Columna de Patricio Herman de la Agrupación Defendamos la Ciudad, publicada en La Nación el 02 de noviembre de 2006. La Fundación Siglo 21 se comprometió a ejercer su liderazgo para que en poco tiempo haya una política de verdadera participación de la ciudadana a nivel municipal y a nivel de los ministerios de Vivienda y de Obras Públicas. El lunes 30 de octubre, se realizó el seminario Planes reguladores, municipios, mercado y ciudadanía: desafíos en la construcción de la ciudad, organizado por el think tank Fundación Chile 21. El expositor principal fue Genaro Cuadros, arquitecto y miembro de la Comisión Ciudad, funcionario del Ministerio de Vivienda y militante del Partido Socialista. Fueron convocadas varias organizaciones de la sociedad civil, casi todas agrupadas en la Coordinadora Pro Derechos Urbanos. En un ejercicio autocrítico se analizaron las falencias en las políticas públicas relacionadas con el uso del territorio y las normativas urbano-ambientales, ante los crecientes conflictos en varias comunas metropolitanas por el abuso inmobiliario, casi siempre tolerado por los alcaldes. Los organizadores mostraron interés por las ideas planteadas por los representantes ciudadanos y, en tal sentido, es necesario dejar un testimonio de algunas de las materias planteadas, con el propósito de que el Gobierno las analice con la idea de ir creando las condiciones para que la ciudad sea un lugar de encuentro que les pertenezca a todos, lo que en la actualidad no ocurre. En la ocasión, señalamos lo riesgoso que sería para el Estado de Derecho que en la Contraloría se nomine a un abogado externo, más aún si el elegido es afín a la gestión vigente. Establecimos que es mejor mantener su autonomía e independencia a toda prueba. Hicimos notar la incongruencia en la comuna de Vitacura, donde su autoridad no acepta el plebiscito contemplado en la ley de municipalidades para zanjar una controversia local. Como los vecinos son puntudos, igual se hará, porque sus dirigentes obtendrán pronto la cantidad de firmas necesarias para exigirlo. También valoramos la decisión de la Conama de establecer una regulación del territorio basada en el manejo integrado de las cuencas. Insistimos en la proposición de que exista una ley de captura parcial, de parte del Estado, de las plusvalías derivadas de las modificaciones de uso de suelo o de decisiones públicas que generan ganancias a los dueños de los predios. Reiteramos la urgencia de derogar el artículo 63 de la Ley de Urbanismo que permite subir el coeficiente de constructibilidad cuando se fusionan los terrenos, como asimismo eliminar la regalía de los conjuntos armónicos, normada en la ordenanza respectiva, que permite esto y más encima aumentar la altura de las edificaciones. Ello, por cuanto, estas excepciones rompen la escala de los barrios. Consideramos inaceptable que en Las Condes se otorguen innumerables permisos de edificación viciados y sus autoridades se hagan las desentendidas. Privilegian intereses privados en desmedro de la comunidad, con el agravante de infringir la ley y “aquí no ha pasado nada”. Los de Chiledeportes ha quedado chico ante la conducción inmobiliaria en la comuna. Felicitamos al Consejo de Monumentos Nacionales que, sin trámite, declaró monumento nacional la residencia presidencial de Salvador Allende en Tomás Moro 200, acogiendo la solicitud de un nieto del general Carlos Prats y destacamos que este organismo ya no exija al propietario del inmueble a ser declarado patrimonio histórico que entregue su aprobación. En este caso, el actual dueño, una institución sin fines de lucro dependiente de la Fuerza Aérea, se opuso a la justa declaratoria de modo inexplicable. Criticamos los “loteos brujos” en la comuna de Padre Hurtado y los existentes sobre la cota mil en la comuna de Lo Barnechea, situaciones conocidas desde hace muchos años y que el Estado con su inacción ampara. Celebramos que las parcelas de agrado en predios rústicos de 0,5 hectárea, derivados de la subdivisión de tierras rurales, en las comunas incorporadas recientemente al PRMS, ya no se permitan, sino tan sólo cuando sean de cuatro hectáreas. Mérito del ministerio, que debería hacer extensivo el cambio a todo el país. Señalamos que nos preocupa la mantención de tanta franquicia y subsidio al sector inmobiliario, porque produce una desviación de comercio y una saturación en la oferta de inmuebles; para paliarla, el Estado deberá aprobar leyes para incentivar su adquisición, lo que ya sucedió hace unos seis años. Reconocimos el aporte de los diputados que, por conocer cifras y realidades sectoriales, promueven la derogación de uno de los subsidios más brutales en el negocio inmobiliario: la exención de IVA. En realidad, se abordó una gran cantidad de otros puntos, los que por falta de espacio no podemos reseñar. Sí está claro que la Fundación Siglo 21 se comprometió a ejercer su liderazgo para que en poco tiempo haya una política de verdadera participación de la ciudadana a nivel municipal y a nivel de los ministerios de Vivienda y de Obras Públicas, porque es impresentable que los habitantes de las ciudades se mantengan como meros espectadores y, en tal sentido, la concejal de Ñuñoa Danae Mlynarz se llevó los aplausos generalizados cuando propuso la creación de los consejos consultivos en esas instancias públicas.
19 Septiembre 2011
Es posible mejorar la urbe
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Patricio Herman
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