Defendamos la ciudad

El inventor en Chile de este tipo de concesiones fue Carlos Hurtado, ex ministro de OOPP en el gobierno de Patricio Aylwin, pero quien las hizo operativas fue Ricardo Lagos, cuando ejercía ese mismo cargo público bajo la administración de Eduardo Frei. Conforme a esta figura se han construido hospitales, cárceles, puertos, aeropuertos y fundamentalmente autopistas urbanas e interregionales con distintos resultados, las que han significado inversiones privadas del orden de los 11 mil millones de dólares. El Estado chileno perfectamente podría haber asumido el costo de tales construcciones, porque el erario público dispone de cuantiosos recursos, pero optó por traspasarle esa responsabilidad al sector privado nacional y extranjero, lo que consideramos atinado a la luz de lo que observamos. Pues bien, entre las 9,30 y 14,00 hrs. del lunes 7 de noviembre pasado, ante una compacta audiencia, se llevó a cabo en las dependencias del Senado en Santiago un seminario sobre las concesiones, pensadas a partir de ahora, bajo la mirada del desarrollo sustentable, iniciativa del senador Guido Girardi dentro de las celebraciones del Bicentenario del Congreso Nacional. Expusieron, aparte del anterior, Sergio Bitar, ex ministro de OOPP en el gobierno de Michelle Bachelet y Marcelo Figueiredo, profesional brasileño experto en la materia, quienes relataron sus experiencias en este ámbito de inversiones, entregando algunos consejos para mejorar la relación pública-privada. Para evitar las abultadas obras complementarias después de la adjudicación de cada licitación, como también otros errores que se cometen cuando las decisiones se toman entre 4 paredes, se debería conformar una especie de Consejo Consultivo en la Unidad de Concesiones del MOP. Después de las intervenciones de los anteriores hubo una Mesa de Reflexión en la cual expusieron Ronald Fischer, académico de la UCH, Leonardo Basso, también académico de esa universidad y experto en transportes, Clemente Pérez, presidente de Copsa, organización gremial de los concesionarios, Ignacio Toro, director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental y quien suscribe esta columna. Estaba invitado a este espacio Gastón Escala, presidente de la Cámara de la Construcción, pero no concurrió. Las presentaciones de Fischer, Basso, Pérez y Toro fueron impecables porque de manera sintética y convincente explicaron razonadamente sus particulares puntos de vista dentro de sus campos de acción y por ello recibieron calurosos aplausos por parte del público asistente. El cierre del programa corrió por cuenta del senador Hosain Sabag y por el coordinador de Concesiones, Emilio Pellegrini. Para dejar un testimonio de lo manifestado por este columnista en esa ocasión, ya que no todo es color de rosas, concisamente indicamos algunas cosas que se deben tener en cuenta para mejorar, desde el punto de vista del interés de los usuarios, la continuidad de esta modalidad constructiva: Declaramos allí, refiriéndonos a las autopistas, que en los contratos suscritos percibíamos un sesgo a favor de los concesionarios y que ello se podría deber al interés exagerado del MOP en asegurar rápidamente la concreción de las obras a licitarse. Criticamos los ingresos mínimos garantizados, el reajuste automático anual en un 3% sobre UF de las tarifas de los peajes, el libertinaje con las obras complementarias que, en ocasiones, han sido abusivas y que, por ello, han encarecido los precios que pagan los usuarios por circular, las sobre tarifas por saturación y la renuencia de las concesionarias interurbanas de cobrar automáticamente el peaje con el adminículo llamado TAG. Asimismo decíamos que ha sido una mala decisión de los gobiernos haber postergado indefinidamente la licitación del tramo llamado Vespucio Oriente, faltante para completar la Circunvalación Américo Vespucio, anillo vial proyectado en la planificación urbana de esta región en 1960, es decir, hace 51 años. En cambio, se privilegiaron los intereses inmobiliarios de unos inversionistas que hace años adquirieron terreros rurales en la comuna de Colina, hoy urbanos, los que necesitaban conectividades para poder desarrollar sus proyectos : el obsecuente MOP los ayudó con la autopista Radial Nor-Oriente, la que, para variar, se construyó violando la ley ambiental, lo que ha sido refrendado por los tribunales de justicia. Respecto de la próxima concesión de la Vespucio Oriente, la que por ejecutarse en toda su extensión bajo suelo, significará una inversión de 2 mil millones de dólares, algunos ya están planteando, por su elevado monto, aumentar el plazo de la concesión aunque ello signifique otorgar un trato especial a los futuros licitantes y otros, lisa y llanamente, sin vergüenza, tantean que el Estado debiera subsidiar los peajes. Como ambas opciones rompen las reglas del juego, propusimos que se licitaran 2 tramos distintos a definirse, teniéndose en cuenta que las mayores tarifas igual serán asumidas por los automovilistas de la zona oriente de la ciudad. Ello, por cuanto el costo de la congestión en vías estrechas, es más oneroso que pagar unos pesos más por peajes. También le recordamos a la audiencia la trampa urdida por el MOP, la Conama y la empresa Sacyr, que se hizo cargo de la autopista Vespucio Sur: Para que esta obra no se sometiera a la evaluación ambiental se dijo que tal autopista era una autovía y que, por ello, quedaba liberada del cumplimiento de la ley. Este engaño fue detectado por la Contraloría, la que puso las cosas en su lugar. Para evitar las abultadas obras complementarias después de la adjudicación de cada licitación, como también otros errores que se cometen cuando las decisiones se toman entre 4 paredes, se debería conformar una especie de Consejo Consultivo en la Unidad de Concesiones del MOP, en la que deberían intervenir las empresas asociadas a Copsa, los funcionarios de esa unidad y los representantes de la ciudadanía en donde se proyecta cada nueva concesión. Para que estos últimos tengan opiniones técnicas en ese Consejo, el Estado debería financiar la contratación de expertos que harían valer los puntos de vista de la comunidad. Ya que la nueva legislación ambiental considera una institucionalidad fiscalizadora, lo que mejorará la aplicación de esa ley, en el ámbito de las concesiones igual debería establecerse una fiscalización en resguardo de los usuarios de estas indispensables obras públicas y como el explosivo crecimiento del parque automotor continuará, estimamos que urge la tarificación vial en los sectores ya colapsados, lo que debería ir unido a la mejora del Transantiago para que la gente, internalizando el costo de utilizar sus vehículos privados, se vaya gradualmente al transporte público. Por último, nos pareció correcta la decisión del MOP de hacer efectiva la boleta de garantía de la empresa que ganó, pero no asumirá su responsabilidad, por la concesión de la carretera que unirá La Serena y Vallenar. Con este serio comportamiento el Estado le está informando a los interesados en el lucrativo negocio de las concesiones que se gana cuando hay seriedad y se pierde cuando se actúa con liviandad. En todo caso seguirán construyéndose autopistas concesionadas, esperando que el sector privado optimice sus estándares y que pronto se adopte la decisión de que todo vehículo nuevo que se venda en el mercado tenga incorporado su TAG automático, como también terminar con los cobros en efectivo en las plazas de peajes de las autopistas interregionales: la fluidez en la circulación vehicular es una necesidad y si los concesionarios se deciden a modernizar estas recolecciones de dinero serán mejor percibidos por sus clientes y así el negocio ganará en legitimidad. El Seminario se transmitirá en TV Senado (canal 95 de VTR)