13 Julio 2010

A propósito de un editorial

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en diario La Nación el 13 de julio 2010.

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en diario La Nación el 13 de julio 2010. El lunes 5 de julio este diario editorializó en “El rechazo al PRMS y la responsabilidad común” sobre la votación del Consejo Regional Metropolitano (CORE), organismo público colegiado cuyos miembros mayoritariamente y con conocimiento de lo que estaban haciendo, optaron por no aceptar una modificación, denominada PRMS 100, al instrumento normativo urbano intercomunal. Lo interesante de la votación es que los 14 consejeros que se opusieron al proyecto son de la Concertación, teniéndose en cuenta que el cambio de uso de suelo de 10 mil hectáreas agrícolas para mutarlas a urbanas se concibió en el gobierno de la Presidenta Bachelet. La Nación ha expresado algunos juicios que deben ser precisados, tales como: (1) que los movimientos ciudadanos y organizaciones ecologistas se guían por componentes ideológicos para oponerse a la expansión urbana; (2) que la no aprobación del nuevo PRMS obligará a los sectores populares a desplazarse a terrenos rurales sin equipamiento y (3) que los límites de Santiago están congelados desde fines de 2006. Por ello nos permitimos responder para que sus lectores, sobre la base de la libertad de expresión que en este diario se cultiva, dispongan de mayor información sobre este asunto. Quien suscribe y el académico de la USACh Jonás Figueroa en ocasiones anteriores, en este mismo medio, ya fundamentamos nuestras objeciones contra una nueva expansión horizontal, porque la megalópolis está saturada, algo sabido por todos y más aún por quienes toman las decisiones, y por ello los miembros del CORE de la Concertación no aceptaron la solicitud verbal del intendente Fernando Echeverría para que votaran en favor del PRMS 100, lo que fue develado por el consejero Osvaldo Aravena (DC) en la sesión respectiva. Esta actuación transparente causó molestia entre sus pares de la UDI y de RN, que le enrostraron que él violó un código de honor porque estas peticiones se debían mantener en secreto al interior de esa instancia pública (sic). Sostenemos que no hay ideologismo en la tarea de impulsar políticas de equidad territorial y desarrollo urbano sustentable, como tampoco que se esté perjudicando a los pobres y que los límites de Santiago no están congelados. En efecto, el PMRS 100 contempla sólo 8% de viviendas sociales y la figura de los Proyectos con Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC), normativa vigente desde 2003, que también permite la ejecución de proyectos inmobiliarios en terrenos agrícolas, exige que 30% de las viviendas ejecutadas a su amparo deben acoger el subsidio estatal habitacional y 40% de aquel porcentaje debe ser para viviendas sociales. El PRMS 100 es más regresivo socialmente que los PDUC. Pero como la reglamentación urbanística de estos últimos cautela con rigor el bien común de la ciudad, se improvisó la laxa propuesta recién rechazada por el CORE. Para entender mejor la objeción contra el PRMS 100 es necesario hacer un poco de historia respecto de lo que sucede en la cuenca de Santiago. En agosto de 1996 esta región fue declarada como zona saturada para cuatro contaminantes y latente para dióxido de nitrógeno, y por ello, de acuerdo con el mandato de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, en mayo de 1998 se puso en marcha el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA), que disponía de 140 sólidas medidas destinadas a atacar la lacra de la mala calidad del aire. Este instrumento normativo decía que esta región es la más poblada, pese a que es la más pequeña en superficie, enfatizando que sus características meteorológicas son muy desfavorables para permitir la dispersión de los contaminantes generados por las fuentes fijas y móviles, estas últimas muy progresivas en los años recientes. Una de sus medidas para contrarrestar las emisiones tóxicas contemplaba evitar la expansión de la ciudad con la idea, entre otras, de que el sistema de transporte, principal aportante de las mismas, fuera más racional. En dicho decreto supremo también se decía que la mala calidad del aire se debía a múltiples factores, entre los cuales se mencionaban la disminución de la cubierta vegetal, impermeabilización del suelo y cambios en las tasas de reposición de las napas freáticas, pérdida de bosque nativo y erosión. Sabemos que un alto porcentaje de las áreas verdes descritas en el PRMS son peladeros, porque no ha habido interés en materializarlas como tales. Y si nos vamos más atrás, cuando se originó en 1994 el PRMS, se objetaba la liberación del uso de suelo introducida en 1978 por los Chicago Boys. El ministro de Vivienda de la época, Edmundo Hermosilla, manifestó que en democracia “el verdadero sujeto del desarrollo urbano es la comunidad organizada” y el intendente, Alex Figueroa, declaró que con tal instrumento “se ponía coto al desmesurado crecimiento en extensión de la ciudad, que ha obligado a expandir la infraestructura urbana con costos gigantescos” y se proponía crecer hacia adentro, densificando prudentemente, para llegar a los 150 hab/há. en 2020. Hoy tenemos 90 hab/há. En la actualidad el Transantiago funciona mal y tiene un millonario déficit financiero que pagan todos los chilenos, la contaminación del aire no ha podido ser controlada porque el PPDA paulatinamente ha sido reducido, sobre todo en sus medidas preventivas, la infraestructura es muy deficitaria en las comunas periféricas, la congestión vehicular es insoportable y no nos podemos llenar de autopistas concesionadas, porque siempre se necesitarán más y no podemos ser esclavos de los vehículos que utilizan derivados del petróleo. Ante el escenario descrito, declarándonos contrarios a la acromegalia que padecemos, y en la creencia que ha llegado la hora del cambio para beneficiar al país en su conjunto y evitar la degradación ambiental en que estamos inmersos, esperamos que el gobierno del Presidente Piñera adopte las decisiones para terminar con el centralismo, de modo que en unos decenios más nuestro país pueda llegar a ser equilibrado territorialmente, como lo son los países desarrollados.



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