Defendamos la ciudad

Columna publicada el lunes 12 de Marzo de 2007 en "Diario Financiero", por Patricio Herman P. Agrupación "Defendamos la Ciudad". El DFL-2 fue publicado en 1959 para posibilitar la "vivienda económica" a las capas medias de la población. Esas casas debían cumplir requisitos técnicos, de materiales, de habitabilidad y con superficie máxima de 140 m2 construidos. Para incentivar su construcción se dispuso de una serie de franquicias tributarias a sus poseedores : las más importantes 1) pago fraccionado de las contribuciones de bienes raíces y exención del pago de impuestos por las rentas que ellas generan. Mediante modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) se ha ido desnaturalizando el sentido de este tipo de viviendas y es así cómo ahora -a su amparo- se pasan por alto las normas de planificación urbana de las comunas, ya que su aplicación de alcance nacional es de superior rango. Se ha ido produciendo una alteración en la condición de vivienda económica para fines no previstos originalmente y ello está impidiendo la consolidación de un desarrollo urbano armónico en las distintas localidades. Por ejemplo, en las obras de urbanización de "viviendas económicas" el propietario está obligado a urbanizar y ceder, únicamente, la superficie del predio afecta a utilidad pública indicada en el respectivo instrumento de planificación, con lo cual el inmobiliario se desliga de sus obligaciones con el espacio público que enfrenta su predio y al cual impacta. Sin embargo, para el cálculo de la densidad bruta de su proyecto, hace uso de la superficie de aquél hasta el eje de la calzada (sic). A través del concepto "Conjuntos de Viviendas Económicas", introducido en la OGUC hace 6 años se permite aumentar la densidad del proyecto en un 25% y no respetar otras condicionantes técnico-urbanísticas de los Planes Reguladores Comunales. En la práctica, una norma legal que se creó en el gobierno del presidente Jorge Alessandri para incentivar la construcción de viviendas para la clase media, por decisiones centralizadas y desinformación de los parlamentarios, se transformó a través del tiempo en una norma de planificación urbana, lo que es a todas luces una incongruencia. Así las cosas, sería necesario que el Minvu derogue o actualice las disposiciones contenidas en la OGUC aludidas al DFL2, con el sano propósito de preservar la esencia de ese antiguo cuerpo legal que, digámoslo con franqueza, ya cumplió su cometido en nuestra economía de libre mercado.