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La ciudadanía puede estar tranquila porque la Justicia, sobre todo en el último tiempo, ha detectado garrafales resbalones municipales y de otros servicios públicos caracterizados por sus sesgos inmobiliarios.Recientemente la 3ª Sala del máximo tribunal anuló un permiso de edificación otorgado livianamente por la Dirección de Obras de Concón para que los empresarios Said, Urenda y Bolocco construyeran 2 hoteles unidos por una pasarela en los roqueríos del borde costero de ese balneario, proyecto localizado un poco más al sur de la conocida roca oceánica.
Las faenas se habían iniciado sin que el titular del proyecto, llamado Hotel Punta Piqueros, lo sometiera a la evaluación ambiental, ello porque consideraron que eran irrelevantes los daños que se iban a producir en el sector y así fue como tales emprendedores invirtieron capitales en esta joyita turística ubicada a un costado de un Santuario de la Naturaleza.
Ya han dinamitado un roquerío milenario para darle paso al invasivo complejo de 140 habitaciones, 150 estacionamientos, 10 pisos, spa, gimanasio, piscina, sala de reuniones, 2 restaurantes, lobby bar, enoteca, entre otras dependencias, alcanzando los 20.000 m2 de construcción. La inversión es del orden de los 40 millones de dólares.
Ante este despropósito, que podríamos llamar “urbanicidio”, el diputado Rodrigo González ha ejercido sus atribuciones fiscalizadoras pero sin éxito porque la maquinaria del laissez faire es muy eficiente, pero un grupo de lugareños comprometidos con los superiores valores de la naturaleza interpusieron las correspondientes acciones ante la justicia ya que las instituciones administrativas regionales se resistían a ejercer sus roles.
Los vecinos le expresaron a la Justicia que la asociación pública-privada que estaba detrás de este negocio había vulnerado la Ley Nº 13.364 de septiembre de 1959, conocida como la Ley Lorca, en homenaje al diputado impulsor de la misma. Esta norma, violada años atrás en algunos casos puntuales, protege el extenso litoral marítimo desde la Av. España en Viña del Mar hasta la desembocadura del río Aconcagua en Concón.
En razón a que el proyecto en ejecución quebranta la Ley de Bases del Medio Ambiente, ya que la zona tiene muchos atributos naturales y paisajísticos y es escandaloso que una lucrativa actividad privada menoscabe una extensión determinada de la costa del océano Pacífico, el 2 de mayo reciente la Corte Suprema le exigió a la Administración y a los titulares del negocio que tuvieran la amabilidad de elaborar un completo Estudio de Impacto Ambiental (EIA), tal como lo ordena el artículo 11º de la ley respectiva.
Como algunos despistados, según crónicas de prensa, creen que las obras del hotel pueden continuar, desde esta tribuna les decimos que ello es imposible, conforme al mandato del artículo 8º de la referida ley. Las faenas debieron paralizarse tan pronto se conoció el fallo y tan solo cuando sea aprobado ese EIA, si ello llegara a ocurrir, se podrán reiniciar los trabajos de la construcción.
En todo caso resaltamos que los magistrados dijeron “………….este Tribunal no se hará cargo de los otros errores de derecho denunciados”, lo que nos indica que el hotel tiene muy pocas posibilidades de ser inaugurado.
