Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en revista El Periodista el 14 de septiembre de 2007. Muchos tropiezos ha tenido el proyecto inmobiliario Portal Bicentenario, ejecutándose en las 245 hectáreas que le pertenecían al aeropuerto Los Cerrillos. El más visible promotor de este negocio público-privado ha sido Jaime Ravinet, en su calidad de ministro de Vivienda y con posterioridad asignado estratégicamente como ministro de Defensa por su jefe Ricardo Lagos. La existencia de esta infraestructura aeroportuaria fue posible gracias a una donación modal que le hizo años atrás al Estado de Chile un filántropo norteamericano y por ello los pilotos civiles, usuarios de la instalación, iniciaron acciones judiciales en contra del Fisco porque al clausurarse tal aeropuerto, se violó el deseo del donante y en primera instancia les fue bien. El gobierno apeló y la Corte de Apelaciones tendrá que fallar suponemos antes del término del año en curso. El 28 de agosto de pasado, la titular del 8º Juzgado Civil de Santiago, le dio nuevamente la razón a la Federación Aérea de Chile, ya que sentenció que la Corema actuó mal al haber autorizado una simple Declaración de Impacto Ambiental por la modificación del uso de suelo de esas 245 has. De acuerdo al artículo 11º de la Ley respectiva el Minvu debió haber ingresado al Sistema vía un Estudio de Impacto Ambiental, lo que se sabía, pero el gobierno optó por lo más fácil, tal como lo hacen todos los actores del mercado. La gran diferencia entre un “Estudio” y una “Declaración”, es que en el primero está reglada la participación ciudadana de todos aquellos que tengan algo que decir, lo que no acontece con la “Declaración” y por ello llama la atención que el “gobierno ciudadano” de Michelle Bachelet sea tan refractario a crear espacios de participación en las decisiones de orden público. En todo caso no podemos perder de vista que lo verdaderamente atractivo, desde la perspectiva de las plusvalías patrimoniales de algunos suertudos, era el levantamiento automático de la restricción que tenía un gran paño de valor natural de 2.000 has. localizado inmediatamente al sur de la cancha de aterrizaje, singularizado como cono de aproximación por el instrumento urbano metropolitano. Es decir, los propietarios de esos terrenos estaban felices con la clausura del aeropuerto porque así esperaban estupendas normas de edificación para construir en altura, lo que volvió a fojas 0 con el fallo judicial. Por otro lado no podemos obviar que el artículo 8º de la Ley Ambiental dice que la ejecución de los proyectos que deben ser evaluados está supeditada a la previa calificación favorable, a través de una Resolución Exenta por parte de la Corema, la que, como vimos, en este caso no existe porque fue anulada por el tribunal civil. Así las cosas, se presenta complicado el escenario para aquellos reacios al aeropuerto, lo que se ve agravado con las recientes declaraciones públicas del abogado de la Fundación del filántropo, quien se está preparando para entrar a la pelea, lo que indica a todas luces que en los meses siguientes debiéramos conocer una transacción comercial entre todos los involucrados. De esta manera, el gobierno podrá continuar con su “emprendimiento”, dejando satisfechos a los descendientes del generoso norteamericano y a los “puntudos” pilotos civiles que han sabido defender sus derechos.