Defendamos la ciudad

En “Diálogos de Café” de la edición pasada, a raíz de los malos resultados de la lucha contra la contaminación atmosférica, se echó de menos el antiguo PPDA y sus ciento y tantas medidas, las cuales fueron eliminadas de cuajo en Enero de 2004, por las presiones de las asociaciones empresariales que mandan en Chile. La desinformada opinión pública no se percató de nada porque los medios masivos la tienen sometida a las despampanantes rubias de la farándula y sus agudos acompañantes de turno, hetero u homosexuales. El senador Alejandro Navarro explicó que para disminuir la concentración de contaminantes se debería limitar el parque de automóviles en Santiago, dado que sus emisiones tóxicas son las que más influyen en ese cuadro, sobre todo debido a que las medidas estructurales de prevención ya no existen. Las cifras oficiales dicen que el transporte produce el 56% del material particulado y un estudio de la Organización Panamericana de la Salud estableció que esta megalópolis es la capital con peor calidad del aire en Latinoamérica : por lo menos tenemos un récord. A pesar de los esfuerzos desplegados desde hace muchos años por el médico Andrei Tchernitchin, especialista a nivel mundial en la materia, los gobiernos de turno se niegan sistemáticamente a medir el material particulado fino proveniente de las industrias : es un elemento cancerígeno que ocasiona la muerte a través del tiempo. Todos los estudios independientes que se han hecho para evaluar los resultados del Plan de Descontaminación han sido lapidarios y los únicos de hablan de sus presuntos éxitos son los obsecuentes funcionarios de la Conama, quienes se han transformado por las fuerza de los hechos en simples marionetas de los depredadores. En la legislación vigente existe el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), al cual se someten casi todas las actividades productivas que generan deterioros en los ecosistemas y en su artículo 4º se dice que “Es deber del Estado facilitar la participación ciudadana” en su aplicación. A pesar de ello y como las fórmulas contempladas en el SEIA son los “Estudios” y las “Declaraciones” el propio legislador violó ese artículo 4º porque sólo los primeros consideran la participación ciudadana, con el agravante de que la inmensa mayoría de los proyectos ingresan al Sistema vía burlescas “Declaraciones”, las que no sirven absolutamente de nada. Se hacen sólo para cumplir la formalidad legal. El Minvu y El MOP son los organismos públicos que han liderado las trampas para que los megaproyectos inmobiliarios y las autopistas urbanas, entre otros, no se evalúen de acuerdo a la letra y el espíritu de la ley. Ello sucede porque consideran que los procesos democráticos de efectiva participación ciudadana en los respectivos “Estudios” encarecen los proyectos. Siempre hemos escuchado de parte de los distintos ministros la frase “el que contamina paga”: la repiten como loros, pero sus deseos invariablemente han sido evitarles a los inversionistas las medidas de mitigación y otras a favor de las indefensas comunidades. Michelle Bachelet se ha comprometido con el desarrollo sustentable y en esta línea habrá una efectiva fiscalización y una autoridad de rango ministerial. Ojalá que las modificaciones ad portas produzcan los resultados esperados. Lo anterior será posible si La Moneda asume con responsabilidad su rol conductor, en donde las políticas públicas tengan como norte el bien común y con Bachelet ello será realidad. Por lo relatado se justifica el nombre de esta columna.