Defendamos la ciudad

El presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad detalla todos los planes viales y acuerdos adoptados para dar solución a los embotellamientos que se producen en la zona de la rotonda Pérez Zujovic, los que incluían la apertura de la Costanera Sur. En esta columna, apunta a la responsabilidad final del MOP en el aplazamiento de la puesta en marcha de la Costanera Sur, vía pública y gratuita, que sigue cerrada al uso público aunque su construcción ya terminó. “El único ganador neto con esta postergación, y por lo tanto con los tacos en el sector, es la autopista Costanera Norte, ya que así atraerá a un número mayor de automovilistas que deberán pagar religiosamente los peajes por circular en esa vía concesionada”, afirma el autor.

El lucro, gran detonante de las movilizaciones sociales en Chile, ha adquirido una connotación peyorativa que irrita la conciencia moral de la sociedad. Aunque su significado original se refiere a la simple obtención de ganancia en un negocio, ahora se utiliza la palabra “lucro” como sinónimo del provecho ilegítimo que se obtiene mediante prácticas reñidas con la ética -como la colusión de las farmacias, el retiro de utilidades de colegios subvencionados con fondos públicos o las barreras de entrada a ciertos mercados impuestas por los gobiernos-, en contraste con la legítima ganancia, que es una utilidad obtenida en el juego de la libre competencia en el mercado. Así entendido, el lucro es una lacra indebida, ya que su existencia desvirtúa el funcionamiento de la economía real. Los emprendedores crean valor económico a partir del riesgo que asumen, la creatividad que desarrollan y el esfuerzo que realizan. Los especuladores en cambio, lucran a partir de información privilegiada, posiciones monopólicas y tráfico de influencias.

Pues bien, en la última semana nos hemos enterado por la prensa que en Chile también se puede lucrar con las congestiones vehiculares que provocan los temidos tacos. Así lo demuestra el curioso caso de la no apertura de un tramo de tres kilómetros de la avenida Costanera Sur en el sector de la Rotonda Pérez Zujovic, comunas de Las Condes y Vitacura, uno de los espacios públicos más saturados de tránsito en nuestra contaminada ciudad capital.

Antes de entrar en detalle, conviene recordar las palabras del arquitecto Juan Parrocchia, Premio Nacional de Urbanismo, y uno de los autores, con sus colegas Juan Honold y Pastor Correa, del Plan Regulador Intercomunal de Santiago (PRIS) del año 1960, instrumento normativo que definió la actual estructura vial metropolitana. En su libro “Santiago en el tercer cuarto del Siglo XX”, publicado en 1980, expresaba:

“La Av. Kennedy pasa en forma ininterrumpida bajo la rotonda y sobre el puente Lo Saldes. La Av. Costanera Sur (como también la Norte), debe pasar en forma continua bajo él. En la fotografía se aprecia que este último trazado está paralizado, desde 1970, cuando se inauguró parcialmente esta obra, dejándose la plataforma construida, faltando su empalme al poniente frente al estadio Santa Rosa y su empalme al oriente en Américo Vespucio. Esta parte del complejo debe realizarse con urgencia dado que el tránsito está recargando la rotonda, cuya función sólo es resolver los enlaces secundarios y no los flujos continuos. Si ello no se realiza se sobrepasará la capacidad del sistema por mal uso de los trazados, creando artificialmente un punto de conflicto y embotellamiento del tránsito”.[i]

Cuando entró en vigencia el PRIS, teniéndose en cuenta que ambas laderas del río Mapocho eran fiscales o bienes nacionales de uso público, el trazado proyectado de las vías Costaneras, Norte y Sur, era muy simple de ejecutarse por el Estado por la razón antes aludida (vea el plano original trazado por Juan Parrocchia). A modo de ejemplo, el terreno área verde donde se ubica actualmente la Embajada de Estados Unidos era de la estatal Empresa de Agua Potable de Santiago. Y aquel donde se ubicaba el ex Estadio Santa Rosa de las Condes, regalado por el Estado en 1970 a la Pontificia Universidad Católica de Chile, entidad que en 1982 se lo transfirió a la fundación sin fines de lucro Club Deportivo de la Universidad Católica, también era un predio fiscal.

Desde hace muchos años esta zona de la ciudad está absolutamente colapsada en las horas punta, porque el crecimiento del parque automotor es abismante, situación que nuestras autoridades estaban al tanto pero, por motivos que rayan con la negligencia, nada hicieron para materializar dichas vías. Recién con la Ley de Concesiones de 1996 se licitó solamente la autopista Costanera Norte, aprovechándose que un cierto nivel de sus obras ya existían. Pero extrañamente no se adoptó ninguna determinación respecto de la otra vía, es decir, la Costanera Sur, con lo cual, posiblemente en forma cándida, se le entregó la explotación de un pingüe negocio vial a la empresa extranjera dueña de la concesionada Costanera Norte.

