Defendamos la ciudad

por Patricio Herman, publicada en El Mostrador, 26 de enero de 2006. El sábado 21 de enero pasado se publicó en El Mercurio una osada carta firmada por el abogado Vicente Domínguez titulada “Rol de la Contraloría”, en la cual reprueba el quehacer del órgano de control porque dictaminó en contra de sus propios intereses con ocasión de un permiso de subdivisión predial y permiso de anteproyecto fuera de normas, otorgados por la Municipalidad de Viña del Mar con el aval de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la V Región. En dicha carta el autor olvidó mencionar su directa relación con los particulares afectados por la decisión de la Contraloría. En efecto, Domínguez, que fue presidente del Comité Asesor del Ministro de Vivienda y Urbanismo, cuando Alberto Etchegaray se desempeñó en ese cargo bajo el gobierno de Patricio Aylwin, era el impulsor del cambio de localización de un colegio privado en esa región y como conocemos todos los antecedentes, el mismo día sábado enviamos a ese diario la aclaración que se lee enseguida: “Tenemos la obligación de comentar la carta "Rol de la Contraloría" del señor Vicente Domínguez V. publicada hoy sábado, en donde las emprende en contra del ente fiscalizador porque el 11 de Enero pasado emitió su dictamen Nº 1482, considerado "notable" porque -en sus palabras- "los autores de la política urbana, ya no son el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ni los municipios en sus comunas, sino la Contraloría General de la República". El señor Domínguez entrega una serie de datos sobre un caso en particular referido a terrenos áreas verdes, estableciendo que la Contraloría está equivocada en su análisis jurídico de los hechos. Ahora bien y para que los lectores de El Mercurio conozcan otra visión de lo acontecido, nos permitimos complementar la información publicada, ya que no se entregaron elementos específicos del caso. El Colegio de los Padres Franceses (SSCC) tenía la intención de fusionar sus instalaciones de Valparaíso y Viña del Mar, emplazadas ambas en terrenos urbanos y mudarse a los terrenos tipificados como áreas verdes del Valparaíso Sporting Club S.A. de la ciudad jardín. Recordemos que los propietarios de áreas verdes no pagan contribuciones de bienes raíces y como en estos terrenos se pueden desarrollar sólo ciertas y acotadas actividades constructivas no se transan en el mercado inmobiliario: las construcciones habitacionales y educativas no están permitidas, hecho conocido por todos quienes se desenvuelven en este ámbito de negocios. Dicho colegio iba a comprarle al Sporting 11 de las 120 hectáreas protegidas, justamente por ser áreas verdes, por el Plan Intercomunal de Valparaíso y por el Plan Regulador Comunal de Viña del Mar. El problema se originó porque el Director de Obras respectivo y el Seremi sectorial de la V Región consintieron en interpretar de manera muy permisiva la regulación urbana porque -debemos suponer- consideraron que ayudar a ese colegio sin fines de lucro era una obra de bien social. En el sector oriente de Santiago ha estado sucediendo lo mismo desde hace muchos años, pero afortunadamente para los equilibrios de la ciudad, en el último tiempo esas irregularidades se han detectado. Varios interesados han tomado una serie de iniciativas comerciales para ocupar áreas verdes en proyectos de construcción, cuyo gran mérito es la absorción de mano de obra, pero, gracias al control ciudadano no se han podido materializar. La Contraloría, que ha recibido las denuncias, ha sido inflexible en aplicar la ley en su esencia y en su letra, sin escuchar las "atendibles razones" que habitualmente hacen valer todos aquellos que prefieren construir en terrenos no aptos. "Los precios de los terrenos están determinados por una serie de variables y fundamentalmente por las normas de edificación que los instrumentos normativos comunales les entregan. Las áreas verdes no están en el libre juego de la oferta y demanda”. Nuestro deber cívico de transparencia fue infructuoso, ya que la carta-respuesta, por falta de espacio, porque se le consideró irrelevante o inoportuna, no fue publicada en ese influyente medio periodístico, con lo cual sus lectores se quedaron con la sensación de que la Contraloría es discrecional y no sabe ejercer su función. Muchos tienen que haber creído que sus funcionarios carecen de la información técnica que sí conocen los “servidores” públicos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y de la Municipalidad de Viña del Mar. Luego, el propósito de la diatriba de Domínguez, era desinformar a quienes leen El Mercurio, hecho que finalmente su autor logró. Nosotros, a través de El Mostrador.cl, hemos puntualizado la situación para que la opinión pública conozca todos los antecedentes y al mismo tiempo reconocemos la labor que está desempeñando en aquella ciudad el Comité Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, institución de la sociedad civil que denunció en la Contraloría esa violación al marco regulatorio. El asunto de fondo es que el lucro es legítimo cuando se enmarca en la ley y en el caso que nos preocupa, está claro que el colegio de los SSCC (comprador) y el Sporting (vendedor) deseaban, con la transacción comercial del área verde, obtener un mutuo beneficio económico a través de una argucia interpretativa que no fue aceptada por la Contraloría. Lo penoso es que el sector público sectorial había “aprobado” los acomodaticios argumentos de los anteriores para violar el marco regulatorio. Siendo majaderos, repetimos lo que hemos dicho hasta el cansancio, en orden a que la economía de libre mercado funciona bien, en la medida que los actores productivos se ciñan escrupulosamente a las reglas vigentes, cosa que hoy en día no sucede por la obsecuencia de muchos agentes del sector público quienes han optado por desempeñarse como “ayudistas” de aquellos privados que imponen sus buenos contactos para lograr mayores utilidades en sus negocios. Como estas situaciones irregulares son recurrentes, esperamos que la Presidenta electa Michelle Bachelet, ordene una reingeniería mayor al interior del Minvu y con la idea de detener los crecientes ímpetus imaginativos de algunos, instruya a Hacienda para que se le asigne a la Contraloría el presupuesto necesario para que pueda ejercer su labor de fiscalización con una planta de personal adecuada. Debemos tener presente que este órgano del Estado es el último bastión de probidad que tiene nuestro país y potenciar su labor es indispensable para que la nación avance con apego a las leyes en el camino del desarrollo. __________________________________________________ Patricio Herman P./Agrupación “Defendamos la Ciudad”.