Defendamos la ciudad

En los negocios quien maneja mejor la información y la interpretación de los textos contractuales tiene ventajas para obtener mayores ganancias y esto lo saben todos y por ello no nos debe extrañar la forma de actuar de la dura CEO, Cynthia Carroll, de esa empresa extranjera Codelco tiene la opción para comprar el 49% de la cuprífera AngloAmerican Sur (ex Disputada de Las Condes), subsidiaria del gigante AngloAmerican, siempre que esa iniciativa se materialice en los meses de enero cada 3 años, tal como quedó establecido en los contratos lamentablemente mal redactados para el interés nacional. El directorio de Codelco había anunciado con excesiva anticipación que en enero de 2012 iban a adquirir ese porcentaje en el precio de US$ 6.750 millones, suma fijada conforme a una fórmula preestablecida. Como todos sabemos, la empresa cuprífera chilena notificó al mundo que su opción de compra por el 49% de AngloAmerican Sur la iba a ejercer con un préstamo que le concedía la empresa japonesa Mitsui y que, a su vez, Codelco vendería a ésta la mitad de ese 49%, es decir, el 24,5%. Así se evidenciaba que el interés de Codelco era quedarse, después de enero de 2012, con ese último porcentaje, el mismo que tendría Mitsui y manteniendo AngloAmerican el 51%. En razón a que estos contratos no fueron lo suficientemente bien redactados en resguardo del interés nacional, AngloAmerican, actuando con la reconocida astucia de los fuertes, vendió a la japonesa Mitsubishi Corporation el 24,5% de su subsidiaria en US$ 5.390 millones, como observamos, por una suma proporcionalmente bastante más significativa que la que iba a recibir de la lenguaraz empresa chilena. A raíz de lo anterior, el directorio de Codelco, mayor productor de cobre en el mundo, y todas las autoridades de nuestro país han criticado el comportamiento asaz oportunista de AngloAmerican, afirmando que actuó de mala fe. Codelco recurrió a los tribunales de justicia y la pelea está que arde. La empresa multinacional ha respondido que, dadas las cifras que hemos reseñado, su obligación era aumentar el patrimonio de sus accionistas, avalando su decisión en razón a que los contratos le permiten vender a quienes ella elija en cualquier fecha distinta a las señaladas expresamente en los contratos. Asimismo ha dicho que aceptará, en enero de 2012, la opción de compra de Codelco sólo por el 24,5% de las acciones de AngloAmerican Sur. El cobre es chileno de acuerdo al texto de la Constitución Política del Estado, pero en el gobierno de Pinochet, para atraer a los inversionistas foráneos y con la creencia equivocada de que su utilidad en los procesos productivos se iba a terminar en unos años más, se introdujeron unas retorcidas modificaciones legales -concesión plena- para que este metal le perteneciera a las empresas privadas que lo extraen de las profundidades de nuestra tierra. En los negocios quien maneja mejor la información y la interpretación de los textos contractuales tiene ventajas para obtener mayores ganancias y esto lo saben todos y por ello no nos debe extrañar la forma de actuar de la dura CEO, Cynthia Carroll, de esa empresa extranjera. Esta mujer adujo que su decisión de vender a la empresa japonesa Mitsubishi se motivó pensando en las plusvalías patrimoniales para los suyos, ya que la oferta pública anunciada por Codelco era de menor cuantía. Por último, instamos al Gobierno que entregue los nombres de los abogados chilenos que redactaron, en conjunto con los abogados extranjeros, el dichoso contrato que está perjudicando el interés nacional. La transparencia, de la cual tanto se habla, exige conocer esos nombres porque evidentemente tales profesionales que, además cobraron honorarios, procedieron con liviandad en su cometido. Como lo dijimos, la empresa inglesa-sudafricana vendió el 24,5% de sus activos en AngloAmerican Sur en US$ 5.390 millones y si aceptaba la opción de compra de Codelco por el 49% iba a recibir tan solo US$ 6.750 millones y esta abultada diferencia fue determinante en la despabilada decisión de AngloAmerican : en el sistema capitalista que nos rige manda exclusivamente la ganancia, no existiendo la ética y esto lo saben muy bien los funcionarios del Gobierno porque ellos provienen del sector privado. Si la aludida CEO hubiera privilegiado la próxima negociación con Codelco, a sabiendas del pacto de la empresa chilena con Mitsui, no habría hecho una buena operación comercial y sus jefes la podrían haber desvinculada de la empresa por su incompetencia en el manejo de los negocios. Es evidente que el contrato mal redactado no nos favorece y si Codelco no hubiera recurrido al prestamista japonés Mitsui y por lo tanto no le hubiera ofrecido vender la mitad del 49% de Anglo American Sur en la suma de US$ 4.880 millones, siguiendo la valorización preestablecida de US$ 9.760 millones por el 49% de la anterior, y la opción de compra la hubiera ejercido exactamente el 2 de enero de 2012, con fondos nacionales, que los tenemos en abundancia, AngloAmerican no habría vendido el 24,5% a Mitsubishi Corporation y la controversia no existiría. El sábado 18 de febrero pasado, a página completa, se publicó en El Mercurio una inserción pagada de AngloAmerican dando cuenta que varios reconocidos juristas chilenos, ex Presidentes de la Corte Suprema, diversos ex ministros de la Corte Suprema, un ex Contralor General de la República, dos ex Presidentes del Tribunal Constitucional, varios ex miembros de este Tribunal, otros tantos destacados constitucionalistas y estudiosos del derecho, apoyan su posición comercial derivada del contrato vigente. Independientemente de lo anterior el juicio continúa y está claro que si Codelco hubiera actuado con prudencia, es decir, sin aspavientos, en esta fecha ya se habría formalizado la operación de la compra del 49% de AngloAmerican Sur al ventajoso precio que las partes ya conocían. Por último, instamos al Gobierno que entregue los nombres de los abogados chilenos que redactaron, en conjunto con los abogados extranjeros, el dichoso contrato que está perjudicando el interés nacional. La transparencia, de la cual tanto se habla, exige conocer esos nombres porque evidentemente tales profesionales que, además cobraron honorarios, procedieron con liviandad en su cometido.