Defendamos la ciudad

Patricio Herman P. Agrupación “Defendamos la Ciudad”, publicada en El Periodista, 2 de septiembre de 2005. En una columna anterior hablamos sobre la cultura del secretismo imperante en Chile y como ejemplo denunciamos lo que acontecía en la Municipalidad de Santiago con ocasión de la publicación -cuando Lavín ejercía como alcalde- del Reglamento Nº 205 que estableció el secreto para una serie de actos y documentos, los que por su naturaleza, son de pleno conocimiento público. Decíamos que le habíamos pedido al nuevo alcalde que derogara ese inicuo reglamento municipal. Y pensar que ese segundón candidato presidencial habla en sus campañas a favor de la transparencia, lo que nos indica con claridad el doble standard de los políticos ávidos de acceder al poder. También criticamos al gobierno de la Concertación por mal utilizar un resquicio que significó sustraer del conocimiento de la ciudadanía infinidad de materias de diversos servicios públicos, hecho que fue analizado por la Contraloría General de la República, la que instruyó a la autoridad ejecutiva en orden a que tenía que superar esa brutal ilegalidad. Ahora bien, mediante carta Nº 1136 del 8 de agosto pasado el alcalde de Santiago, Raúl Alcaíno, respondió nuestra interpelación por mantener el secreto aludido en el primer párrafo, manifestándonos que “luego del análisis respectivo y considerando lo dispuesto en el inciso segundo del Artículo 98º de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, modificado por el Artículo 5º, número 13, de la Ley Nº 20.033, en el sentido de que la información y documentos municipales son públicos, se consideró que produjo la derogación tácita del Reglamento Municipal Nº 205, sobre Actos y Documentos Declarados Secretos o Reservados, de fecha 25 de febrero de 2004. Sin perjuicio de lo anterior se procederá a derogar explícitamente el Reglamento aludido”. Es decir, aunque tarde, el alcalde Alcaíno se ciñó a la legalidad. Por otro lado, vía ORD (DJ) Nº 914 del 2 de agosto de 2005, suscrito por Eduardo Dockendorff, ministro Secretario General de la Presidencia, les comunicó a todos los ministerios, subsecretarías e intendencias cuales son las orientaciones en materia de transparencia y publicidad de los actos de la Administración, ya que con el secretismo no es la mejor manera de gobernar. Con esta instrucción y con la buena noticia que leerá más adelante, estamos en condiciones de afirmar que ahora en Chile existe el pleno acceso a la información, lo cual nos deja bien parados como país moderno y democrático. Por eso titulamos esta columna como “más vale tarde que nunca”. En la edición del Diario Oficial del 26 de agosto pasado se publicó la ley Nº 20.050, que contiene las reformas constitucionales recientemente aprobadas, una de las cuales elimina la facultad de los funcionarios públicos autoritarios para declarar, vía meros reglamentos, como secretos los actos y documentos públicos. En efecto, una de las reformas aprobadas incorpora un nuevo artículo 8º, que señala que: "El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”.