Defendamos la ciudad

Columna de Patricio Herman, publicada en La Nación, 27 de enero de 2006. Hasta ahora no hemos recibido respuesta del Instituto Libertad o el Instituto Libertad y Desarrollo. Avalan el proceder en Las Condes y sus discursos anticorrupción son saludos a la bandera. Patricio Herman P. Agrupación Defendamos la Ciudad Desde hace mucho tiempo, se han publicado noticias sobre lo que está aconteciendo con un edificio recién terminado en la comuna de Las Condes. Este se construyó al margen de la ley, según lo determinado por la Seremi de Vivienda y Urbanismo y por la propia Corte Suprema de Justicia, que confirmó su proceder. El 21 de diciembre de 2004 la Dirección de Obras de Las Condes otorgó “equivocadamente” un permiso para construir un edificio de 14 departamentos y, pese a que todos los organismos relacionados sabían de la irregularidad, en forma sorprendente el 29 de diciembre pasado esta dependencia municipal le otorgó la “recepción final”, configurándose así una situación que no resiste análisis, más aún si en días posteriores se “aclaró” que los departamentos recibidos eran 20 (sic). Ante este hecho inexplicable, el lunes 9 de enero, con el arquitecto Héctor Arroyo, le enviamos una carta a María Luisa Brahm y a Cristián Larroulet, directores ejecutivos del Instituto Libertad y del Instituto Libertad y Desarrollo, respectivamente, instándolos a que intervengan ante el díscolo alcalde en los siguientes términos. “Asunto: Francisco de la Maza, alcalde de la Municipalidad de Las Condes, no respeta fallo de la Corte Suprema al no ejercer las atribuciones contempladas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. “Nuestra agrupación ciudadana, ante estos hechos irregulares, se siente en la obligación de dirigirse a los centros de estudio vinculados, respectivamente, a Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI) para expresarles que la Municipalidad de Las Condes, administrada por un dirigente político de renombre, está entregando una contradictoria señal a los agentes del mercado inmobiliario y muestra su desprecio por nuestro Estado de Derecho, al no aplicar las atribuciones que le entregan los artículos 81º y 148º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones para el caso de este edificio ilegal, construido en calle Carmencita Nº 262, en esa comuna del sector oriente de Santiago: ese edificio se debió haber demolido. “Lo anterior es preocupante, porque el alcalde De la Maza formó parte del comité político de la candidatura presidencial de Sebastián Piñera e integró el respetado grupo de samurais de Joaquín Lavín -entendiendo que todos conocemos el significado de ese vocablo de la antigua cultura japonesa-; es decir, estamos hablando de un personaje público aquilatado como probo ante la opinión pública y que, en un eventual Gobierno, podría haber tenido altas responsabilidades en la estructura del Estado. “Entendiendo que sus distinguidos think tanks, que han criticado con fuerza las malas prácticas y la falta de transparencia en diversos ministerios y servicios públicos de la actual administración, como en la columna “Freno a la corrupción” (“La Tercera”, 08/01/2005), asumirán, en esta ocasión, las responsabilidades de rigor conducentes a que en esa municipalidad, dirigida por un representante de la centroderecha, se respete la institucionalidad vigente, tanto más porque se trata de una comuna cuyos habitantes poseen el más alto nivel de educación del país. “Hay que tener en cuenta que dicho alcalde, los concejales y la Dirección de Obras sabían de la improcedencia del permiso de edificación (21/12/04) desde antes que se otorgara y, por ello, la autoridad técnica les negó a los vecinos la información que solicitaban. A raíz de esta falta de servicio fue necesario denunciar el caso en la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, instancia de mayor jerarquía que confirmó la invalidez del permiso: a pesar de esto, no se decretó la paralización de faenas. “Esta impresentable situación se dio a conocer documentadamente en días recientes a Carlos Alarcón (RN), ex alcalde de Peñalolén, en su condición de actual jefe de Inspección de la Municipalidad de Las Condes, con motivo de la recepción final de las obras ilegales, la que, aunque no lo crean, se materializó el 29 de Diciembre de 2005. En el caso que hemos dado a conocer, el privado beneficiado ha obtenido una gran ganancia económica ilegítima, porque construyó un edificio en un sitio donde sólo podía construir una vivienda unifamiliar. “En la seguridad de que sus institutos predican con el ejemplo y que, por lo tanto, no debieran amparar este tipo de comportamiento en su propio sector político, les hacemos saber que nos ponemos a sus órdenes para tratar la materia con sus especialistas o ustedes mismos, con la superior idea de que ‘las instituciones funcionen’ en Las Condes. Ustedes y sus parlamentarios han ejercido una eficaz fiscalización en el aparato público del Presidente Lagos, la que ha sido profusamente pregonada por la prensa. Ahora les toca hacer lo mismo en casa”. A la fecha no hemos recibido respuesta de parte de esos centros de estudio, lo que quiere decir que estas formas de proceder en Las Condes las avalan y que sus sesudos discursos anticorrupción son sólo saludos a la bandera. Concluimos, por tanto, que el doble estándar es la lógica de aquel sector político que quería acceder a La Moneda. Ante lo reseñado y para dar ejemplo de probidad, gobernabilidad y liderazgo, el Minvu, en base a sus atribuciones legales, debe actuar con celeridad y resolución para que las “instituciones funcionen”