Defendamos la ciudad

Antes que nada diremos que no nos gusta para nada la palabrita Sanhattan inventada por alguien que conoce la isla de nombre parecido situada en el norte del puerto de Nueva York en EE.UU. . Ahora bien, en los últimos días la prensa ha estado dando mucha cobertura noticiosa a la futura inauguración del mall de Costanera Center, proyecto inmobiliario faraónico de Horst Paulmann. La puesta en marcha de este centro comercial está prevista para abril próximo y la torre más alta de 300 metros, conjuntamente con las otras edificaciones, se terminarán en unos cuantos meses más. Las edificaciones se enmarcan en las libertinas disposiciones contenidas en el artículo 4.3.16, Zona Especial Ex CCU, del Plan Regulador de esa comuna, vigentes desde 1986 con la puesta en marcha de un Plan Seccional generado al interior del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de aquella época. En los aspectos no reglamentados en el artículo mencionado se aplican las normas de mayor rango comprendidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Pues bien, conocedores del desarrollo de los hechos, después del comienzo de las faenas —marzo de 2006— de este megaproyecto inmobiliario de 700.000 m2, nos contactamos con el abogado Carlos Estévez (PS), seremi de Vivienda y Urbanismo, para representarle una serie de transgresiones legales cometidas por la Municipalidad de Providencia en el otorgamiento del permiso de edificación y la no exigencia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y del Estudio de Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU), requeridos por ley antes que se iniciaran las obras y antes que se otorgara el permiso de edificación, respectivamente. Estos dos permisos se obtuvieron extemporáneamente con el agravante de que la debilucha institucionalidad ambiental, para no disgustar al titular del proyecto, se conformó sólo con una “declaración” en lugar de haber exigido un “estudio” como estaba señalado en el artículo 11º de la ley respectiva. En todo caso, nos ha llamado la atención que el gobierno todavía no llame a una licitación pública para entregar en concesión ese tramo del bien nacional de uso público de esa vía troncal. Suponemos que las autoridades no estén pensando en regalarle a Cencosud ese corto espacio público y que, por ello, no se anuncie la licitación. A mitad de camino detectamos otras irregularidades, como por ejemplo que el cálculo de la rasante para determinar la altura máxima de la torre “más alta de Sudamérica” estaba erróneo, con lo cual, como un hecho consumado más, esa torre llegó a los 300 metros de altura y que considerábamos impropio que las autoridades centrales hubieran clausurado el helipuerto del ex Hospital Militar, hoy Hospital Metropolitano, localizado en la calle Holanda adyacente a las otras torres que enfrentan la calle Vitacura, para eliminar el cono de seguridad que perturbaría el negocio inmobiliario en comento. Después de acuciosos análisis técnicos, dicho seremi convalidó nuestras denuncias, las que describió en ORD. Nº 1717 del 4 de mayo de 2009 enviado a Sergio Ventura, director de Obras de la Municipalidad de Providencia, manifestándole que, por mandato del artículo 15 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, se veía en la obligación de enviar todos los antecedentes a la Contraloría General de la República, solicitándole la instrucción de un sumario administrativo al interior de la Dirección de Obras. Por terceras personas supimos que el ente fiscalizador había sancionado a los 3 funcionarios municipales que habían intervenido en la tramitación de los permisos sólo porque no se habían fusionado oportunamente los distintos predios que originaron el terreno más grande resultante de 4 hectáreas. Como no teníamos noticias acerca de las otras ilegalidades cometidas, el 24 de enero de 2012, conforme a la Ley Nº 20.285, de Transparencia, le solicitamos a Marisol Rojas (DC), actual seremi de Vivienda y Urbanismo, que nos diera a conocer la respuesta formal de la Contraloría a su servicio público sobre este deplorable episodio. Vía ORD. 563 del 13 de febrero de 2012, doña Marisol nos dice olímpicamente que su función pública no ha tenido respuesta desde el órgano contralor (sic), con lo cual, habida cuenta el prolongado tiempo transcurrido, se configura una situación en extremo inconcebible que merece ser tipificada como un nuevo récord Guiness para Chile. No quisiéramos pensar que la actual seremi desconozca el arduo trabajo de investigación y fiscalización de su antecesor y se conforme con decir que la Contraloría no contesta, ya que su obligación como funcionaria del Estado es exigir el cumplimiento de la ley. El EISTU aprobado a fines del 2009 por el seremi de Transportes, entre otras cosas, contempla la ejecución de un túnel en el subsuelo de la Avenida Andrés Bello, inmediatamente enfrente del Costanera Center, obra de infraestructura que facilitará los accesos vehiculares al estacionamiento subterráneo de este mega comercio. Se contemplaron una serie de medidas de mitigación vial en ese EISTU pero, aparte de la excesiva extemporaneidad del acto administrativo, muchas de ellas se exigieron contra las distintas recepciones de obras parciales del megaproyecto. En todo caso, nos ha llamado la atención que el gobierno todavía no llame a una licitación pública para entregar en concesión ese tramo del bien nacional de uso público de esa vía troncal. Suponemos que las autoridades no estén pensando en regalarle a Cencosud ese corto espacio público y que, por ello, no se anuncie la licitación. Tan pronto se inaugure el mall y como el EISTU insensatamente postergó el túnel para la recepción final de todas las obras del complejo comercial, los que utilizan vehículos tendrán dificultades para circular y por ello, para evitarse los malos ratos y las demoras interminables en las calles, es recomendable alejarse de esa zona hasta que se normalice, si es que ello ocurre. Diversos especialistas en urbanismo, construcción y transportes ya han entregado sus negativos diagnósticos sobre lo que vendrá en ese sector y por ello sólo nos queda decir que en esta megalópolis, si la institucionalidad quisiera ser responsable, es urgente la creación del superintendente metropolitano con amplias facultades legales para ordenar sustentablemente el desarrollo de la ciudad, lo que esta fundación está proponiendo desde hace muchos años. En todo caso, estaremos atentos a la futura emisión del dictamen de la Contraloría General de la República, sobre las distintas ilegalidades informadas a él por el ex Seremi de Vivienda y Urbanismo y por nosotros mismos, a sabiendas que ese documento oficial no producirá ningún efecto ya que este monumento al engreimiento privado ya está casi terminado. Cuando ello acontezca se podrán sacar diversas conclusiones que harán reflexionar a los que mandan políticamente en este país.