Defendamos la ciudad

Carta de Patricio Herman, publicada en La Nación, 13 de septiembre de 2005. La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) dice en su artículo 1.1.3 que las solicitudes de aprobaciones o permisos presentadas ante las direcciones de Obras Municipales serán evaluadas conforme con las normas vigentes en la fecha de su ingreso, lo cual nos parece de toda lógica. Pero para evitar interpretaciones discrecionales y/o permisivas de parte de las autoridades locales, el legislador estableció en el artículo 1.4.11 de esta regulación que los anteproyectos aprobados mantendrán su vigencia respecto de las normas urbanísticas consideradas en ellos y con las que se hubieren aprobado, para los efectos de obtener los permisos correspondientes, durante el plazo de 180 días, salvo que los anteproyectos consideren una superficie de 5 hectáreas o que la edificación sea superior a los 10 mil metros cuadrados, en cuyo caso el plazo es de un año. Lo anterior es determinante y está en línea con el sentido común, porque los planos reguladores comunales sufren variaciones en el tiempo y lo que se desea es que las nuevas construcciones se ciñan a las normas modificadas por las autoridades. Ahora bien, en la actualidad se están presentando problemas en algunos municipios de la zona oriente de la Región Metropolitana, porque sus autoridades creen que los permisos de anteproyectos son perpetuos y por tal razón no se aplica la caducidad señalada expresamente en la OGUC. Conocemos varios casos de permisos de edificación en comunas donde se han hecho más restrictivas las normas, cuyas aprobaciones contienen las características de anteproyectos caducados, lo cual debe entenderse como un comportamiento dadivoso por parte de las direcciones de Obras Municipales para favorecer la rentabilidad privada de algunas inmobiliarias. Entendemos lo anterior como un cierto proceder obsecuente de quien aprueba esos permisos. Sin embargo, esa conducta liviana e irregular está siendo validada por la Seremi del Vivienda, que tiene la tuición técnica de los directores de obras, lo que viola los derechos urbanos de los vecinos de cada una de las distintas comunas en donde el precio del metro cuadrado del suelo es muy alto. Esperamos que la ministra tome cartas en el asunto e instruya a sus trece seremis para que por una circular a todas las direcciones de Obras Municipales, conminen a aplicar la normativa vigente. No es mucho pedir en un país en donde -se repite- las instituciones funcionan. Santiago