Una vez que se puso en marcha, en 2005, la autopista Costanera Norte -empresa privada que inauguró el cobro de peajes electrónicos con el TAG-, se puso de manifiesto la urgencia de implementar la completa solución vial original a través de la materialización de la avenida Costanera Sur, más aún por ser gratuita y velando por los superiores intereses de la población que se debe movilizar.

En ese contexto las autoridades sectoriales de la época y la fundación sin fines de lucro del Club Deportivo de la Universidad Católica buscaron una solución habilidosa que permitiera plasmar la Costanera Sur sin que el Estado tuviera que expropiar dicha área verde. El Minvu, a través de una modificación en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), facilitó la consecución de un proyecto inmobiliario en el 20% de la superficie de ese predio área verde de seis hectáreas, con lo cual se le entregó una gravitante plusvalía patrimonial a su dueño, debiendo ese proyecto entregar al uso público una faja vial de 36 metros de ancho para que se concretara la Costanera Sur hasta debajo del puente Lo Saldes, en la comuna de Vitacura, con lo cual se garantiza la continuidad de los flujos hacia el oriente.

A raíz de que la Contraloría General de la República (CGR), acogiendo nuestra denuncia en contra del negocio inmobiliario de ese club deportivo en un área verde de recreación, dictaminó que ese intento comercial era inviable por una serie de razones, sus mandamases recurrieron de protección en contra de la resolución del órgano fiscalizador y la Corte Suprema les encontró la razón: el alto tribunal aceptó sin más la sentencia de la Corte de Apelaciones que indicó erróneamente que la CGR no podía pronunciarse sobre el fondo de los actos administrativos, sino tan solo sobre su forma. Con el camino despejado se tramitó el Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) en atención a la cantidad de estacionamientos previstos en el proyecto y, tan pronto el Seremi de Transportes lo autorizó, el MOP entró en escena declarando “camino público” la proyectada avenida Costanera Sur en el tramo que media entre Nueva Tajamar y Américo Vespucio. Con esta injerencia, los otros servicios de la Administración quedaron al margen de las decisiones que se iban a adoptar para la consecución de la vía.

En septiembre de 2007 la Municipalidad de Las Condes otorgó al Club Deportivo de la Universidad Católica el Permiso de Edificación para tres torres de oficinas, a sabiendas que esa fundación sin fines de lucro más adelante, iba a ofrecer en el mercado su terreno con el valioso permiso de construcción. Para ello hubo una licitación privada que le fue adjudicada en US$35 millones a la Inmobiliaria Titanium y cuando esta operación se hizo pública, inmediatamente el ministro de OOPP de la época, Eduardo Bitrán, se puso en contacto con los compradores del proyecto con el propósito de que estos inversionistas adelantaran los trabajos viales comprometidos en el EISTU, ya que la materialización de esa obra pública resultaba fundamental para la ejecución de todas las demás mejoras viales que el MOP ya tenía proyectadas en el área denominada Santiago Centro Oriente.

Los desarrolladores aceptaron la solicitud del ministerio y en julio de 2008 firmaron un protocolo de acuerdo ad hoc. En este documento formal se estableció que el MOP les entregaría a ellos el proyecto de ingeniería vial que se había desarrollado para este tramo de la Costanera Sur ya declarado “camino público”. Al cabo de 60 días el privado le devolvería ese proyecto con las modificaciones acordadas entre las partes en dicho protocolo y enseguida el MOP debía visar los planos, con lo cual los desarrolladores tenían un plazo de 11 meses para concluir las obras, las que pudieron haber estado listas en octubre de 2009. Lo anterior no se cumplió y vale la pena saber por qué.

Incomprensiblemente, la aprobación del proyecto vial que el propio MOP había desarrollado a su gusto demoró mucho más que los 11 meses previstos para su construcción. El motivo aducido por los funcionarios públicos responsables era la indefinición asociada a las “obras de interferencia” que debía ejecutar la concesionaria Costanera Norte para los futuros empalmes viales en el sector. En enero de 2010, el privado, obligado por el EISTU que debió asumir, comenzó los trabajos en aquella parte de la vía que no sufría modificaciones respecto del proyecto original que le fue entregado por el MOP. A los dos días, la Dirección de Obras de la Municipalidad de Vitacura detiene arbitrariamente los trabajos porque su alcalde y la asesora urbana no estaban de acuerdo con la solución decidida por el MOP. Transcurrieron más de 18 meses para que el MOP, accediendo a las exigencias de Vitacura, entregara al privado una nueva versión del proyecto vial que discurre en esa comuna. Sin embargo, aunque el lector no lo crea, las “obras de interferencia” en el sector del puente Lo Saldes seguían sin definición y recién a fines de 2011 el MOP autorizó que el camino público se construyera con la infraestructura tal como estaba, sin haberse ejecutado las mentadas obras de interferencia.

