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Pese a la ilegalidad del informe favorable de 2019, dado el tiempo transcurrido, la Contraloría ha señalado que ya no puede ser invalidado con el procedimiento del artículo 53° de la ley Nº 19.880, lo cual significa que, «por haber sonado la campana» estamos ante nuevos hechos ilegales consumados. Pero ahora entra al juego la Directora de Obras Municipales (DOM) de Pudahuel, funcionaria proba que en su condición de subrogante hace algunos meses inició los procedimientos de invalidación de los permisos de edificación que el DOM titular, suspendido, cursó a ambas empresas pese a estar en conocimiento que los aludidos informes favorables de la Seremi eran ilegales dado el dictamen de 2014.
La fundación Defendamos la Ciudad, en su condición de ente independiente sin fines de lucro y autónomo, desde hace muchos años se ha transformado en una especie de tábano que, sin medir las consecuencias, incomoda a los poderes políticos y económicos con fundadas denuncias a cara descubierta. Nuestras acciones se nutren generalmente de la información que nos entregan diferentes actores de la sociedad civil y profesionales competentes en materias de vivienda, urbanismo, medio ambiente, obras públicas, transportes y patrimonio histórico.
Debido a ese rol auto impuesto, se han desbaratado infinidad de proyectos comerciales que vulneraban las leyes y reglamentos relacionados y, por otro lado, se han dejado sin efecto diversos actos administrativos emanados de los gobiernos centrales y de los incontrolables municipios y por ello en este espacio aludimos al reciente oficio N° E424734/2023 del 06/12/2023 emitido por la Contraloría, respondiendo una denuncia que realizamos tiempo atrás. Allí se da cuenta de autorizaciones ilegales para implementar depósitos de vehículos nuevos en el área rural de la comuna de Pudahuel, específicamente en el sector ISAM-1 definido como tal en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) de 1994.
En su Informe Final Nº 403/2020 la Contraloría, luego de una extensa auditoría, determinó que no se ajustaban a derecho varios «informes favorables» que la SEREMI de la región Metropolitana de Santiago entregó alegremente en 2019 a empresas que llevaban años utilizando predios rurales ISAM-1 para almacenar vehículos nuevos. Se trataba de las empresas Transporte e Inversiones Schiappacasse y Kar Logistics (AGUNSA). Esas autorizaciones contravenían el dictamen N° 27.458 del año 2014, el que había establecido que esos proyectos no estaban permitidos según la normativa urbanística del PRMS (ver aquí).
Sin embargo, un grupo de astutos asesores desarrollaron un torcido argumento, con el cual convencieron a esa incauta SEREMI para que incumpliera dicho dictamen vinculante N° 27.458 del 17/04/2014 y las nuevas autoridades de tal SEREMI inventaron otro ardid para darle «certeza jurídica» a las empresas que se dedican al almacenaje de vehículos: utilizaron el dictamen reciente para no invalidar el informe favorable de 2019. Pero, para esos expertos en picardías, ese dictamen trata sobre otras materias, lo cual fue ratificado por la Contraloría.
Pero, pese a la ilegalidad del informe favorable de 2019, dado el tiempo transcurrido, la Contraloría ha señalado que ya no puede ser invalidado con el procedimiento del artículo 53° de la ley Nº 19.880, lo cual significa que, «por haber sonado la campana» estamos ante nuevos hechos ilegales consumados. Pero ahora entra al juego la Directora de Obras Municipales (DOM) de Pudahuel, funcionaria proba que en su condición de subrogante hace algunos meses inició los procedimientos de invalidación de los permisos de edificación que el DOM titular, suspendido, cursó a ambas empresas pese a estar en conocimiento que los aludidos informes favorables de la Seremi eran ilegales dado el dictamen de 2014.
Cabe mencionar que en el Informe Nº 403/2020 la Contraloría estableció que es la Dirección de Obras la única responsable de entregar permisos de edificación si las solicitudes cumplen la normativa aplicable y que incluso debe denegarlos pese a contar con un informe favorable de la SEREMI si dicho informe es irregular. Por esa razón, la DOM (S) con el apoyo del ex Director Jurídico inició varios procedimientos de invalidación y esperamos que prontamente los finalice, para así dar una clara muestra de honestidad municipal.
El dictamen de la Contraloría también señala que la DOM de Pudahuel “deberá, en lo sucesivo, dar estricto cumplimiento a las normas urbanísticas aplicables para cada sector en que se otorguen ese tipo de permisos”. Eso significa que en el área ISAM-1 no se permiten instalaciones tales como bodegas, centros logísticos o similares como se promociona en el mercado. Reiteramos que en la zona ISAM-1, además de permitir actividades agropecuarias e instalaciones de agroindustrias que procesen productos frescos, se contempla el uso potencial de extracción de minerales no metálicos aplicables a la construcción: arcillas y puzolanas o pomacitas, explotados conforme a un Plan de Recuperación de Suelo que posibilite su uso posterior en actividades permitidas para el sector.
Aparte de lo anterior, hay un caso que está en desarrollo en Pudahuel, fiscalizado por la concejal Gisela Vila, que involucra al permiso de edificación de un proyecto de bodegaje en el Proyecto de Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC) de la empresa Urbanya, macro desarrollo inmobiliario autorizado gracias a una modificación del año 2003 del PRMS, que permitió la aprobación de tales proyectos, modificación a la que nos opusimos porque implicaba una expansión de la urbe, utilizando suelo rural, ISAM-1 en este caso, que anteriormente, año 1994, la autoridad regional de Santiago decidió resguardar para los usos ya mencionados.
Según nuestra interpretación de los hechos, no correspondía esa autorización al no haberse incluido la aprobación y ejecución de la cantidad mínima de viviendas que exige el PRMS en cada etapa de desarrollo del PDUC y para variar la SEREMI no se percató del incumplimiento de la normativa del PRMS, y este proyecto está siendo revisado por la Contraloría, habida cuenta que el titular del permiso hizo valer sus derechos con el apoyo de una prestigiosa oficina de abogados.
Por lo manifestado, si deseamos erradicar la lacra de la corrupción que corroe nuestro Estado de Derecho, todos aquellos que deseen «subirle el pelo» a nuestro país, tienen que denunciar los actos considerados irregulares en los organismos públicos que disponen de competencia y por ello aludimos al chilenismo «mojarse el potito», pues si preferimos quedarnos callados, no podemos quejarnos después. Y es que debemos tener presente que las estafas entre empresarios top con las «facturas de favor», conocidas por la divulgación de una conversación muy privada (en la cual sus tres intervinientes empleaban un lenguaje coloquial) no se repetirán, debido a que los acusetes celulares ya no están admitidos en las reuniones de negocios que buscan solucionar problemas derivados de la «malévola permisología».