Defendamos la ciudad

Por Danilo Salcedo Vodnizza, 9 de agosto de 2006. Es frecuente que en nuestro país resulte incompresible como se procesan y resuelven los litigios y denuncias en los tribunales de justicia, el tercer poder del estado, aún reconociendo que se han hecho esfuerzos por agilizar sus procedimientos e incorporando la tecnología computacional, y sobre todo por una saludable renovación de magistrados. Además, el común de las personas afectadas por irregularidades cometidas en un proceso no se atreven, no poseen los medios, ni las influencias para demandar una mejor justicia. Es sabido que los funcionarios que se percatan de alguna deficiencia o un mal manejo no recurren al conducto regular para presentar sus observaciones críticas. Pero la situación se agrava cuando un alto funcionario judicial se enfrenta con el sistema al cual sirve. Esto último lo ilustraremos con un caso que alcanzó cierta notoriedad pública, pero que gradualmente se fue silenciando, para llegar a un insólito final. El caso se refiere a la denuncia que presentó en diversos tribunales quien fuera Juez de Policía Local de Lampa, el señor Francisco Javier Uriarte Díaz, sobre el affair de los fotorradares, el que afectaba a los conductores de vehículos en varias comunas del país. A mediados del año 2000, Carabineros de Chile dejó de tener a cargo los fotorradares en las carreteras del país, porque las autoridades de gobierno decidieron que debían ser operados por empresas privadas, las que se formaron con rapidez por personas vinculadas al poder político. Entre ellas se destacaron Contracom, Gecnodata y Satco, pues lograron obtener la entrega de los servicios de fotorradares en varias comunas. Contracom operó en Santo Domingo, El Quisco, Los Vilos, Lo Prado y Conchalí. La empresa Satco obtuvo el contrato- sin una licitación ni normas de supervisión- de la Municipalidad de Lampa, a partir de agosto del año 2000. Días después que Satco instalase sus fotorradares, el juez Uriarte se acogía a licencia médica por una grave dolencia, por lo que no le correspondió atender ninguna infracción por exceso de velocidad detectado por el nuevo operador del sistema. Ya es un hecho de la causa que las empresas que operaron esos fotorradares lo hicieron alterando esos aparatos, para que registrasen una velocidad mayor a la que eran conducidos los vehículos, de modo de lograr un alto número de infractores, quienes debían pagar una multa cercana a los $ 36.000, de los cuales las empresas obtenían un ingreso de $ 10.000. 3.-En marzo de 2001, el juez Uriarte se reincorpora a su cargo y encuentra una anómala situación con respecto al procedimiento para procesar los partes, y también por el crecido número de partes, ya que le llamó la atención que- en el mes de octubre del 2000- se alcanzó a la cifra de cerca de 16.000 infracciones, más de veinte veces del usual promedio mensual. El procedimiento trasgredía las normas legales, pues Satco obtenía los antecedentes sobre la patente del vehículo “infractor” en el Registro Civil, para luego confeccionar en sus oficinas la denuncia que enviaba por correo privado al domicilio del “infractor”. Pero lo más grave era que Satco o un empleado del Juzgado aparecía dictando sentencia sobre la supuesta infracción, porque todo ello correspondía ser realizado por el Juzgado de Policía Local. Ese procedimiento fue aceptado por el juez subrogante, señor René Escudero, como también que el pago de las multas fuese controlado por la Administradora Municipal de Lampa, señora Consuelo Escudero, su hija, por sugerencia del Alcalde, señor Carlos Escobar. El juez Uriarte pudo constatar que el nuevo procedimiento contemplaba un “sobresueldo” mensual de $80.000 que entregaba Satco a algunos funcionarios municipales y del juzgado, por la colaboración que prestaban a este ganancioso nuevo sistema. El juez Uriarte solicitó comparecer ante el Consejo Municipal de Lampa, para denunciar las irregularidades que se estaban cometiendo con las infracciones registradas por los fotorrradares, lo que obligó al Alcalde ordenar una investigación sumaria, la que se efectuó en pocos días, pero sin requerir la declaración del denunciante, para concluir que no existía “mérito para formular cargos contra algún funcionario municipal”. Los diputados señores Julio Ditborn y Darío Molina recibieron la información sobre lo que acontecía con los fotorradares en Lampa, y tomaron la iniciativa de presentar una denuncia en el Juzgado de