Defendamos la ciudad

Patricio Herman Agrupación Defendamos la Ciudad El ciudadanía sabía que la Contraloría había invalidado los permisos otorgados por la Seremi de Vivienda y la Municipalidad de Las Condes para que el directorio del Club Deportivo de la Universidad Católica (CDUC) pudiera vender Santa Rosa de Las Condes al mejor postor. El terreno es un área verde protegida por la regulación ambiental y sus dueños nunca han pagado contribuciones de bienes raíces justamente por esta calidad. Por distintas razones, los socios del estadio, liderados por el abogado Pedro Foncea, y nuestra agrupación nos oponemos a la pretensión comercial. Los primeros para hacer prevalecer sus derechos a utilizar las instalaciones deportivas y los segundos debido a motivos de equilibrio urbano y necesidad ambiental. El predio fue regalado (donación modal), en septiembre de 1970, por el Estado a la Pontificia Universidad Católica de Chile con el único fin de que fuera utilizado en actividades deportivas y, años después, en plena dictadura, la casa de estudios lo transfirió al CDUC. Claro que a sus autoridades se les “olvidó” transcribir en la escritura esa obligación hecha por el donante, lo que violó un elemento básico que justificaba la entrega gratuita de un bien nacional de uso público a la universidad. Según han expresado el intendente y los seremis de Bienes Nacionales y de Vivienda, ningún Presidente ha firmado un Decreto Supremo de desafectación de este bien público, tal como lo manda el DL 1939. Pese a que existe la imprescriptibilidad en estas materias, ningún Gobierno democrático la ha ejercido para regularizar el dominio de este terreno. Tendrán sus razones para inhibirse y dejar que las cosas “se arreglen solas”, como decía hace muchos años el Presidente Barros Luco. Pese a que el CDUC planteó sus explicaciones en la Contraloría cuando ésta analizó el caso, molesto con el fallo desfavorable presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, donde decía que el ente contralor carece de atribuciones para resolver. En la discusión judicial intervino el Consejo de Defensa del Estado en apoyo a la posición de la Contraloría, mientras que el Minvu se alineó con sus protegidos. El 25 de abril de 2006, la Tercera Sala, integrada por los ministros Lamberto Cisternas y Mario Rojas y por la abogada Andrea Muñoz, acogió el recurso e invalidó el dictamen 56.977 de la Contraloría. El juez Cisternas, académico de la Pontificia Universidad Católica, como la abogada integrante, fallaron en favor de los intereses del CDUC, y el ministro Rojas, en su voto de minoría, acogió la tesis del ente contralor. Este último dijo que la Contraloría tiene la atribución “de velar por la legalidad de los actos de la administración”, como está establecido en la Constitución y expresó que “ante este contencioso administrativo son los tribunales ordinarios de justicia los que han de pronunciarse a través de un juicio ordinario de lato conocimiento que otorgue a las partes en conflicto la posibilidad de plantear sus posiciones jurídicas, entre los argumentos que posean para fundarlas, rendir sus probanzas, y deducir los recursos que sean pertinentes”. Los jueces que dieron la razón al directorio del CDUC dijeron que “el parecer de esta Corte es que el control de la legalidad de los actos de la administración que la Contraloría realiza es de carácter puramente formal”. También señalaron que “no parece sensato pensar que el órgano contralor pueda entrar a calificar la legalidad de fondo...” y además manifestaron que “la autoridad encargada de velar por la correcta aplicación de la normativa urbanística es la Municipalidad respectiva, y en particular su director de Obras...”. Nos gustaría que ello fuera así, pero parece que los ministros no saben cómo se conducen muchos de esos funcionarios. Estamos ciertos que la mayoría de la sala está equivocada cuando dice que la Contraloría no tiene tuición sobre los actos administrativos. Pero tenemos confianza en la sapiencia de la Corte Suprema, la que hará imperar el derecho en este conflicto originado por las ansias de sacar partido a un terreno regalado, cuyo único propósito es ser área verde para fines deportivos. En el caso hipotético de que este tribunal confirme el fallo de la corte, la Contraloría General de la República tendría que desaparecer del mapa, para beneplácito de todos los que sostienen que enmarcarse en la ley es una traba en la tarea de facilitar las transacciones comerciales para el crecimiento económico.