Defendamos la ciudad

Columna de Patricio Herman de la Agrupación Defendamos la Ciudad, publicada en diario La Nación el 21 de marzo de 2007. Mediante normas instauradas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (Oguc), el Ministerio de Vivienda ha deformado el alcance del DFL-2 que, en 1959, originó en el mandato de Jorge Alessandri las viviendas económicas para la clase media. Ellas tenían una calidad de materiales acotada, diseño y superficies máximas de 140 metros cuadrados. Pero hoy estas medidas fueron sobrepasadas por la flexibilidad que impera desde hace algunos años. Los propietarios de estas casas, sin importar la cantidad que posean de ellas, pagan una fracción de las contribuciones de bienes raíces y están totalmente liberados de declarar ante el SII las rentas generadas. Existe mucha evasión tributaria porque, en alto porcentaje, las superficies se amplían después de que son recibidas por las direcciones de obras municipales. Este fraude es conocido pero silenciado por quienes se desenvuelven en el sector. El problema es que el DFL-2, por diversas variaciones a la Oguc -decretos supremos, por eso sin conocimiento de parlamentarios ni la ciudadanía-, se ha transformado de una norma que incentivaba la construcción de viviendas muy específicas en un instrumento de planificación urbana que supera las regulaciones que se han dado en las comunas. Se inventó y se introdujo en la Oguc el concepto de Conjunto de Viviendas Económicas, figura que permite, en cualquier superficie, asimilar los beneficios que hasta 2001 sólo se concedían a los loteos DFL-2 de una hectárea, con construcción simultánea, permitiéndoles sobrepasar las condiciones fijadas por las herramientas de planificación local, como la densidad y la superficie predial, entre otras. Esto contradice la idea de autonomía y descentralización en la planificación urbana. También se ha liberado a los constructores de estas viviendas de la obligación de urbanizar el espacio público frente a sus predios, atropellando disposiciones establecidas en la misma Oguc y otras linduras que violan los derechos urbanos de los vecinos. Ejemplos de esta incongruencia abundan en todas las comunas. Como muestra: en días recientes, apoyando a los vecinos colindantes, denunciamos ante el Minvu lo que podría suceder si se llegara a aprobar un negocio inmobiliario de 46 viviendas económicas en La Reina, amparado en un anteproyecto aprobado para ejecutarse en un terreno que acoge a una gran casa-habitación y donde existen más de 50 frondosos y antiguos árboles nativos. Por razones obvias, a este emprendimiento comercial le llamamos urbanicidio y señalamos que este sector era de remoción en masa, la que fue levantada hace un tiempo. Los vecinos que se verían perjudicados con este proyecto tienen sus residencias en terrenos de entre mil 300 y 2 mil 300 metros cuadrados de superficie. Así lo exigía la municipalidad. Pero las 46 viviendas económicas proyectadas se levantarán en zonas de escasos 300 metros cuadrados en promedio. En dos terrenos adyacentes se permitirán diferencias abismantes. Eso es caos urbanístico, derivado de la aplicación del caprichoso artículo 6.1.8. del Reglamento Especial del DFL-2 de la Oguc. El mencionado anteproyecto contempla una vialidad interior privada, donde no se observan veredas y su calzada es de escasos 6,5 metros, insuficiente para los 106 vehículos considerados en los estacionamientos. En consecuencia, un proyecto puntual, apoyado en normas creadas con otro objetivo, se convierte en un elemento que desfigura la planificación urbana local y contradice la capacidad vial, el estilo arquitectónico y la geografía que lo rodea. No sabemos cómo resolverá el Ministerio de Vivienda la situación que hemos dado a conocer, pero sí es necesario que, como criterio general, el Minvu tome una decisión respecto de la figura del DFL-2, ya que hoy no se justifica mantenerla. Los 100 millones de dólares al año perdidos por el Estado con la mendaz figura de la vivienda económica, se podrían usar para reducir el déficit de las viviendas sociales. Ojalá que el Gobierno ciudadano escuche.