18 Julio 2006
Contraloría ratificó ilegalidad en permisos de construcción en altura

Confirman irregularidades en edificios de Las Condes

En la comuna gobernada por la UDI se construyen altos edificios con permisos irregulares y se levantan lujosas torres pagando derechos como si se tratase de viviendas sociales. Unos piden detener obras y derrumbar pisos “excedentes”. Otros plantean indemnizar a los vecinos. Como sea, dicen, “esto no se queda así”.

Por Antonio Valencia El cerco se va cerrando. Y lo que parecía, en boca del alcalde UDI Francisco de la Maza, una denuncia de esas que “siempre caen en saco roto” -dardo dirigido a la agrupación Defendamos la Ciudad-, va cada día tomando más cuerpo. A través del dictamen Nº 32.357 del 11 de julio, la Contraloría General de la República confirmó la ilegalidad de 19 permisos de edificación en altura en Las Condes. En pocas palabras, las inmobiliarias ya levantaron sus torres o bien están construyendo edificios de hasta 31 pisos cuando el plan regulador, modificado en 2003, sólo permite un máximo de quince. Y lo consiguieron a través de “artimañas” -dice el abogado de Defendamos la Ciudad, Tomás Fabres-, que permitieron a las constructoras maximizar el uso de los terrenos. O sea, un negocio redondo “favorecido por la venia municipal”. Defendamos la Ciudad viene denunciando hace meses las anomalías, hechos que desde el sillón edilicio fueron siendo reconocidos al punto de comprometerse a estudiar “caso a caso” los permisos. Pero ante el espaldarazo del organismo fiscalizador del Estado, son varios los caminos que pueden seguirse. Patricio Herman, vocero de Defendamos la Ciudad, y el abogado Fabres opinan que los permisos deben invalidarse, lo que implica la paralización de obras en construcción, la demolición de los pisos “excedentes” para quedar sólo en quince -“que es lo que procede de acuerdo a derecho”, añade Fabres-, o bien que la comunidad sea indemnizada. “Se puede destinar el dinero para levantar parques y áreas verdes”, anota Herman. Ahora bien, quien tiene que indemnizar, precisa Fabres, es el municipio, sea a la comunidad afectada, o bien a la constructora que recibió un permiso para construir treinta pisos y ahora sólo puede quedarse con la mitad. Gato por liebre Desde la semana pasada otra denuncia viene rodando. Herman dice que ayer la hizo formalmente ante la Contraloría. ¿De qué se trata? Tal como lo resumió el concejal PPD Hugo Unda, habla de un buen número de edificios están pagando permisos de construcción del tipo B3, lo que técnicamente corresponde a viviendas sociales, cuando debieran cancelar como B1, es decir, de los más caros. Gato por liebre El abogado Fabres llevará el caso esta semana a tribunales. Eso, mientras el vecino Herman acaba de escribirle a una docena de diputados para advertirle que el Servicio de Impuestos Internos “no tiene atribuciones para fiscalizar a las Direcciones de Obras Municipales en lo que respecta a los cobros de derechos para obtener permisos de edificación. Se abusa de la clase B3 cuando los edificios de lujo son B1. Ello significa, por ejemplo, que los municipios dejan de percibir en un edificio de 20 mil metros cuadrados unos 33 millones de pesos”, dice. Pagos truchos El listado de 19 edificios con permisos irregulares es el misterio mejor guardado por el alcalde De la Maza. Un secreto que hasta la Contraloría, ley en mano, dice no poder revelar. Antes del dictamen del 11 de julio, Herman cuenta que solicitó la información a la municipalidad, a la Dirección de Obras y al propio alcalde. Su éxito fue nulo. “Nunca me pasaron nada”, señala. A lo más, expone, conoce de tres edificios. “Pero son 19”, advierte. “Después de la fiscalización y el informe de la Contraloría pedí de nuevo la información. Pero nada. Ahora acudiremos a tribunales por eso. En el dictamen, la Contraloría obliga a la municipalidad a entregar la información”, se convence Herman, quien piensa que la negativa del alcalde gremialista sólo confirma las sospechas. “¿A quién protege el alcalde?”, se pregunta Fabres. “No vamos a desmayar hasta saberlo todo. Creemos que se repiten los nombres de empresarios, profesionales y funcionarios municipales. Si es así –advierte Herman-, se configuraría el delito de asociación ilícita”. Al cierre de esta edición, el concejo municipal completaba dos horas informándose y debatiendo. En versión del concejal Unda, el alcalde De la Maza “no entregó los nombres de las empresas, dijo que las irregularidades en los permisos se limitaba a diez edificios pero que todo había sido hecho de buena fe, por lo que temo que no corrija nada, y que otros cuatro fueron rechazados, pero no sabemos si están construidos o construyéndose. En general –cierra Unda-, todo quedó en la misma nebulosa”.




Inicia sesión para enviar comentarios