Defendamos la ciudad

Columna de Patricio Herman, publicada en El Mostrador, 4 de septiembre de 2006. Ante las peligrosas tentaciones de nombrar como titular de la Contraloría a un hombre público importante que dé garantías al gobierno y a la oposición, sí le preocupa, por lo menos, a la Coordinadora Pro Derechos Urbanos (que reúne a una treintena de agrupaciones de la sociedad civil), referente que ha expresado públicamente su oposición a esa idea que anda rondando en Palacio. Sostienen que es riesgoso que la institución que fiscaliza la legalidad de los actos administrativos de los funcionarios del Estado sea dirigida por un político. Pues bien, Paulina Veloso, Ministra Secretaria General de la Presidencia, señaló la semana pasada en el Congreso Nacional que no es relevante si el nuevo Contralor General de la República sea un funcionario de carrera o un abogado externo, indicando que lo que importa es que el nombre que deba elegir la Primera Mandataria, responda a un conjunto de criterios que hayan sido consensuados con todos los sectores políticos del país. Esta politización de la nominación presidencial, sujeta a la aprobación del Senado de la República, ha generado una gran preocupación en aquellas organizaciones de la sociedad civil que se han ocupado de ejercer fiscalización ciudadana con relación a aquellos actos políticos administrativos de funcionarios del Estado, los que, en ciertas ocasiones, han pretendido pasar por alto los derechos de las personas o comunidades con el afán de beneficiar al sector privado productivo. Expresión de ello es la Declaración Pública, emitida el día domingo 20 de agosto pasado, por la mencionada Coordinadora Pro Derechos Urbanos. En dicha nota se rechaza el ataque comunicacional que está sufriendo la Contraloría General de la República por parte de las principales corporaciones del sector inmobiliario, a efectos de que se inhabilite de su función constitucional de calificar la legalidad de los permisos de construcción que conceden los funcionarios municipales, muchas veces avalados por el Seremi de Vivienda y Urbanismo. Finalizaba esa Declaración con un llamado a la Presidenta Michelle Bachelet, “a no ceder ante las presiones de estas empresas depredadoras e irresponsables en lo social y lo ambiental, a resguardar la independencia de la Contraloría General de la República, para que se siga garantizando la rectitud funcionaria y el apego irrestricto a la ley, con lo cual se honra el Estado de Derecho en nuestro país". Lo que preocupa a las organizaciones ciudadanas, no es el grado de simpatía que pueda tener o no tener el nuevo Contralor, respecto al gobierno y los diversos sectores políticos del país -preocupación manifestada por el senador Hernán Larraín-, sino la garantía que el nuevo titular de la Contraloría reunirá las cualidades, en cuanto a probidad, conocimiento de la administración pública, experiencia en el oficio fiscalizador y liderazgo funcionario, a efectos de que la Contraloría pueda mantener su independencia y autonomía respecto a las autoridades que ejercen poder en otros órganos del Estado. Dichos principios, no pueden ser sacrificados en función de supuestas “competencias para dirigir y liderar una modernización de la Contraloría”, principal argumento esgrimido por la aludida ministra, en su opción de nombrar a alguien ajeno de la institución, ya que dichos principios son condiciones necesarias para que la modernización sea eficaz y no la vulnere, con relación a interesadas motivaciones de funcionarios públicos que toman decisiones contrarias a las leyes. Nosotros deseamos una modernización en la Contraloría, pero que ella sea acorde al verdadero sentido de la expresión, la que sí se está iniciando, tal como nos lo han señalado algunos senadores. Declaramos con énfasis que no nos gustan esas “modernizaciones” con olor a comportamientos “flexibles” para permitir cualquier cosa en pos de los buenos negocios de algunos. Eso no. El poder que sustenta la Presidenta, no lo recibió por los acuerdos de la superestructura política del país, sino, por la delegación directa de una ciudadanía que mayoritariamente, perdió su confianza en los partidos políticos, entre otros motivos por el intercambio de favores que tienen muchos de sus dirigentes con el mundo de los poderes fácticos. Por lo tanto, resulta un tanto incoherente que nuestra flamante Presidenta, que se comprometió a gobernar con los ciudadanos, proceda a negociar a través de su principal colaboradora con los senadores, la imposición de un abogado ajeno a la institución. Más aún, cuando el único caso similar, ha sido la nominación de Sergio Fernández en 1978, con las consecuencias conocidas por todos aquellos informados de la historia institucional de nuestro país. A su vez, romper la tradición de nominar como titular de la Contraloría al funcionario de carrera que le corresponda, de acuerdo a la jerarquía interna, sin que se acrediten fundadas razones para ello, será percibido como una afrenta por parte del personal de ese órgano del Estado, el que, a través del tiempo, ha dado palmarias muestras de apego irrestricto a nuestro Estado de Derecho. Confiamos en que la decisión que finalmente se tome, permita intensificar su proceso de modernización, dentro del marco que le ha permitido mantenerse como la institución del país más prestigiada ante la ciudadanía, situación que no habría sido posible, sin la responsabilidad y esfuerzo de cientos de funcionarios que, como don Arturo Aylwin o la señora Noemí Rojas, le han dedicado toda una vida a esa institución que garantiza el correcto proceder en el manejo de las funciones del Estado. ______________ Patricio Herman P. Agrupación "Defendamos la Ciudad"