Defendamos la ciudad

Columna de Patricio Herman, de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en La Nación, 23 de mayo de 2008. Esperamos que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo retire su proyecto de ley y se reformule en un espacio abierto a la ciudadanía. Sólo así se legitimará para ser una ley de la república. El martes 20 la sala del Senado postergó la votación para modificar la Ley de Urbanismo y Construcciones respecto de la planificación urbana, texto del Ministerio de Vivienda con una inclinación pro inmobiliaria, sector con especiales atributos para convencer de que sus intereses son los del país. Según la página web del Senado, la ministra Patricia Poblete dijo que el objetivo es generar mayores instancias de participación ciudadana en la elaboración de planes reguladores y para dotar a las comunas con mayores instrumentos de gestión para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Como tenemos una mirada distinta de la oficial, recordamos que oportunamente varias organizaciones de la sociedad civil expresaron opiniones contrarias a esta iniciativa gubernamental e incluso muchos de sus dirigentes viajaron a Valparaíso a entregar antecedentes a los senadores, de modo que votaran en conciencia y por tanto en contra. Uno de esos documentos es el preparado por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile. Estimamos que influyó sobre los senadores para aplazar la votación y transcribimos su conclusión: "Del análisis de esta propuesta de ley, se concluye recomendar una reflexión más detenida y participativa del tema, por cuanto la urgencia de satisfacer las demandas que impone el desarrollo urbano agilizando los procesos y flexibilizando las normas, no debe poner en riesgo la calidad urbana y del medio ambiente en que se emplazan nuestras ciudades, lo que en último término determinará la calidad de vida de los ciudadanos que es el principal objetivo declarado por el proyecto, y el objetivo último de la planificación urbana. "En síntesis, se estima que una propuesta integral y sustantiva a la modificación de la normativa que rige a los planes reguladores debería contemplar entre otros aspectos: "1. Analizar con detención las competencias de los niveles de planificación y gestión, de manera de definir con claridad el alcance de las normativas de trascendencia local que pueden ser ejercidas más descentralizadamente por los municipios, y aquellas que corresponden al nivel intercomunal o regional de planificación urbana. Esto con la finalidad de simplificar procedimientos apoyando la descentralización de la gestión local, pero sin arriesgar la coherencia del sistema de planificación en sus distintos niveles territoriales. "2. Analizar y determinar las reales causas de los excesivos tiempos de tramitación de los planos reguladores, y racionalizar los procesos de formulación y aprobación de estos instrumentos revisando las exigencias y trámites que actualmente se imponen a los planos reguladores desde el nivel central, y apoyando centralizadamente la ejecución de estudios que puedan abordarse desde el nivel regional, pero que sean útiles a la planificación de los municipios en el nivel local (ej.: sistemas georreferenciados de información a escalas adecuadas, estudios de capacidad de infraestructura y equipamiento, etc.). "3. Evaluar la capacidad de los municipios para aplicar las disposiciones de esta propuesta de ley, a fin de tomar las medidas de capacitación necesarias, en el caso que se requiera. "4. Examinar y concordar una política sobre el recurso suelo de valor natural amenazado por el avance urbano, lo que debería orientar la ejecución y gestión de los instrumentos de planificación urbana en relación a este aspecto, en todos sus niveles. "5. Evaluar las políticas de vivienda desde el punto de vista de los objetivos del desarrollo urbano que se pretende impulsar, para determinar la necesidad de cambios que apunten hacia ciudades más competitivas, sustentables e integradas, puesto que esto no sólo se logra con el aporte del sector privado vía compensaciones o cesiones, sino que con un sustantivo esfuerzo del Estado". Este resumen, escrito con lenguaje académico, lo dice todo. Esperamos que el Minvu retire su proyecto y se reformule en un espacio abierto a la ciudadanía. Sólo así se legitimará para ser ley de la república.