Defendamos la ciudad

Columna de Patricio Herman, publicada en diario La Nación el 17 de abril de 2007. ES UN HECHO que la ciudadanía está despertando de su letargo y, por lo menos en las cuestiones de orden urbano-ambiental, en muchas comunas han aparecido grupos de vecinos que han sido capaces de articularse en defensa de sus legítimos intereses ante la vorágine inmobiliaria que arrasa los barrios consolidados con impunidad. El Concejo Municipal de Vitacura decidió modificar las reglas urbanísticas para facilitar la edificación, lo que ha sido muy bien recibido por las asociaciones gremiales de empresarios que lucran con la explotación del suelo, pero con el rechazo de las comunidades que no desean ver deteriorada su calidad de vida. Es un típico conflicto de intereses: quienes privilegian la función productiva ante los que hacen valer sus derechos urbanos, amagados por las transformaciones drásticas en sus barrios. Como los vecinos no fueron escuchados por la autoridad comunal, se organizaron y consiguieron el apoyo necesario para obligar al alcalde Raúl Torrealba a convocar a un plebiscito, como contempla la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Ellos obtuvieron más de 10% de las firmas ante notario de los ciudadanos inscritos en los registros electorales y le comunicaron al alcalde que toda modificación al Plan Regulador Comunal tenía que ser aprobado por la comunidad, algo elemental en toda sociedad democrática. Pero los que dirigen esa municipalidad se negaron a acatar las normas con argumentos pedestres. Por ejemplo, que el acto de votación resultaba costoso y para darle visos de seriedad a eso, contrataron a una abogada a fin de que hiciera un informe en derecho, creyendo que con esta opinión iban a salvar las apariencias. El único concejal que estaba de acuerdo con el ejercicio democrático era el DC Sergio Hernández, cuya posición fue meramente simbólica, porque la abrumadora mayoría de derecha fue tajante en oponerse a la libre expresión de la ciudadanía. El Servicio Electoral en el oficio ordinario Nº 2 del 2 de enero pasado, dirigido al alcalde Torrealba, manifestó que en la revisión de los listados presentados por los vecinos patrocinantes de la convocatoria a plebiscito pudo constatar que 5 mil 602 firmas corresponden a inscritos en la comuna, teniéndose en cuenta que la cantidad de firmas necesarias eran 5 mil 300. Esta comunicación no le gustó al destinatario. Por tal motivo, Torrealba puso un recurso de reposición en contra del mencionado oficio del Servel, el que fue rechazado con prontitud “porque no se ajustó a los presupuestos contemplados en la ley, quedando de manifiesto su improcedencia para el caso específico en comento”. Parece que los abogados municipales no sabían que los oficios de ese servicio del Estado no son actos administrativos regulados por la Ley 19.880 y por ello tuvieron que aceptar, con humildad, la clase magistral que les dio a conocer el Servel. Ante lo descrito y dado que el municipio se hacía el sordo, el 18 de enero los vecinos presentaron al alcalde un completísimo reclamo de ilegalidad por omisión, solicitándole que “sin más dilación, proceda a la dictación del decreto alcaldicio de convocatoria a plebiscito en cumplimiento de las normas constitucionales y legales antes citadas”. El 30 de enero el alcalde respondió que “no ha lugar al reclamo interpuesto”. Los vecinos cumplieron con la ley para ejercer sus derechos ciudadanos, lo cual fue corroborado por el Servel, organismo competente en la materia. Pero por la majadería del Concejo Municipal de Vitacura hasta ahora está pendiente el plebiscito. Sabemos que los dirigentes vecinales han revisado este asunto con Carlos Larraín, presidente de RN, y con el diputado del mismo partido del distrito, Cristián Monckeberg. Ambos, haciendo gala de propiciar la participación ciudadana, señalaron que los apoyaban, pero no se atreven a expresar públicamente lo que dicen en privado. Es claro que el concepto de democracia no es igual para todos y por ello esperamos que se apruebe pronto la inscripción automática, el voto obligatorio y la renuncia voluntaria, tal como lo propuso el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, para que así los ciudadanos disconformes con el sistema opten masivamente por la desinscripción de los registros electorales.