Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en diario La Nación el 24 de enero de 2011. En La Nación del 17 de agosto de 2010 publicamos nuestra columna “Ciudades enrejadas” y en la edición del 4 de noviembre de ese mismo año publicamos la columna “Histérica privatización de la ciudades”, ello con motivo de la discusión en que los parlamentarios estaban redactando la ley que permitía cerrar las calles, a proposición del Ministerio del Interior. Decíamos también que nos llamaba la atención la ausencia del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la elaboración de esa ley porque sus funcionarios son los que más saben de vialidades. Las calles, al igual que las plazas, los parques incluyendo sus subsuelos y otros espacios que conforman las ciudades son bienes nacionales de uso público, lo que está muy bien aclarado en el artículo 589 del Código Civil y en el Decreto Ley Nº 1939 del Ministerio de Bienes Nacionales y por ello nos causaba sorpresa esa iniciativa parlamentaria. Este tipo de bienes le pertenecen a la nación toda y por ello están fuera del comercio humano. No son susceptibles de embargos, hipotecas ni objeto de expropiación, aunque sí en ellos se pueden otorgar permisos precarios y concesiones por plazos fijos. Nosotros, impulsores del libre desplazamiento de las personas y preocupados por la delincuencia que constatamos en el día a día, nos declaramos férreos opositores a esa forma de limitar en las ciudades la circulación, tanto de los peatones como de los vehículos. En esas columnas decíamos que era ridículo encerrarnos para evitar los eventuales asaltos de que podríamos ser víctimas, explicando que por no ser todas las calles iguales, había que discriminar para acotar el cierre sólo de algunas, de acuerdo a sus particularidades, enfatizando que Carabineros de Chile es la institución que tiene por misión constitucional la función de darnos seguridad y por ello vaticinábamos que el Tribunal Constitucional (TC) iba a rechazar esa ley. El jueves 20 de enero de 2011 dicho TC dio a conocer su sentencia definitiva sobre la materia. Este especializado cuerpo colegiado, después de haber analizado con minuciosidad esa ley, aprobada por la Cámara de Diputados y por el Senado, la rechazó informándole de ello al Presidente de la República, a los titulares de ambas ramas legislativas y al Contralor General de la República. El Congreso Nacional quería darle atribuciones legales a los municipios para que autorizaran, por un plazo de 5 años renovables, el cierre o medidas de control de acceso a las calles, pasajes y vías locales, o a conjuntos habitacionales urbanos o rurales con una misma vía de acceso y salida con el objeto de garantizar la seguridad de los vecinos, estableciéndose que, para su puesta en marcha, las municipalidades debían dictar ordenanzas en las cuales, entre otras cosas, se debían fijar medidas para garantizar la circulación de los residentes, de las personas autorizadas (sic) por ellos mismos y de los vehículos de emergencia, tales como ambulancias y carros de bomberos. El TC, como era de suponer, no pudo visar esta legislación por las características que tienen las vías locales y por ello procedió en tal sentido. Debemos recordar que en el ordenamiento legal de Vivienda y Urbanismo las calles o vías, por sus particularidades, están tipificadas como expresas, troncales, colectoras, de servicio y locales. Los pasajes son aquellas vías que miden, entre líneas oficiales, menos de 11 metros. El TC acertadamente no aceptó que las vías locales se puedan cerrar, señalando que estas medidas de control sólo se pueden realizar en calles que tengan una única vía de acceso y salida y no respecto de calles que comunican con otras vías. Por ejemplo, un pasaje ciego sí se puede cerrar. Ahora los legisladores en Valparaíso, esperamos que mejor asesorados, tendrán que decidir el camino a seguir porque la Contraloría General de la República ha estado emitiendo diversos dictámenes coherentes con el recto criterio sustentado por los ministros del TC. En todo caso y si queremos atacar la delincuencia en los barrios, está claro que el ministro del Interior tendrá que buscar en el Ministerio de Hacienda los recursos monetarios necesarios para aumentar las dotaciones de Carabineros con la idea de que esta institución cumpla a cabalidad su cometido preventivo. En tal sentido, reproducimos las expresiones de los ministros Hernán Vodanovic y Mario Fernández : “las municipalidades no están llamadas por la Constitución para garantizar la seguridad de los vecinos. Esta responsabilidad es del Presidente de la República y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, acorde al inciso segundo del artículo 24º y al inciso segundo del artículo 101º de la Carta Fundamental”.