Defendamos la ciudad

Columna de Patricio Herman, publicado en El Periodista, 12 de noviembre de 2005. Tuvimos la ocasión de asistir a las “Primeras Jornadas de Derecho Inmobiliario y Urbanístico”, encuentro que se llevó a cabo entre el 25 y 26 de Octubre pasado en la Casa Central de la Universidad Católica de Chile. Fue organizado por la Facultad de Derecho de esa universidad y financiando por las más importantes empresas inmobiliarias del país. En la presentación del programa se decía que nadie puede discutir la importancia de la actividad inmobiliaria en la economía nacional y que cada vez son más frecuentes los conflictos generados por el desarrollo de estos proyectos, algunos motivados por la emergencia de los temas ambientales y otros por la creciente participación y protagonismo de la ciudadanía. Es decir, según los organizadores del seminario, los conflictos derivan de la aplicación de la legislación ambiental y porque los ciudadanos están asumiendo sus responsabilidades en defensa de sus legítimos derechos urbanos. Está claro que esa es una visión sesgada de los hechos porque nos consta que el sector inmobiliario, a través de sus lobbistas, algunos enquistados en la estructura del Estado, logró que el gobierno pasado modificara el reglamento de la Ley Nº 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente para que los proyectos inmobiliarios que se debían someter al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental no lo hicieran : sólo ingresan al Sistema los proyectos que se ejecutan en superficies superiores a 7 hectáreas, aquellos que contemplan más de 300 viviendas y los edificios que tengan 1.000 estacionamientos. Es decir, prácticamente ningún proyecto es evaluado ambientalmente porque los grandes se dividen de tal forma que no alcancen las 300 unidades y los edificios muy voluminosos contemplan 999 estacionamientos. La gran mayoría de los expositores plantearon críticas a la legislación actual basada en la zonificación y propusieron la implementación de políticas urbanas sustentadas en el libre mercado absoluto porque así se aprovechan mejor los recursos disponibles. Esos profesionales manifestaron que había que terminar con los límites urbanos porque con su vigencia se encarece el precio del suelo. Plantearon que lo más conveniente para el país es que se puedan construir viviendas en las zonas agrícolas y que se debía terminar con los “lomos de toro” y “trabas burocráticas” al crecimiento. Algunos más exaltados señalaron que se iban a ir a invertir sus cuantiosos capitales a otros países más receptivos. Ciertos distinguidos académicos propusieron la modernísima doctrina llamada “intangibilidad de los permisos de edificación”, legales o viciados, con la idea de resguardar el sacrosanto derecho de propiedad individual a la luz de los contundentes dictámenes de la Contraloría General de la República que han dejado sin efectos algunos permisos.En la hora del debate se le retrucó a esos profesores universitarios que si Chile fuera como Finlandia, Dinamarca o cualquiera de esos países en donde existe probidad, sería razonable pensar en esa proposición. Se les manifestó que en Chile, por el exceso de manejo asimétrico de la información y por las redes de contactos público-privado para hacer trampas, ello no era posible. En todo caso reconocemos el excelente nivel del seminario y destacamos que no todos los charlistas provenían del sector interesado, con lo cual se pudo comparar las distintas posiciones. En lo que respecta a los permisos de edificación y dada nuestra experiencia, hemos quedado tranquilos, ya que está claro que tales actos administrativos solo gozan de una presunción de legalidad y que por ende son impugnables, tal como está normado en la Ley Nº 19.880 de Mayo de 2003 que habla del Procedimiento Administrativo. El seminario fue beneficioso porque así conocimos las motivaciones y “directrices” del sector inmobiliario a quien le decimos a través de El Periodista que lo más sano para ellos es la autorregulación y ceñirse de buena fe a las normas vigentes con el propósito de que su actividad ayude a mejorar la ciudad y reducir las brechas socio-económicas.