Defendamos la ciudad

Columna de Patricio Herman, publicada en El Periodista, 20 de enero de 2006 Nuevamente la Contraloría General de la República impide una violación a los marcos regulatorios urbanos, ahora en la V Región, gracias a la denuncia formulada a ella por el Comité Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar En efecto, el colegio de la Congregación de los Padres Franceses (SSCC) deseaba fusionar sus sedes de Viña del Mar y Valparaíso y trasladar todas sus instalaciones educacionales a un paraje situado en el predio que posee el Sporting Club en la ciudad jardín. Incluso, ambos directorios ya habían llegado a un acuerdo comercial por 11 hectáreas verdes de las 120 que posee ese club hípico en la ciudad jardín. Ese tipo de edificación es incompatible con el uso de suelo de las áreas verdes. En esta tribuna hemos dado a conocer infinidad de situaciones irregulares en el ámbito de la construcción en Santiago y en el caso que estamos relatando, la Contraloría detectó violaciones al Plan Intercomunal de Valparaíso, Plan Regulador Comunal de Víña del Mar, Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Para que se posibilitara el negocio entre el colegio y el Sporting, las personas investidas de autoridad, muy “despiertas” en sus quehaceres funcionarios, inventaron una serie de interpretaciones “legales” para que no se aplicara la protección que tienen las áreas verdes en los instrumentos normativos. Con algunas variantes, se utilizó la misma argucia interpretativa de quienes quisieron modificar el uso de suelo de las áreas verdes del Estadio Santa Rosa de Las Condes y de tantas otras situaciones acaecidas en Santiago, iniciativas comerciales que han quedado truncas por la intervención a tiempo de la Contraloría. En los casos del Sporting y de Santa Rosa, los “flexibles” funcionarios públicos aplicaron “a sus pintas” el artículo 2.1.31. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones que permite modificar el uso de suelo de las áreas verdes no materializadas y que, aún estando aquellas materializadas, consintieron para que los privados que tienen su dominio ejecutaran instalaciones no permitidas. En el lenguaje que utilizan los pícaros a eso se le llama evitar “trabas burocráticas”. Volviendo al Sporting, el ente fiscalizador, después de un largo período de investigaciones, emitió su dictamen Nº 1477 del 11 de Enero de 2006, mediante el cual invalidó todos los actos administrativos de la Dirección de Obras de Viña del Mar y de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la V Región que originaron los permisos de subdivisiones prediales y de anteproyecto de edificación. Si Chile fuera un país normal, a los dirigentes de esa organización ciudadana que hizo prevalecer la ley en Viña del Mar, su alcaldesa y el propio intendente, deberían otorgarles un Premio, ya que, con voluntad, conocimiento y ad honorem, hicieron lo correcto. Nos molestan sobremanera estos acomodos público-privado porque cada violación no detectada a los planes reguladores urbanos generan cuantiosas ganancias a unos pocos bien informados y mejor contactados, pero a la vez producen perjuicios sociales que se notan poco, pero que -con sus recurrencias- degradan la ciudad. Con el afán de que los lectores saquen cálculos elementales con ocasión de este excelente negocio frustrado por la Contraloría, de acuerdo al último balance del Sporting Club de Viña del Mar, el avalúo fiscal de su gran predio de 120 hectáreas es de 60 millones de pesos, es decir, lo mismo que vale un DFL2 de 80 m2. Luego, por su terreno área verde, tal elegante club prácticamente no paga contribuciones de bienes raíces, recordando que las 11 hectáreas que estaba vendiendo a los curitas se transarían en más de 500 millones de pesos si no existiese la “molesta” Contraloría. Ahora que tenemos una flamante y nueva presidenta de la República, esperamos de ella que imparta las instrucciones de rigor para terminar con estas diabluras que tanto mal le hacen a nuestro país.