los problemas políticos, económicos y sociales que nos afectan. No resulta factible encontrar en ellos datos ni debates que nos ilustren acerca de los alcances y las causas de la extremadamente injusta distribución del ingreso que, de acuerdo a diversas instituciones internacionales especializadas, nos ubica entre los peores países del mundo en la materia. Tampoco es posible encontrar ahí alguna información, opinión o debate sobre la virtual desnacionalización del principal recurso natural chileno: el cobre. O sobre el hecho de que las empresas multinacionales que explotan cerca de 70% de aquel mineral han cancelado un ínfimo pago de impuestos y royalties durante los últimos 17 años. O que exportan el grueso de dicha riqueza sin refinarla ni menos industrializarla. Menos aún resulta posible hallar antecedentes o debates sobre la conveniencia de los numerosos tratados bilaterales de libre comercio que ha ratificado el Estado en estos años o sobre las duras condiciones laborales y las exiguas remuneraciones que recibe la gran mayoría de los trabajadores o sobre las sistemáticas violaciones de los derechos a la sindicalización, negociación colectiva y huelga que aquellos sufren. La información a la que tiene acceso la ciudadanía se ve también severamente restringida por la cultura de secretismo que prevalece en el conjunto de las instituciones del Estado, más allá del fin de la dictadura y la aprobación de normas legales destinadas a transparentarlas. Todo esto se ve agravado por la actitud de los sucesivos gobiernos de la Concertación en perjuicio de los medios de comunicación afines o de izquierda, que laboriosamente se desarrollaron durante la década de 1980 y todavía después. De este modo, fundamentalmente mediante la discriminación del avisaje estatal -destinado de modo abrumador al duopolio- han ido desapareciendo casi todas las propuestas escritas formadas en la disidencia de la dictadura (“La Epoca”, “Fortín Mapocho”, “Análisis”, “Hoy”, “Apsi” y “Cauce” entre otros) y muchas de las empresas independientes que fueron creadas con posterioridad (“Rocinante”, “Siete+7” o “Plan B”). Peor aún, según denuncias efectuadas por los premios nacionales de Periodismo Juan Pablo Cárdenas y Patricia Verdugo (en “El Mercurio” y “Rocinante”, respectivamente) -y que no han sido desmentidas hasta ahora- el Gobierno de Patricio Aylwin bloqueó la continuación de millonarias ayudas extranjeras de Holanda a las revistas “Análisis”, “Hoy” y “Apsi” y los gobiernos de Eduardo Frei y Ricardo Lagos hicieron todo lo posible por impedir que el legítimo dueño del diario de centro-izquierda “Clarín” pueda recuperar lo confiscado por la dictadura y echar a andar la hoy única alternativa viable al duopolio de El Mercurio y Copesa. Esperemos que la voluntad expresada por el Gobierno de Michelle Bachelet de establecer un marco técnico y legal para la televisión digital, que permita la mayor diversificación y pluralismo posible de sus futuros canales emisores, se concrete efectivamente y genere un punto de inflexión que termine con las políticas en favor de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación desarrolladas por las gestiones anteriores.