Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en portal Cambio 21 el 29 de enero de 2011. El miércoles 26 de enero pasado cayeron desde las alturas de la torre “más alta de Sudamérica”, como pregonan algunos, a la Av. Andrés Bello una infernal lluvia de piedrecillas (gravillas) que ocasionaron daños de diversa consideración en los vehículos que circulaban hacia el oriente por esa vialidad. El proyecto inmobiliario más polémico de los últimos años ha sido el denominado Costanera Center que se construye en un amplio terreno fusionado de 4,6 hectáreas localizado en la comuna de Providencia, enfrente de la Av. Andrés Bello, al lado del canal San Carlos, curso de agua que fija su límite oriente con la comuna de Las Condes. Su construcción se inició en marzo de 2006, sin contar con un permiso de edificación válido, pero como contemplaba una cuantiosa inversión de 600 millones de dólares, las autoridades, tanto centrales como locales, optaron por mirar para el lado con el propósito de no incomodar a tan importante hombre de negocios que genera infinidad de empleos A la fastuosa inauguración de la construcción de este complejo comercial de 700.000 metros cuadrados, el más grande en la historia del país, asistieron -entre otros, y todos con relucientes y nuevos cascos blancos- Ricardo Lagos, que dejaba el poder en los días siguientes, y un radiante Cristián Labbé, quien decía que en su municipio no hay trabas burocráticas a la inversión. Esto último era muy bien recibido por Horst Paulmann, carismático y próspero empresario alemán del retail que ama a Chile y que, por tal motivo, los parlamentarios que trabajan en Valparaíso le otorgaron la nacionalidad chilena por gracia. Dado que la Junta de Vecinos del sector nos solicitó asistencia porque nunca fueron convocados por nadie para conocer, ni menos para opinar, sobre tan espectacular megaproyecto, nos abocamos a indagar en las diferentes oficinas públicas en qué consistía esta invasiva intervención urbana. Lo primero que detectamos fue la argucia empleada por la Municipalidad de Providencia para justificar el inicio de las obras sin un permiso de edificación, es decir, violándose la legislación de Urbanismo y Construcciones : los funcionarios, haciéndose los lesos, argumentaban que existían una serie interminable de permisos originados todos de uno emitido el año 1991, hace 20 años atrás (sic). Para que los lectores saquen conclusiones aclaramos que este tipo de permisos caducan a los 3 años, si no se inician las faenas de construcción. El caso lo llevamos, con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Providencia, ante la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo, jefatura de los Directores de Obras Municipales y más adelante entregamos los antecedentes de un cúmulo de irregularidades en la Contraloría General de la República. A raíz de ello apareció por arte de magia un extemporáneo permiso de fecha 31 de marzo de 2007. Recordemos que el sector en donde se construye este proyecto está amparado por un permisivo Plan Seccional CCU del año 1980, elaborado por los militares y aviadores que regentaban en aquella época el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Pinochet agradecido con los empresarios dueños de la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU), quienes lo habían apoyado con entusiasmo en su gobierno de facto, instruyó a sus dependientes para que las normas de edificación de los terrenos enmarcados en ese Plan Seccional fueran realmente espectaculares. Horst Paulmann, con la lucidez que lo caracteriza, adquirió esos terrenos en el año 1988, a sabiendas que el negocio inmobiliario va de la mano con la actividad de los supermercados y centros comerciales. Sabía que el municipio de Providencia iba a mantener inalterable el bondadoso Plan Seccional y así fue cómo, con esas especialísimas normas de edificación, empezó a construir su proyecto estrella en marzo de 2006. En razón a que los actores más poderosos del sector privado en Chile consideran que es de mal gusto someterse a la ley de bases del medio ambiente, este complejo comercial solo cuenta con una simple Declaración de Impacto Ambiental calificada favorablemente -era que no- por la dócil Corema, cuerpo colegiado conformado por disciplinados funcionarios del Estado. Es decir, no hubo un Estudio. Después de iniciadas las obras y ¡oh sorpresa! también después de obtenido el atrasado permiso de edificación, Costanera Center logró el ansiado Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) en donde se contemplan las medidas de mitigación vial, las que son obviamente de cargo de la empresa. El año pasado hubo una controversia porque Paulmann pretendía compartir los costos de tales obras con el Estado. Entre otras, se debe ejecutar un túnel de 2 pistas por sentido oriente-occidente, bajo la Avenida Andrés Bello, con acceso al mall y ya se está elucubrando una fórmula para que, al tener 3 pistas por lado, el MOP aportaría fondos públicos en un elevado porcentaje, para que esa infraestructura se pueda realizar. Estaremos atentos para saber de qué manera se resolverá este asunto porque nos tinca que la contribución estatal podría ser con el tejo pasado. A mediados del 2009 el abogado que se desempeñaba como Seremi de Vivienda y Urbanismo le solicita al Contralor General de la República la instrucción de sumarios administrativos en la Dirección de Obras de Providencia porque detectó, con la documentación suministrada por nosotros a él, que en el proceso de los permisos se habían cometido diversas ilegalidades (en nuestro complaciente país se habla de “errores”) y por ello el ente fiscalizador inició una investigación que concluyó en marzo de 2010, la que está reflejada en 4 tomos que contienen más de 2.500 hojas. Resolvió aplicar medidas disciplinarias a los profesionales que cumplían las funciones de director de obras, jefe de edificación y arquitecto revisor de permisos de edificación. Adscribiéndose a las formalidades de rigor, la Contraloría le informa lo anterior al alcalde Cristián Labbé hace 10 meses y a esta fecha no sabemos qué sucedió al interior de esa municipalidad. Pero el miércoles 26 de enero pasado cayeron desde las alturas de la torre “más alta de Sudamérica”, como pregonan algunos, a la Av. Andrés Bello una infernal lluvia de piedrecillas (gravillas) que ocasionaron daños de diversa consideración en los vehículos que circulaban hacia el oriente por esa vialidad. A este accidente, derivado de una falla en los procedimientos de seguridad en la construcción, se le llamó incidente para aminorar sus efectos en la opinión pública y así inducir a restarle responsabilidad a la empresa. Independientemente de las buenas palabras expresadas por sus ejecutivos y por los representantes de la constructora Salfacorp a los aterrados conductores de los automóviles dañados, nuestro colectivo ciudadano, para evitar su repetición, le pidió a la institucionalidad ambiental una acuciosa investigación por la negligencia privada demostrada en este luctuoso episodio, más aún si la Administración, como lo dijimos anteriormente, no se atrevió a exigirle a Costanera Center que sometiera su megaproyecto a un Estudio de Impacto Ambiental, tal como lo ordenaba la ley respectiva. Por lo relatado queda en evidencia que en Chile las instituciones no pueden funcionar porque sus tímidos funcionarios se inhiben cuando tienen que exigir el cumplimiento de los marcos regulatorios. Veremos si el nuevo Servicio de Evaluación Ambiental, creado con el Ministerio de Medio Ambiente, procede con severidad con este encopetado y sociable infractor.