Defendamos la ciudad

Carta al director de La Tercera, publicada martes 7 de noviembre de 2006. Sr. Director, El gobierno está impulsando una ley, que según sus promotores, garantizaría la disponibilidad de suelo para viviendas sociales en los sectores urbanos consolidados y para tal propósito los inmobiliarios tendrían que donar el 5% de la superficie de sus terrenos o pagar al Estado su equivalente. De esta manera, se nos dice, se terminará con la segregación social. Ningún inmobiliario que construya viviendas de cierto valor para arriba va a estar dispuesto a ceder ese 5% para viviendas de bajo precio y por ello estamos en desacuerdo con esa iniciativa. Sería muy engorrosa su aplicación y porque los fondos a recaudar serán muy menores, más aún, teniéndose en cuenta que en Chile somos especialistas en burlar las normativas legales. Si se desea disponer de mayores recursos para construir viviendas sociales de mejor calidad y tamaño, es necesario terminar a la brevedad posible con la exención del IVA, para que así la actividad productiva inmobiliaria se desenvuelva como cualquier otro sector de la economía, cuyos bienes y/o servicios están afectos a este tributo. Y para que se aplique correctamente el sistema de libre mercado, es necesario modificar el alcance del DFL2 de 1959, que contempla variadas franquicias, ya que en la actualidad se considera "viviendas económicas" a viviendas de lujo de UF 6.000 y más, porque en teoría sus superficies construidas son de 140 m2. Atentamente, Patricio Herman P. Agrupación "Defendamos la Ciudad" Una fuente del sector explica que si el fin último del proyecto de ley es asegurar suelo para integrar a la ciudad las viviendas sociales, el objetivo no se va a cumplir. ¿Por qué? Todos los inmobiliarios van a preferir pagar el equivalente al 5% del suelo en vez de entregar terrenos para la construcción de casas y departamentos más económicos, que bajarían la plusvalía del sector. Otro de los problemas que avizoran es la diferencia en la valorización del 5% del terreno, ya que una superficie en el barrio El Golf no tiene el mismo precio que el 5% de Puente Alto o La Florida. Este elemento, según inmobiliarios, implicaría que quienes acceden a terrenos en lugares más acomodados venderían su propiedad (aprovechando el buen precio) y se trasladarían igual hacia sectores periféricos. Una de las alternativas al proyecto de ley que propondrán las constructoras e inmobiliarias es el fortalecimiento de la movilidad habitacional, de manera que quienes posean una vivienda social y mejoran su condición financiera puedan venderla a una familia que no tiene y así acceder a una edificación de mejor calidad. De esa forma, se evitaría que los nuevos compradores accedan sólo a sectores alejados de los centros urbanos. La iniciativa legal, que está en la etapa de evaluación final en el Minvu, sería enviada a La Moneda la próxima semana antes de ser despachado al Congreso Nacional para su tramitación.