Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en portal cambio21.cl el 19 de enero de 2011. Negligencia pública para favorecer a ciertos privados. Por Patricio Herman, Fundación “Defendamos la Ciudad” La Contraloría continúa con el sumario administrativo y pronto las edificaciones estarán terminadas, con lo cual estaremos ante un nuevo hecho ilegal consumado, salvo que las juntas de vecinos del sector hagan un esfuerzo económico y contraten a un abogado para que inicie las acciones judiciales correspondientes, cuyo resultado será imprevisible porque en Chile las construcciones truchas están amparadas por la impunidad. Con la agrupación Ciudad Viva y con Juntas de Vecinos de Recoleta y Providencia, desde hace tiempo, estamos denunciando en la propia municipalidad de Recoleta, en la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo y en la Contraloría General de la República una serie de irregularidades e ilegalidades cometidas en el proceso administrativo que dio origen al negocio inmobiliario-educacional conocido como Universidad San Sebastián, que se construye en el cuadrante conformado por la calles Bellavista, Ernesto Pinto Lagarrigue, Dardignac y Pío Nono de esa comuna. El 4 de noviembre de 2010 la Contraloría había emitido el dictamen Nº 65.893 en donde quedaron de manifiesto las malas prácticas municipales en el otorgamiento del permiso de edificación otorgado a la sociedad Desarrollo Inmobiliario Bellavista S.A. para que levantara en esa manzana 3 torres habitacionales de 19 pisos cada una, un centro de extensión y la propia casa central de esa universidad privada "sin fines de lucro", la que cuenta con insignes personajes del establishment como caras visibles, uno de los cuales es el senador UDI Pablo Longueira. El ente fiscalizador nos manifestó que se estaba instruyendo un sumario en la Dirección de Obras para determinar las responsabilidades de los funcionarios que intervinieron en tal acto administrativo y le tiró las orejas a la Conama porque no había ejercido su rol en resguardo del cumplimiento de la legislación ambiental : sólo una parte del megaproyecto había sido calificado por esa debilucha institucionalidad, la que no se atreve a paralizar las faenas, teniéndose en cuenta que el artículo 8º de esa ley impide el inicio de actividades si los proyectos no cuentan con una resolución de calificación ambiental favorable, lo que sucede con el edificio de esa universidad y con su centro de extensión. Entre otras cosas, le habíamos representado a la Contraloría que, por tener el terreno dos zonas distintas de edificación (alta y media), era obligatorio que se respetaran en el proyecto las alturas máximas fijadas en el Plan Regulador de Recoleta para cada una de ellas, tal como lo manda el artículo 2.1.21. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, ya que esa municipalidad, con tal de favorecer dicho negocio particular, le había asignado altura alta para todas las edificaciones emplazadas en ambas zonas. Los inversionistas de este complejo comercial, utilizando todas sus buenas maneras anti burocracia, convencieron a las autoridades, tanto locales como centrales, en orden a que la utilización en beneficio propio del bien nacional de uso público calle Pío Nono para construir una rampa de acceso al estacionamiento subterráneo requerido se debía formalizar sólo a través de un permiso precario, originado en un Decreto Alcaldicio, el mismo que se emplea para que los quioscos de diarios y los buques maniceros puedan ver sus mercaderías. Con esta hábil fórmula se evitaron que la municipalidad llamara a una licitación pública para que, en igualdad de condiciones, existiera una competencia leal en la concesión de ese espacio público. Pero como la Contraloría le había formulado cargos a la Conama, lo que dijimos anteriormente, y como la jefatura superior de ese organismo es el intendente Fernando Echeverría, nos dirigimos por escrito a éste, conforme a la Ley Nº 20.285, de Transparencia, para que nos informa acerca de todas las multas cursadas a esa empresa por la Corema que él preside. Como el Consejo para la Transparencia es una institución pública que funciona correctamente, dicho intendente se sintió apremiado porque si no contestaba sabía que íbamos a recurrir de amparo en contra de él. En el plazo contemplado en esta estupenda legislación Echeverría nos respondió adjuntando un documento descriptivo (ORD. Nº 559 del 30/12/10) firmado por la Directora del recién creado Servicio de Evaluación Ambiental, en el cual ella describe cómo esa universidad, aprovechándose de su poder económico, pasa por alto todas las normas ambientales que el país se ha dado, con lo cual constatamos cómo su soberbia y prepotencia "es más fuerte" aprovechándose que nuestros funcionarios no se atreven a ejercer sus atribuciones. En el aludido ORD. Nº 599 dirigido a Echeverría, quien nos lo trasladó a nosotros, queda en claro que se detectaron diversos incumplimientos por parte de la parcialidad del proyecto que ingresó al Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA), uno de los cuales es la carencia de un plan de monitoreo de ruido v otros tantos. Pero lo que es hasta vergonzoso, se expresa que los organismos que participaron en la comprobación de esa ilegalidad, no solicitaron a la Corema las sanciones correspondientes. Es más, en las otras situaciones irregulares, nadie cumplió con su deber. Se reconoció asimismo que el invasivo edificio de la universidad y su centro de extensión no se han evaluado acorde a lo estipulado en la Ley Nº 19.300 y que, por esta ausencia, "no se podrán establecer sanciones" (sic) porque en este contexto, ese servicio ambiental carece de competencias. El intendente Echeverría, recordemos que es un distinguido y educado actor inmobiliario, se conformó con respondernos, adjuntando tal ORD. dando por resuelto el tema, es decir, también se inhibió y no quiso adoptar las decisiones que le correspondían. Ante este comportamiento tan incompatible con la probidad ¿no decían por ahí que este es un gobierno de excelencia? Mientras tanto la Contraloría General continúa con el parsimonioso sumario administrativo y pronto las edificaciones estarán terminadas, con lo cual estaremos ante un nuevo hecho ilegal consumado, salvo que las juntas de vecinos del sector hagan un esfuerzo económico y contraten a un abogado para que inicie las acciones judiciales correspondientes, cuyo resultado será imprevisible porque en Chile las construcciones truchas están amparadas por la impunidad.