Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman, publicada en la revista El Periodista, el 22 de septiembre de 2006 Este polémico cierre que posibilita el negocio inmobiliario Portal Bicentenario en las 245 hectáreas que ocupaba esa base aérea estuvo lleno de irregularidades y secretismos porque esa iniciativa correspondía a un antojo de las autoridades superiores del gobierno pasado y cuyos principales beneficiados -con las plusvalías patrimoniales de sus predios- fueron los propietarios de las tierras agrícolas y de valor natural que conformaban el cono de aproximación, las cuales tenían limitaciones en sus usos de suelo. Como el terreno donado al Estado por un filántropo norteamericano hace 75 años atrás estaba considerado como bien nacional de uso público, el gobierno se lo traspasó al Serviu en calidad de bien fiscal, pasándose por alto la exigencia modal establecida por quien quería promover la aviación en Chile. Debemos tener presente que esta localización es un canal de ventilación del SW al NE que ayuda a descontaminar la ciudad, hecho que tampoco tuvo en cuenta el Minvu. También se decía que la decisión estaba supeditada al reemplazo de dicho aeropuerto por otro en la región metropolitana. El 15 de noviembre de 2005 se reunieron reservadamente en el Ministerio de Defensa diversas autoridades relacionadas con la clausura del aeropuerto y con la puesta en marcha de 2 pistas del aeropuerto Merino Benítez. Bajo la tutela de los entonces ministros Ravinet de Defensa, Estévez de OOPP y Tschorne de Vivienda, determinaron que el 15 de diciembre de 2005 se terminaban las concesiones aeronáuticas, existiendo un plazo de 10 días para desmantelar la infraestructura, el 15 de enero de 2006 la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) debía proceder a levantar la zona de protección del aeródromo y el inicio de las obras del Portal Bicentenario se contemplaron a partir del cierre. Se decidió que la DGAC debía estudiar un mecanismo de restricción, con el propósito de no saturar las operaciones aéreas en Merino Benítez, a pesar de que públicamente dichas autoridades decían lo contrario. También fueron muy expresivos al establecer en esa reunión secreta que la zona de El Monte como posible aeródromo para la aviación general no debía vincularse con la clausura de Los Cerrillos, ya que su conveniencia deberá estudiarse una vez resuelto el tema que aludimos. Es decir, entre cuatro paredes, los decisorios políticos procedieron a eliminar Los Cerrillos. Para modificar el uso de suelo establecido en la regulación urbana metropolitana, el Minvu utilizó el fácil expediente de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), trámite administrativo que es un saludo a la bandera. Es decir, una vez más el gobierno le hizo el quite al Estudio de Impacto Ambiental que debía aprobar por la Corema, análisis necesario, ya que un cierto porcentaje de los terrenos estaban contaminados con residuos de hidrocarburos. El díscolo Serviu sostenía que no le era obligatorio evaluar ambientalmente las obras de urbanización (macroinfraestructura vial) del Portal Bicentenario y sólo porque nuestra agrupación denunció este asunto en la Contraloría, finalmente ese servicio del Estado se allanó a presentar otra cómoda DIA por la ejecución de esas faenas. La Contraloría ha sido muy explícita, en orden a que el titular del proyecto debe evaluarlo como “Estudio” por la gran envergadura del mismo (15.000 viviendas), como también ha señalado que la reunión reservada de los 3 ministros con sus colaboradores inmediatos “carece de fundamento en derecho”, según dictamen Nº 38066 del 16 de Agosto de 2006, porque en Chile “son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen, y sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquellos o de éstos”. En síntesis, una vez más se está violando la ley ambiental, no se cumplen los mandatos de aquellos que donan bienes inmuebles al Estado, quienes ejercen el poder político utilizan medios no transparentes para adoptar sus decisiones y todavía no existe un aeropuerto que reemplace Los Cerrillos. Y así nos dicen que “las instituciones funcionan”.