Defendamos la ciudad

Columna de Patricio Herman, de la Agrupación Defendamos la Ciudad, 25 de julio de 2005. Publicada en El Mostrador.cl El 12 de abril de 2004 nos dirigimos por escrito a Marcelo Trivelli, intendente y presidente de la Corema en ese entonces, porque se nos había informado que aquella dependencia pública colegiada, cual obsecuente caja buzón, el 1º de abril de 2004 había calificado favorablemente la “Declaración de Impacto Ambiental” del proyecto que buscaba modificar el Plan Regulador Metropolitano de Santiago con el propósito de desafectar el área envolvente del Reactor Nuclear de La Reina, situado en el territorio jurisdiccional de Las Condes. Querían cambiar el uso de suelo de 50 hectáreas para permitir edificar conjuntos habitacionales de cierto nivel, generando altas plusvalías territoriales al privado dueño de la zona y en un reducido sector de 3 hectáreas, construir viviendas básicas para pobladores de escasos recursos. Este cambio significaba riesgos para la salud de la población y efectos adversos para la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, razón que obligaba al titular del proyecto a ingresarlo al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) vía “Estudio”, hecho de conocimiento general, pero que todos le hacen el quite: se prefieren las “Declaraciones”, por lo sumamente simplificadas que son. Ya que aquél locuaz hombre público no nos respondió, tuvimos que recurrir ante la Contraloría General de la República denunciando todas las irregularidades contenidas en ese acto administrativo de la Corema. En paralelo, publicamos el 16 de abril de 2004 en El Mostrador.cl, nuestra columna “Segregación socio-espacial”, en donde criticamos el descaro de las autoridades para violar el marco regulatorio ambiental. Acto seguido e ignorando olímpicamente las prevenciones que hacíamos en resguardo de nuestra institucionalidad, el Gobierno Regional (CORE), aprobó la Resolución Nº 72 del 20 de junio de 2004, reduciendo el radio de protección del sector respectivo. Es decir, la Municipalidad de Las Condes y la Corema, quisieron “hacer las cosas fáciles”, como es habitual en Chile, y se encontraron posteriormente con la sorpresa de que la Contraloría, vía dictamen Nº 42645 del 20 de agosto de 2004, rechazó de plano ambas aprobaciones, informando en detalle todos los “errores” contenidos en ellas. En lugar de ceñirse al dictamen del ente fiscalizador y hacer las cosas bien, el díscolo CORE en sesión Nº 42 del 1º de diciembre de 2004, reingresó a la Contraloría dicha modificación prácticamente con las mismas “equivocaciones” y con actos de incalificable arrogancia, tratando de dictarle cátedra a la Contraloría, en cuanto a cómo se deben interpretar las normas jurídicas. El 22 de diciembre de 2004, con el consejero regional Pedro Saítz, presentamos una nueva reclamación a la Contraloría haciéndole notar que dicho CORE nuevamente había actuado al margen de la ley. El 15 de febrero de 2005, vía dictamen Nº 7944, una vez más la Contraloría, deja sin efecto la Resolución del CORE, porque -entre otros motivos- contravenía la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en lo que respecta a un invento de una zona habitacional mixta, clasificación inexistente en el instrumento normativo comunal y a una alteración del trazado y emplazamiento de una vía determinada. En esa ocasión la Contraloría rechaza también una imprudencia expresada por la CONAMA cuando ésta, suelta de cuerpo, sostiene que “no le corresponde a la Contraloría General de la República dictaminar si el proyecto debe ingresar como “Estudio de Impacto Ambiental”, por ser una materia de mérito técnico radicada en la CONAMA o COREMA, según corresponda (sic). Ante tal exabrupto, la Contraloría fríamente le contesta que ella “ha ejercido sus facultades propias y exclusivas de control de juridicidad de los actos administrativos, conforme lo prevén los artículos 87º y 88º de la Carta Fundamental y la ley 10.336, Orgánica Constitucional de esta Entidad Fiscalizadora”. Transcurrió el tiempo, nos reunimos con los miembros de la Comisión de Urbanismo del CORE, en donde analizamos la situación desde el punto de vista de la segregación social impulsada por el municipio y avalada por el gobierno, como también la conveniencia de que esa instancia regional se enmarque en las reglas del juego. Se les mostraron fotografías de otras instalaciones nucleares en diferentes países, en las cuales se apreciaban las abundantes áreas verdes materializadas que envolvían en amplias superficies esos reactores. Pero, en días posteriores, nos encontramos con el asombro de que en la sesión Nº 23 del 6 de julio de 2005 de ese CORE se había aprobado la reducción del perímetro de protección del Reactor Nuclear de La Reina, sin el “Estudio de Impacto Ambiental” que ordena la ley. Es decir, lisa y llanamente esa instancia administrativa resolvió rebelarse y situarse en contra del Estado de Derecho. Qué dirá el presidente Lagos, cuando conozca esa desobediente actuación pública que pone en entredicho su recurrente frase en orden a que “en Chile las instituciones funcionan”? A la luz de lo acontecido, una vez más, ahora en conjunto con el diputado Accorsi, quien por su calidad de médico conoce los efectos de las radiaciones, presentamos los antecedentes de rigor en la Contraloría, para que, por tercera vez, rechace la modificación en cuestión. Los motivos son los que hemos señalado en este pormenorizado recuento. Como corolario podemos afirmar que, si las cosas se hubieran hecho bien desde el principio, hoy en día posiblemente el “Estudio de Impacto Ambiental”, con las correspondientes observaciones de la comunidad y adoptándose las medidas de mitigaciones y compensaciones que asegurarían el correcto emplazamiento de los asentamientos humanos deseados, ya se habría autorizado y la Contraloría ya habría visado la modificación territorial. Pero la autoridad optó por el trámite simplista que le significará volver “a fojas cero”, con el consiguiente mayor gasto en cientos de horas/hombre que finalmente pagan todos los contribuyentes. Es de esperar que en el próximo gobierno, con una institucionalidad ambiental más comprometida, las cosas de hagan bien desde el inicio para que todos salgamos gananciosos. Cuidar el medio ambiente es una obligación de todos y quienes tienen atribuciones para aplicar la ley no pueden continuar creyendo que estos asuntos son meros "trámites burocráticos". Patricio Herman P./Agrupación “Defendamos la Ciudad”.