01 Enero 2013

Santuario de la naturaleza cercenado

Columna de opinión de Patricio Herman de Defendamos la Ciudad, publicada en Estrategia el 31 de diciembre de 2013.

Sería útil que la escritura pública de la venta de esos derechos estuviera a la vista para conocer los exactos términos de la operación. Mal nos fue con nuestra columna del 20 de diciembre de 2012 en la cual proponíamos al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que declarara como Santuario de la Naturaleza las 30 hectáreas de dunas localizadas en Concón, tal como estaba previsto en los oficios del Ministerio de Medio Ambiente y del Consejo de Monumentos Nacionales. Pero los ministros protegieron sólo 10 hectáreas de dunas, con lo cual el Santuario estará conformado por un total de 31 hectáreas. Hay que tener presente que las empresas propietarias de las dunas, Reconsa y Egeco, las recibieron de la Constructora Neut Latour y de la Sociedad Colectiva Edmundo Pérez quienes, en septiembre de 1979, se las compraron al Estado. Estas dos empresas adquirieron los derechos que tenía la Caja de Previsión de Empleados Particulares en las sociedades constructoras “de Viviendas Económicas Empart Ltda. Número Uno” y “de Viviendas Económicas Empart Ltda. Número Cinco”. Esos derechos el Estado se los traspasó a crédito, en cómodas cuotas, a dichas empresas. En noviembre de 1980 se modificó el sistema previsional, creándose las AFP, de tal forma que el patrimonio que tenían aquellos empleados particulares que imponían sus cotizaciones previsionales en la Caja respectiva se esfumó y esos fondos, por arte de magia, se transformaron en fiscales administrados por el Instituto de Normalización Previsional (INP), servicio del Estado que fue acreedor de Reconsa y Egeco. Sería útil que la escritura pública de la venta de derechos por parte del Estado a las dos empresas constructoras, firmada el 24 de septiembre de 1979 en la Notaría de Enrique Morgan, se tuviera a la vista para conocer los exactos términos de la operación, pero el Instituto de Previsión Social (IPS), continuador del INP, dice que no la tiene y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se niega a retirarla del Archivo Judicial.



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