Letras de Colina, para que investigase lo que ya tenía características de delitos; esta denuncia se filtró a los medios de prensa, concitando la atención pública y especialmente la de los conductores de vehículos motorizados. Como efecto inmediato surgió la imagen pública del juez Uriarte como un diligente funcionario judicial en la comuna de Lampa. El juez Uriarte ofició su denuncia a la Corte de Apelaciones de Santiago, la que designó al señor Lamberto Cisternas como Ministro Visitador, quien emitió su informe –en junio de 2001-señalando que “ que no aparece acreditado... ningún tipo de pagos indebidos por extraños a la administración municipal al personal que presta servicios en el Juzgado de Policía Local de Lampa”. Este magistrado no se preocupó de indagar más a fondo acerca de como operaba el sistema que accionaba la empresa Satco, por lo que neutralizaba al juez Uriarte y permitía que continuase el affair de los fotorradares por algunos meses más. Como consecuencia del impacto que había provocado en la opinión pública el asunto de los fotorradares avalado por otros denunciantes, el tema fue abordado por el Congreso Nacional, el cual lo investigó a escala nacional, citando a declarar a expertos en la materia. El juez Uriarte compareció para entregar valiosos e irrefutables antecedentes. Como resultado se obtuvo la dictación de dos leyes; la primera ordenaba la suspención del sistema operativo de los fotorradares por las empresas privadas, a partir de diciembre de 2001; la segunda ley, la número 19.676, entregaba nuevamente al Cuerpo de Carabineros de Chile el manejo de los fotorradares, y que el dinero recaudado por las infracciones se debía destinar al Fondo Común Municipal. A pesar de estos positivos resultados, no se contempló ninguna sanción contra quienes engañaron a miles de automovilistas extendiendo partes fraudulentos por exceso de velocidad. Lo insólito de este caso es que el juez Uriarte comenzó a ser objeto de una sistemática campaña en su contra en los tribunales de justicia, además de recibir amenazas de muerte para él y su hijo Benjamín, alumno del Colegio Verbo Divino de Las Condes. Durante varios meses este juez contrató a tres guardaespaldas, uno de ellos para proteger a su hijo para ir al colegio y regresar a casa. El Alcalde y Administradora Municipal de Lampa interpusieron querellas criminales por supuestas injurias vertidas por el juez Uriarte; al no prosperar esas querellas, el Alcalde procedió acusar al juez ante la Corte de Apelaciones, la Comisión de Etica del Poder Judicial y la Corte Suprema , aduciendo haber cometido faltas en el desempeño de su cargo, una de ellas por “haber tramitado irregularmente exhortos y no haber cumplido las sentencias de los juzgados exhortados”. La Corte de Apelaciones vuelve a designar al Ministro Cisternas para la investigación sumaria; de este modo se inicia un prolongado proceso, al cual el juez Uriarte se defiende por medio de dos extensos documentos; uno de ellos es de antología, pues despeja con sarcasmos los quince cargos en su contra, pero también envía una dura nota al Ministro Cisternas, criticando su sesgada actuación. Este magistrado determinó, en primera instancia, suspender al juez Uriarte de sus funciones, a partir de agosto de 2002, y “abrir cuaderno de remoción”. Finalmente, en diciembre de 2002, la Corte deApelaciones de Santiago acuerda proceder a la remoción del juez Uriarte y comunica la decisión al Presidente de la República, a la Municipalidad de Lampa y la Corte Suprema. Ante tan drástica resolución, el juez Uriarte hizo llegar su renuncia a la Corte Suprema, sobre la cual no obtuvo respuesta; él ha expresado a su familia y cercanas amistades que no desea saber más sobre este bochornoso asunto. Por experiencia los chilenos sabemos que denunciar verificables irregularidades o delitos cometidos por la autoridad o tolerados por el sistema económico y político que nos rige, ocasiona serias consecuencias para quien se atreve dar a conocer esos hechos. El caso aquí expuesto constituye un ejemplo de lo expresado. El señor Francisco Javier Uriarte fue juez de Policía Local durante 28 años, y fue siempre calificado como de excelente desempeño, pero tuvo el coraje de cuestionar a varias autoridades y el sistema; pese al castigo recibido, este ciudadano nos dio un ejemplo de cómo debe ser un juez, probo y honorable. • Sociólogo, ex-Académico de la Universidad de Chile. • Miembro de la Agrupación “ Defendamos la Ciudad”-