En mayo de 2012, faltando sólo tres meses para que el privado entregara las obras comprometidas en el protocolo del año 2008, surge un nuevo contratiempo. En efecto, el tramo de 300 metros de Costanera Sur, entre Isabel Montt y Nueva Costanera, en Vitacura, que le correspondía construir a la concesionaria Costanera Norte, no estaba ejecutado. Bajo esas circunstancias, la Municipalidad de Vitacura se negaba a autorizar la apertura de la vía, argumentando que el empalme con la vialidad existente era insuficiente. Después de largas negociaciones, el privado aceptó ejecutar las obras a sus expensas, a cambio del compromiso del MOP y de la Municipalidad de Vitacura de abrir al uso público la vía Costanera Sur. Hoy en día tales obras ya están recibidas oficialmente por el MOP, ministerio que para tal efecto tenía la anuencia de la Municipalidad de Vitacura. El correspondiente acto administrativo es de fecha 23 de abril de 2013 y la vía continúa cerrada.

El subsecretario de OOPP ha entregado explicaciones poco convincentes justificando la no apertura de esta vía, en respuesta a la prensa con motivo del recurso de protección interpuesto por el privado en la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la ministra Loreto Silva. Ese funcionario dice que no sería responsable abrir Costanera Sur mientras duren las obras viales de Santiago Centro Oriente, invalidando fácticamente los términos del protocolo firmado por las partes el año 2008 y ratificado en agosto de 2012, incorporando en este último acto al alcalde de Vitacura.

En este episodio se constata que el único ganador neto con esta postergación, y por lo tanto con los tacos en el sector, es la autopista Costanera Norte, ya que así atraerá a un número mayor de automovilistas que deberán pagar religiosamente los peajes por circular en esa vía concesionada. Si nos ponemos puntillosos habría que pensar en llevar este caso a la Fiscalía Nacional Económica por prácticas monopólicas asistidas logísticamente por un servicio público -MOP- que ha demostrado tener a través del tiempo una  considerable vocación por las concesionarias y, para confirmarlo, basta conocer en detalle los contratos suscritos entre ese ministerio y cada concesionario.

Cabe recordar que Loreto Silva, antes de ser nominada como subsecretaria de OOPP, ejerció como fiscal de la Asociación Gremial de Concesionarios de Infraestructura Pública (COPSA), razón por lo cual su nombramiento fue criticado por los eventuales conflictos de interés que se producirían con sus decisiones políticas. Y en este curioso caso se ha evidenciado que el concesionario Costanera Norte es el único que lucrará, con el cobro de más peajes, gracias a la arbitraria decisión de impedir la inauguración de la vía gratuita Costanera Sur.

Ante esta interpelación pública esperamos que la ministra se refiera a los compromisos adquiridos por sus antecesores, en relación a la necesaria apertura de esta vía ya terminada, y en tal sentido, entendiendo que ella es una autoridad proba, muy conocedora de su rol y con visión de futuro, estamos ciertos que impartirá las instrucciones de rigor para que en los próximos días todos aquellos compatriotas que circulan en vehículos y en bicicletas por ese sector de la ciudad tengan la democrática alternativa de hacerlo por esta nueva vialidad.

Post Scriptum

De la lectura del amplio reportaje “Las tres razones por las que la nueva Costanera Sur no podrá abrirse al tránsito” publicado en El Mercurio del sábado 20 de julio, en donde se aprecia una infografía con las nuevas obras viales decididas por el MOP, surge lo siguiente:

No hubo licitación pública para la ejecución de tales obras viales, sino que se le asignaron directamente a la concesionaria Costanera Norte.

Viendo la infografía, se deduce que no está contemplada la ejecución del túnel bajo la Avenida Andrés Bello, obra de mitigación vial exigida a Cencosud en el  EISTU para su proyecto Costanera Center. Esta obra tiene un costo de 40 millones de dólares y debe estar terminada para la recepción final de la torre más alta de Sudamérica, según quedó establecido en ese EISTU.

Es impresentable que se deban demoler 850 metros lineales del tramo recién terminado de la avenida Costanera Sur.

Preguntamos si las llamadas “obras de interferencia” han sido aprobadas por la Contraloría General de la República.

Por lo anterior, y ante la indolente descoordinación de los servicios públicos que han intervenido en estos proyectos viales, es necesario que la Cámara de Diputados conforme una Comisión Investigadora, que cite a los titulares de Vivienda y Urbanismo, Obras Públicas y Transportes, con sus respectivo expertos, con el propósito de que expliquen los errores cometidos en el ejercicio de sus atribuciones sectoriales, de tal forma que, con la fiscalización de los diputados, se puedan asignar las responsabilidades en el mal manejo del millonario proyecto Santiago Centro Oriente, el que contará con un altísimo subsidio del Estado.