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Causaron revuelo las denuncias públicas de unos cuantos conocidos arquitectos porque el Minvu modificó el 12/12/13 la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) para facilitar la construcción de grandes equipamientos comerciales en cualquier lugar de las ciudades.
Ese ministerio en forma absolutamente arbitraria y discrecional reemplazó la palabra “enfrentar” por “relacionarse” en una disposición vigente desde el año 1992 en esa reglamentación de carácter nacional. Con este traje a la medida de los constructores, ahora sus edificaciones de altas cargas de ocupación no enfrentarán las vialidades que, por sus características, estaban en condiciones de soportar los nuevos flujos vehiculares derivados, como se entenderá, de esas intervenciones en la trama urbana.
Y no sólo eso, también para posibilitarse el emplazamiento de unos hoteles y apart hotels en el Club de Golf Los Leones, localizado en la comuna de Las Condes, cuyo uso de suelo es área verde, frecuentado por aquellos que residen en la cota 1.000 y ejercen a sus anchas el poder, en el mismo decreto se hizo un cambio normativo para esos dos mencionados destinos. Manipulando los artículos 2.1.4 y 2.1.5 de la OGUC en lo que respecta a los conceptos “residencial” y “equipamiento”, a partir de ahora tales lucrativas edificaciones comerciales se podrán llevar a cabo enfrentando la angosta calle local Luz y por lo tanto solo “relacionándose” con la amplia avenida expresa Kennedy, en donde correspondía la localización del acceso antes del caprichoso cambio en la OGUC.
Se trata de 11 edificios que levantará en el sector poniente de esa área verde privada el operador canadiense Four Seasons Hotels & Resorts con una inversión del orden de los 120 millones de dólares para que así los encumbrados socios de ese club social obtengan por 99 años unos millonarios ingresos por el arrendamiento de una parte de su valioso terreno, por el cual, dicho sea de paso, nunca han pagado contribuciones de bienes raíces. Para posibilitarse este negocio también fue indispensable que el Minvu modificara los artículos 2.1.30, 2.1.31 y 5.1.12 de la OGUC.
En el vespertino La Segunda del lunes 30/12/13, la arquitecta Pilar Jiménez, jefa de la División de Desarrollo Urbano (DDU) de ese díscolo ministerio, respondiendo a los enojados arquitectos señaló: “En nuestra legislación las normas urbanísticas las fijan las autoridades comunales y no un reglamento de alcance nacional. Así son los Planes Reguladores los que tienen la facultad de definir los usos de suelo y el tamaño de las construcciones en los distintos sectores de su comuna”, a pesar de que ella sabe que cuando hay reclamos por parte de las comunidades por infracciones a los Planes Reguladores, los Secretarios Regionales Ministeriales (seremis) recurrentemente imparten instrucciones a los Directores de Obras Municipales (DOM) para que, violando sus propios instrumentos urbanísticos, cursen permisos de edificación viciados.
En todo caso, ella en su respuesta oficial enfatizó que el cambio decidido por su organismo de la administración central buscaba el bien común (sic). La contestación publicada en ese medio fue muy poco convincente y sabemos que esta modificación fue sugerida por el sector económico que se desenvuelve en el ámbito de los negocios de la construcción.
Ahora bien, esto mismo sucedió hace unos 3 años con el mall Costanera Center, ya que por tratarse de un equipamiento mayor, necesariamente tenía que enfrentar una vía expresa, lo que no acontecía, asunto que el suscrito le representó formalmente al Seremi respectivo de la época. Ante tal delicada situación, la misma habilidosa DDU del Minvu modificó la OGUC permitiéndose ahora que este tipo de equipamientos podían enfrentar indistintamente vías expresas o troncales : Costanera Center, como se entenderá, enfrenta una vía troncal y así de rápido se arregló el entuerto.
En el conocido episodio de la planta de gas propano que la empresa Metrogas instaló en una zona de preservación ecológica en la comuna de Peñalolén, proyecto que resultó ser ilegal por dictamen de la Contraloría General de la República, también la misma pícara DDU del Minvu modificó extemporáneamente la OGUC, de tal forma que ahora esa riesgosa instalación ya es legal.
