Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman, de la Agrupación de Defendamos la Ciudad, publica en El Periodista, 10 de noviembre de 2006. En una columna de opinión publicada el 24/10/06 en El Mercurio, su autor se refería a la integración social urbana, siendo su posición contraria al intento de corregir la segregación a través de disposiciones normativas. Para avalar su criterio mercantilista, muy suelto de cuerpo, expresaba “........la vivienda asistencial puesta en terrenos de alto valor no resiste con el tiempo la presión del mercado y finalmente los pobres venden y se van. Este fue el caso del grupo de edificios San Luis en Las Condes”. Ahora bien, como el ejemplo señalado es falso, intentaremos hacer un pequeño recuerdo con lo acaecido con los pobladores de la Villa San Luis en esa comuna, señalando en primer lugar que su nombre original era Población Carlos Cortés, en homenaje al obrero de la construcción que falleció cuando ejercía como ministro de Vivienda en el gobierno de Salvador Allende. En la primera mitad del siglo pasado, el dueño del Fundo San Luis, se lo donó a una sociedad benefactora que dirigía hospitales. Posteriormente el predio llegó a manos del Servicio Nacional de Salud y años después, en 1969, la Corporación de Mejoramiento Urbano (Cormu), siguiendo las directrices del presidente Eduardo Frei, tomó posesión del terreno, para que en una parte de él (11 hectáreas), se proyectara un conjunto habitacional orientado a los allegados más pobres de esa elegante comuna. Es decir, se pensaba en la integración social. En los inicios de 1972 siete contratistas, entre los cuales estaba Desco y Moller y Pérez-Cotapos, terminaron la construcción de 22 bloques de 4 pisos de viviendas sociales de 60 m2 c/u, llegando a un total de 1.038 departamentos, con sus excelentes áreas verdes y de esparcimiento. Es decir, en pleno gobierno de la UP, más de 5.000 chilenos pobres disfrutaban de la vida en medio de la comuna más rica del país. Sus viviendas no sólo eran dignas, sino que eran de muy buena calidad. Cuando llovía no era necesario ponerles nylon porque las “especificaciones técnicas” eran distintas a las de los últimos años. Se produjo el golpe y entre 1974 y 1975 el gobierno militar comenzó gradualmente a desalojar con violencia a los pobladores, con el argumento de que no tenían títulos de dominio. En su reemplazo Pinochet ordenó llevar a efectivos de baja graduación del Ejército, quienes ocuparon por mucho tiempo esas viviendas. El 12 de Diciembre de 1989 el Serviu, continuador de la Cormu, transfirió esos inmuebles a Bienes Nacionales y el 21 de Junio de 1991, democracia instalada, el gobierno destinó exclusivamente para fines habitacionales del Ejército todos los bloques de viviendas y lotes del amplio terreno, con la aclaración expresa de que si no se cumplía esa exigencia, se ponía término a la destinación y volvían las propiedades a Bienes Nacionales. Como en aquella época todavía mandaba Pinochet, quien hacía lo que quería, el 31 de Julio de 1996, el Ejército, violando el contendido del Decreto Supremo de Bienes Nacionales, vendió el predio como un todo a la Inmobiliaria Parque San Luis S.A. en 80 millones de dólares, suma de dinero que ingresó a las arcas militares, sin que el asustadizo gobierno dijera nada. Y como se fuera poco, los bienes nacionales de uso público que formaban parte del terreno de 11 hectáreas, también se privatizaron con la aludida venta. En resumen, hemos demostrado que el columnista del matutino mintió para justificar su “teoría económica” y ha quedado claro que en el Chile actual las leyes son de carácter indicativo cuando se trata de hacer buenos negocios