Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Agrupación Defendamos la Ciudad, publicada en El Mostrador el 05 de abril de 2007. Nuestra Constitución le asigna a la Contraloría General de la República el control formal y de fondo de la legalidad de los actos del Poder Ejecutivo y de las municipalidades, la fiscalización de los ingresos y la inversión del Fisco y de todos los servicios que determinen las leyes, examinando las cuentas de las personas que tienen a su cargo bienes de esas instituciones, además de llevar la contabilidad general de la nación y la toma de razón de los decretos y resoluciones para verificar que se enmarquen en la constitucionalidad y en las leyes y otras cosas. Es decir, el papel de la Contraloría es vital para que funcione correctamente nuestro Estado de Derecho. Desde julio de 2006, la Contraloría General, a raíz de la jubilación del titular Gustavo Sciolla, ha estado funcionado normalmente bajo la prudente y eficaz conducción interina de Noemí Rojas, en su condición de Sub-Contralora. El gobierno hizo esfuerzos para nominar en ese importante servicio público fiscalizador a una persona de su confianza y externa de la Contraloría, con la idea, según ha expresado Paulina Veloso, ex ministra Secretaria General de la Presidencia, de iniciar un proceso de modernización, a pesar de que el mismo ya ha comenzado con el escaso presupuesto que el ministerio de Hacienda le asigna. Esto lo saben muy bien los miembros del Senado, a quienes se les ha informado en detalle acerca de los cambios que se están efectuado para mejorar la atención de quienes recurren a ella y hacer más expedito el proceso de control de la legalidad de los actos administrativos del Estado. La ex ministra Veloso ha sido explícita al manifestar que el procedimiento vigente para nominar al titular de la Contraloría no le ha permitido al gobierno, por el alto quórum del Senado, nombrar a quien éste ha deseado y por ello propuso que interviniera la Corte Suprema en la confección de una quina. Como eso no prosperó, sugirió que el nombramiento se hiciera a través del Sistema de Alta Dirección Pública, instancia creada el 2003 para reforzar la modernización y profesionalización en la administración del Estado y así disponer de funcionarios idóneos apegados a la probidad, con la idea de optimizar la gestión de las instituciones públicas. José Antonio Viera-Gallo, nuevo ministro que conduce esta materia, actuó rápido ante la petición que le formuló la Presidenta Michelle Bachelet y eligió a un distinguido especialista en derecho administrativo, Ramiro Mendoza, persona vinculada a la derecha y especialmente a su presidenciable Sebastián Piñera, para que fuera el titular del ente contralor y el Senado ratificó el nombramiento con escasos cinco votos en contra. Como hecho anecdótico señalamos que una treintena de organizaciones ciudadanas vinculadas al urbanismo y medio ambiente, las que han expresado sus puntos de vista acerca de esta materia, le solicitaron formalmente el 27/03/07 una entrevista a Viera-Gallo para confrontar posiciones y para expresarle que sus representados son partidarios de preservar la autonomía e independencia en la Contraloría, lo cual se debía traducir en nombrar como su titular a la funcionaria interna de mayor rango. El ministro, desconociendo por completo el instructivo presidencial que habla del “gobierno ciudadano”, no se dio por enterado de la solicitud de entrevista, lo cual debemos comprender porque las cúpulas políticas se relacionan entre ellas y carecen de tiempo para escuchar a quienes les han entregado delegación de mando. Los dirigentes de la Concertación siempre demostraron una inexplicable animadversión hacia la Sub-Contralora y los dirigentes de la Alianza, cuando la UDI y RN rechazaron en el Senado el nombramiento de Pablo Ruiz-Tagle, señalaron que eran partidarios acérrimos de confirmar como titular de la Contraloría a Noemí Rojas, porque ese conglomerado político respetaba la carrera funcionaria y porque no les gustaba la idea de un abogado externo como su conductor. Hemos constatado que la mayoría de los senadores de derecha se olvidaron por completo de su discurso, a la luz de los 30 votos favorables que obtuvo Mendoza en el Senado: 17 de la Concertación y 13 de la Alianza. Los cinco votos en contra de la ratificación corresponden a los senadores Ávila y Zaldívar, ambos coherentes con sus pensamientos de acatar la sana doctrina de que el titular debe provenir de la propia Contraloría, criterio que, nos atrevemos a decir, es compartido por la mayoría de los ciudadanos informados. También votaron en contra, respetando su palabra, tres senadores de la UDI. Terminado el episodio y deseándole mucho éxito al nuevo Contralor, no podemos perder de vista que en Chile hay muchos actores que se mueven en el mundo de los negocios que postulan la flexibilidad en los trámites administrativos para no entorpecer sus propias actividades económicas. Muchos de ellos, con remilgadas poses desde las alturas hablan peyorativamente de las “rigideces” y de las “trabas burocráticas” que postergan sus emprendimientos mercantiles. Son los mismos que critican la regulación medioambiental sin reconocer que sus complejos proyectos se atrasan en las diversas instancias de los servicios públicos porque están mal elaborados. Debemos suponer que ahora el ministerio de Hacienda le entregará los recursos necesarios a la Contraloría para que su quehacer constitucional se vaya perfeccionado y esperamos que los parlamentarios hagan las modificaciones legales correspondientes para que sus dictámenes tengan imperio con lo cual estaremos en mejores condiciones para ir erradicando la corrupción. Por otro lado, estamos ciertos que Mendoza sabrá manejar la contienda de competencia existente entre la Contraloría y los Tribunales Superiores de Justicia, ya que tanto la Corte de Apelaciones de Santiago como la Corte Suprema infundadamente han sostenido en fallos recientes que la Contraloría carece de atribuciones para referirse al fondo de las materias legales contenidas en los actos administrativos del Estado. Lo anterior se ha traducido en dejar sin efectos sólidos dictámenes de la Contraloría y como esta supuesta incompetencia no está sustentada en ningún precepto legal ni constitucional, sería deseable que el órgano fiscalizador pudiera ejercer en plenitud el control de la legalidad, tal como está señalado en el artículo 87º de la Carta Magna y en tal sentido Mendoza, deberá recurrir a todos sus vastos conocimientos del derecho administrativo para que la Corte Suprema no siga interfiriendo en la labor del órgano público más probo de la nación.