Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Agrupación Defendamos la Ciudad, publicada en El Mostrador el 17 de noviembre de 2006. Los ministros son de exclusiva confianza de la persona que ejerce la Presidencia de la República y ésta actúa por un mandato a plazo fijo que le ha entregado el pueblo en elecciones libres, democráticas e informadas. Los ciudadanos que votan cada 4 años son los soberanos de la nación y los representantes políticos en sus actuaciones públicas se deben a ellos. La Presidenta Bachelet está muy bien evaluada por la opinión pública, a pesar de todos los descalabros que se han conocido en el último tiempo y ello se debe a que los causantes de los desaguisados son -o parecen ser- operadores “picantes”, usando el calificativo peyorativo de un político de primera línea, de las maquinarias de los partidos que conforman la denominada Concertación, la misma que nos ofreció que “la alegría ya iba a llegar”. Las bases de sustentación de los verdaderos regímenes democráticos son la probidad, la transparencia, las cuentas que cuadran y el respeto mutuo que nos debemos todos : gobernantes y gobernados. Por ello hemos considerado necesario dar a conocer una carta que, por delegación de 27 organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la Coordinadora Pro Derechos Urbanos, le entregaron Jorge Cisternas Z., Rodrigo Cociña G. y quien suscribe a la Jefa del Estado el pasado viernes 10 de Noviembre, con ocasión de una carta anterior del 29 de Agosto dirigida a la misma alta destinataria y su clarificadora respuesta. Dejando a un lado el encabezado que se ciñe a las normas formales vigentes, decíamos: Quienes suscriben se dirigieron a Ud. el 29 de Agosto de 2006, entregándole un Comunicado de la Coordinadora Pro Derechos Urbanos, con ocasión de la desmedida injerencia que están teniendo en la estructura del Estado las asociaciones empresariales inmobiliarias, con ocasión de una campaña que ellos lideran para desprestigiar la labor de la Contraloría General de la República, la que ha estado invalidando una serie de permisos de edificación por ser contrarios a derecho. Como corresponde a una funcionaria pública proba, doña Patricia Hidalgo, Asesora de Gestión de su Gabinete Presidencial, a través del INTDGCP 18524 del 2 de Octubre de 2006, acusa recibo de nuestra carta y con respecto a nuestro requerimiento, que dice relación con el deseo que se confirme como titular de la Contraloría a quien ejerce actualmente como Sub-Contralora interina, nos expresó textualmente "hemos solicitado al Gabinete de la señora Ministra Secretaria General de la Presidencia ; el análisis de los antecedentes que nos remitiera, como asimismo, otorgarle una respuesta directa en el marco de sus atribuciones y facultades". A esta fecha y a pesar de los innumerables llamados telefónicos efectuados para tomar contacto con la Ministra señora Paulina Veloso, no hemos recibido ninguna respuesta, en los términos señalados por su Gabinete Presidencial, ni menos hemos podido conversar con la señora Sofía Libedinsky, jefa del Gabinete de la señora Ministra, situación incalificable en un gobierno ciudadano como el suyo. En nuestra condición de interesados en las cuestiones de carácter público, le hemos entregado antecedentes objetivos que estimamos deben ser evaluados cuidadosamente por ese ministerio. Lo anterior cobra relevancia, a la luz de la noticia publicada en El Mercurio del jueves 9 de noviembre, con título "Belisario-empresarios : cumbre secreta" con epígrafe "Bajo crecimiento y casos de corrupción estuvieron entre los temas del encuentro". El Ministro del Interior señor Belisario Velasco se juntó con los empresarios Matte, Angelini, Yarur y otros, incluyendo al abogado con negocios inmobiliarios Aníbal Correa, según ese diario. En la reunión se abordaron varias materias, una de las cuales fueron "las medidas de seguridad para proyectos privados", asunto que tiene muchas aristas que confunden, ya que la Ley Nº 19.880, producto de la "Agenda Pro-Crecimiento", regula con meridiana claridad el trámite de los actos administrativos del Estado. Estimada y respetada señora Presidenta, si queremos no caer en la corrupción más desenfrenada, el gobierno no puede aceptar peticiones del sector privado productivo para obtener medidas de seguridad jurídica para sus negocios, sobre la base de permisos mal concedidos por autoridades político-administrativas; menos aún si dichos actos afectan derechos de terceros (la comunidad), como es el caso de algunas recientes revocatorias de dictámenes de Contraloría sentenciadas por la Corte Suprema, la que estima, acogiendo las tesis de los privados, que el ente fiscalizador carece de atribuciones para determinar la legalidad de los actos administrativos, discutible criterio que naturalmente no compartimos. Dado que representamos a 27 organizaciones de la sociedad civil que hacen valer los marcos regulatorios vigentes, ante el creciente abuso de poder fáctico del sector inmobiliario, le solicitamos una entrevista para darle a conocer, con ejemplos concretos, lo que está sucediendo en el ámbito de la depredación de los barrios consolidados y el desinterés por parte de las autoridades sectoriales en abordar el desarrollo sustentable en la tarea del crecimiento de la ciudad. Así terminó la carta. Sostenemos que ningún colaborador o colaboradora de la Presidenta Bachelet se puede dar el gusto de ignorar a los representantes ciudadanos, más aún, cuando éstos le han entregado documentación de peso a la Primera Mandataria con ocasión del nombramiento del titular en la Contraloría General de la República. Rechazamos de plano que la señora Veloso haga caso omiso de una instrucción presidencial que tenía como propósito dar respuesta fundamentada a nuestra carta del 29 de Agosto de 2006. El Estatuto Administrativo de los funcionarios del Estado es muy claro al respecto y en tal sentido lamentablemente constatamos que no todos los ministros se apegan a sus directrices. Tal como se aprecia en la carta, dado que manejamos información asociada a la materia en discusión, le hemos solicitado una entrevista a la Presidenta, con la idea de señalarle algunos hechos de cierta relevancia que podrían ser de utilidad para el gobierno. No esperamos que nos reciba porque dentro de sus prioridades tiene asuntos más apremiantes, que esperamos los resuelva a la brevedad, pero sí debemos recibir la respuesta de la ministra Veloso porque esta no es una Administración de pacotilla. Cuando la tengamos en nuestro poder y en la medida que sea explícita, podríamos sacar conclusiones acerca de la animadversión que tiene esa autoridad, no sólo por la Sub-Contralora, sino también por los cuadros directivos de la Contraloría. En todo caso y ante la votación de este martes en el Senado, en donde se rechazó el nombramiento del académico Ruiz-Tagle, como epílogo de la polémica, queda que la ministra Veloso asuma su responsabilidad política ante este traspiés.