Defendamos la ciudad

El proyecto de Zonas Urbanas Condicionadas significa modificar el uso de suelo de 10.000 has agrícolas para transformarlas en habitacionales mixtas. Sus impulsores lo justifican dicho alegando que ya no hay terrenos en Santiago para construir, lo que ha sido rebatido con abundante acopio de cifras por diversas organizaciones ciudadanas. En los inicios del gobierno de Michelle Bachelet el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) concibió la figura de las Zonas Urbanas Condicionadas (ZUC) a solicitud de varios actores privados y algunas municipalidades, lo cual iba a significar modificar el uso de suelo de 10.000 has agrícolas para transformarlas en habitacionales mixtas. Este proyecto, denominado PRMS-100, fue apoyado por el gobierno de Sebastián Piñera y objetado por 45 organizaciones ciudadanas y por el Colegio de Arquitectos de Chile, quienes oportunamente le representaron a las autoridades competentes las fallas contenidas en el mismo. Sus impulsores justifican dicho proyecto alegando que ya no hay terrenos en Santiago para construir, lo que ha sido rebatido con abundante acopio de cifras por el economista y académico Pablo Trivelli, editor del Boletín del Mercado del Suelo en Santiago, publicación periódica siempre consultada por todos aquellos actores que se desenvuelven en la actividad de la construcción. La directiva nacional del Colegio de Arquitectos de Chile, en 2 ocasiones, se dirigió por escrito al intendente Echeverría proponiéndole que se postergara la votación por una serie de razones, pero el funcionario destinatario, aunque educadamente respondió, no los escuchó. En paralelo, 45 organizaciones de la sociedad civil se dirigieron también por escrito al Presidente Piñera, haciéndole notar variadas irregularidades contenidas en la propuesta del Minvu. El Primer Mandatario, a diferencia de su representante en la Región Metropolitana, no respondió ni acusó recibo de la respetuosa presentación formulada. Como esta iniciativa significaría otorgar plusvalías patrimoniales a los poseedores de esas tierras situadas fuera de los límites urbanos, solicitamos a ese ministerio, conforme a la Ley Nº 20.285 de Transparencia, que nos entregara un listado con los nombres de las personas jurídicas y naturales que se iban a beneficiar con esa medida administrativa. No fue posible conocer esos nombres porque tal ministerio, aduciendo que no tenía los roles de los predios, trasladó la solicitud de información pública al Servicio de Impuestos Internos (SII), ente que nos entregó un listado incompleto, producto de que sus planos son distintos a los que utiliza el Minvu. Ante tal falta de respuesta por parte de la institucionalidad, el caso llegó al Consejo para la Transparencia, instancia que se esforzó para que salieran a la luz pública los nombres de los beneficiados, llegando a la banal conclusión de que la ciudadanía no se podrá informar porque el Minvu y el SII “utilizan escalas diferentes en su planos” (sic). Para superar el impasse dicho Consejo, hace 8 meses atrás, recomendó a ambos servicios públicos que coordinaran sus sistemas de información geográfica para que así pudiera operar en plenitud la ley de acceso a la información. Aunque el lector no lo crea, los nombres de los favorecidos todavía se mantienen en reserva. Como esta iniciativa significaría otorgar plusvalías patrimoniales a los poseedores de esas tierras situadas fuera de los límites urbanos, solicitamos a ese ministerio, conforme a la Ley Nº 20.285 de Transparencia, que nos entregara un listado con los nombres de las personas jurídicas y naturales que se iban a beneficiar con esa medida administrativa. Este insano proyecto fue aprobado el 30/03/11 en tercera votación por el Consejo Regional (CORE) y rechazado posteriormente por la Contraloría General de la República por contener innumerables irregularidades de forma y fondo Ahora hemos sabido que el Minvu está tratando de solucionar las objeciones expresadas nítidamente por la Contraloría y, para evitarse una cuarta votación en el CORE, intenta ingresar directamente en el órgano fiscalizador el nuevo proyecto remozado a lo maestro chasquilla con la ingenua creencia de que el ente fiscalizador lo va a admitir a tramitación para la obligatoria toma de razón. Como en el nuevo PRMS-100 no ha existido un proceso de participación ciudadana, en los términos ordenados en la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), y como tampoco se puede pasar por alto la institucionalidad de los gobiernos regionales, esperamos que la intendenta metropolitana, Cecilia Pérez, exija que este cambio radical en las reglas del juego territorial sea sometido a una votación en el CORE después de conocerse esa EAE y fundamentalmente estando al tanto de los nombres de aquellos favorecidos por la mano de los que mandan políticamente en Chile. Lo peor sería que este proyecto se aprobara con los vicios del secretismo y lamentamos que los parlamentarios mantengan un silencio sepulcral ante este nuevo intento que ahondaría los problemas ambientales que tenemos en la colapsada Región Metropolitana de Santiago.