Con la termoeléctrica Campiche de la compañía AES Gener, localizada en un terreno área verde y por lo tanto no apto y por ende más barato, en la contaminada comuna de Puchuncaví, sucedió otro tanto, con el agravante de que en este caso intervino un ex embajador norteamericano para que las autoridades centrales chilenas hicieran los forzosos cambios reglamentarios para que esa planta continuara construyéndose, a pesar de que ya existía un categórico dictamen de la Contraloría que declaró la ilegalidad del proyecto, lo que fue corroborado por un fallo de la Corte Suprema. Según los cables secretos dados a conocer por WikiLeaks, esa embajada motejó a los magistrados que integraron la Sala del alto tribunal como “activistas judiciales”, lo que nos motivó a denunciar esta bravuconada ante la OCDE.
A nivel país se han perdido miles de hectáreas verdes definidas como parques intercomunales y comunales en los instrumentos normativos con ocasión de la caducidad de la declaratoria de utilidad pública fijada erróneamente en el artículo 59º de la Ley de Urbanismo y Construcciones. Esta inicua disposición que ha autorizado el cambio de uso de suelo de esas áreas verdes fue inventada por el Minvu a sabiendas que la mayoría de los parlamentarios, al no visualizar éstos sus negativos efectos en las ciudades porque no entienden de estas cosas, la iban a votar favorablemente, lo que sucedió y ahora en esos ex parques se están otorgando todo tipo de permisos de edificación, asunto que la prensa “seria” prefiere omitir.
Cuando Jaime Ravinet ejercía el cargo de ministro, se introdujo en la OGUC el mañoso artículo 6.1.8 que permite aumentar las alturas de las edificaciones consideradas viviendas económicas DFL2 en los sectores de baja densidad de todas las comuna del país, asunto que durante mucho tiempo le objetamos al arquitecto Luis Eduardo Bresciani, entonces titular de la famosa DDU del Minvu. Este funcionario, en las postrimerías del gobierno de Bachelet, encontrándonos finalmente la razón en nuestra objeción, envió los antecedentes a la Contraloría para dejar sin efecto ese mendaz artículo, pero el gobierno de Piñera, ¡era que no!, lo retiró del ente fiscalizador y hasta hoy en día se utiliza por la industria inmobiliaria para construir más pisos que los contemplados en las regulaciones comunales.
La antojadiza expansión urbana, conocida como PRMS100, que cambia el uso de suelo de 10.000 hectáreas agrícolas para transformarlas en urbanas en 8 comunas periféricas de esta saturada región, figura que otorga ingentes plusvalías a los dueños de los terrenos que habían pedido dicho cambio, también obedece a la decisión del Minvu, con el agravante de que su texto, recientemente publicado en el Diario Oficial, contiene innumerables inconsistencias legales y reglamentarias conocidas por todos aquellos que se relacionan con la materia. Recordemos que el operador en el Consejo Regional (CORE) de esta resolución administrativa fue Fernando Echeverría, ex presidente de la Cámara de la Construcción y dilecto amigo de Sebastián Piñera.
Existen cientos de otros casos tan impúdicos como los relatados, pero para no cansar a los lectores los denunciaremos paulatinamente en otras ocasiones. En síntesis, la triquiñuela que hizo el Minvu contraviene abiertamente la bien concebida Política Nacional de Desarrollo Urbano, PNDU, instrumento con el cual teóricamente se iban a originar los espacios para que en Chile tuviéramos ciudades al nivel de las que existen en los países serios, pero ha quedado en evidencia que esa PNDU es solo un documento instrumental que vende ilusiones a los incautos ciudadanos.
La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿qué sucederá en el Minvu a partir del 11 de marzo próximo?
Las opciones son dos: seguirá siendo comparsa de los influyentes actores privados que abusan y lucran con trampas con la explotación del recurso suelo o se transformará en un servicio público de excelencia, cuya impronta sea liderar las próximas políticas que tengan como propósito el desarrollo urbano sustentable con efectiva participación ciudadana, es decir, en un ambiente democrático.
La presidenta Michelle Bachelet tiene la palabra.
Fuente: http://www.elquintopoder.cl/ciudad/las-inmobiliarias-utilizan-al-minvu/