Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Agrupación Defendamos la Ciudad, publicada en el Mostrador el 27 de febrero de 2007. En días pasados se publicó en El Mercurio una interesante columna del distinguido y conocido “Caballero Cruzado” don Germán Becker, en donde le recordaba a los lectores de ese medio, lo que había acontecido muchos años atrás con unas donaciones de terrenos que acogían inicialmente actividades deportivas del Club de la Universidad Católica en las comunas de Ñuñoa e Independencia y que, a través del tiempo, se habían vendido para que terceros iniciaran actividades en el ámbito de la construcción. Debido a que muchos lectores de El Mercurio lo son también de El Mostrador, y con el sincero propósito de poner las cosas en su justo lugar, consideramos necesario que se tenga consciencia plena de que nuestra ciudad ha crecido enormemente y que las condiciones ambientales son muy distintas a las de hace 40 o 50 años y por ello, entre otras razones, desde el año 1994 existe una Ley de Bases Generales del Medio Ambiente que contempla un Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) para las ciudades que superan ciertas medidas en la mala calidad del aire. El PPDA de la Región Metropolitana, que se empezó aplicar en mayo de 1998, consideró una protección efectiva a las áreas verdes, entendiéndose como tales, los parques metropolitanos, los parques intercomunales y las áreas verdes complementarias, tipologías listadas en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), vigente desde noviembre de 1994. Ello porque ayudan a capturar el carbono y, a la vez, entregan oxígeno, limpiando y ventilando la ciudad. Años después, cuando Jaime Ravinet era ministro de Vivienda y Urbanismo, Álvaro García, ministro Secretario General de la Presidencia, y Sergio Galilea, intendente metropolitano y presidente de la Corema, se publicó el Decreto Supremo Nº 20 mediante el cual se flexibilizó esa norma de protección con el argumento de que había que crear incentivos para materializar como tales las área verdes que sólo estaban proyectadas en los instrumentos reguladores. A éstas, el ocurrente Galilea, las llamó con justa razón “peladeros” y así fue como se estableció una metodología para desafectar el 20% de la superficie de cada predio área verde peladero con la obligación, por parte de su propietario, de consolidar como área verde de verdad el 80% restante del predio y, además, con el deber de crear un área verde que tuviera la misma superficie del área desafectada en una comuna de escasos recursos y, por lo tanto, deficitaria de parques y/o plazas. Ahora bien, para llevarse a cabo esta política urbano-ambiental que contempla este tipo de compensaciones, el gobierno de Lagos dispuso que, en aquellos parques que nunca se hubieran consolidado como áreas verdes, se pueden destinar en un solo paño hasta el 20% de sus superficies originales a otros usos, de características urbanas compatibles con el entorno, y que las áreas desafectadas se homologarán a las condiciones de edificación que establece cada Plan Regulador Comunal para las áreas adyacentes. Es decir, la autoridad procedió con un criterio lógico para mantener un cierto equilibrio en las construcciones. A raíz de lo anterior, es bueno traer a colación lo que está aconteciendo en la actualidad con el terreno área verde en donde ha funcionado por muchos años el Estadio Santa Rosa de Las Condes, predio transferido gratuitamente por la ex Cormu (Corporación de Mejoramiento Urbano) del Minvu a la Pontificia Universidad Católica. Para ello se firmó el 2 de septiembre de 1970 una escritura pública de donación modal, con la exigencia de que el terreno tuviera un destino orientado solamente a las actividades propias del Club Deportivo de la Universidad Católica, lo que pretende ser violado por sus donatarios sin que el donante, órgano del Estado, diga nada para que se cumpla esa obligación de honor. El directorio de este club tiene la intención de modificar el uso de suelo de su predio para ejecutar un importante negocio inmobiliario de 280 millones de dólares y para ello obtuvo los permisos de la Seremi de Vivienda y Urbanismo y de la Municipalidad de Las Condes, los cuales, con justa razón, fueron invalidados por la Contraloría General de la República dado que el área verde estaba consolidada como tal, criterio que extrañamente no compartió la Corte Suprema de Justicia, la cual dejó sin efecto el sólido dictamen del ente contralor. En todo caso se da la paradoja que dicho negocio inmobiliario, mientras se mantengan las normas urbano-ambientales, es inviable porque, los 3 terrenos adyacentes al Estadio Santa Rosa, son áreas verdes, a saber, un terreno municipal de Las Condes, un terreno de Corfo y otro de la Embajada de EEUU (sic). Sí amable lector, el voluminoso edificio de ese país está construido en un área que no permite su emplazamiento, lo cual, francamente no nos debe extrañar, si ya sabemos que esa potencia hace lo que desea en cualquier país del mundo sin pedirle permiso a nadie. Pues bien, en general en las áreas verdes no se pueden ejecutar obras de construcción distintas a las expresamente mencionadas en la regulación urbanística. Y en las áreas verdes metropolitanas sólo se permiten instalaciones y edificaciones complementarias a sus usos (recreacional, deportivo, de culto, cultural, científico, de esparcimiento y turismo al aire libre) respetándose su valor paisajístico y su equilibrio ecológico y ese club deportivo desea levantar torres de 24 pisos (sic). Luego, dicho club tendrá que esperar algún tiempo hasta que se modifiquen las reglas del juego y ello acontecerá, suponemos, cuando esta región no esté sometida a un plan de emergencia, como es el de descontaminación atmosférica. La otra posibilidad que tienen los directivos del C.D.U.C. para utilizar el predio regalado en actividades lucrativas es contactar a uno de los tantos lobbystas que tenemos, para que éste, previo pago de sus servicios “profesionales”, entregue a las autoridades correspondientes ciertas rebuscadas fundamentaciones para “interpretar” el vocablo adyacente contenido en el marco regulatorio. Estaremos atentos a lo que suceda porque los actores mercantiles son voraces. A pesar de ello, estamos ciertos que la institucionalidad ambiental cumplirá con su deber y así los socios del Estadio Santa Rosa podrán continuar disfrutando en plenitud de sus instalaciones deportivas.