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El director de la Fundación Defendamos la Ciudad se refirió a las instrucciones que el Minagri instruyó al SAG para suspender el proceso de certificación de Proyectos de Subdivisión de Predios Rústicos (SPR).
Patricio Herman, director de la Fundación Defendamos la Ciudad, se refirió a la reciente decisión del Ministerio de Agricultura de suspender o rechazar el proceso de certificación de Proyectos de Subdivisión de Predios Rústicos (SPR),
Específicamente, el Ministerio instruyó diversas medidas al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), en orden a enfrentar el aumento sostenido de solicitudes de certificación de proyectos SPR de gran envergadura con un eventual cambio de destino de los lotes resultantes.
“Hablamos del lucrativo negocio de las “parcelas de agrado” que son predios rurales de al menos 5.000 m2 con fines habitacionales, prohibidos expresamente en el DL Nº 3.516 y en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), pero siempre admitidos en la práctica por la institucionalidad municipal y por la del gobierno central” explicó el director de la Fundación.
“Estoy plenamente de acuerdo con la sabía decisión que ha tomado el Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, si bien me hubiera gustado que se diera antes, valoro que se haya realizado en el Gobierno del presidente Boric”, mencionó Herman.
La decisión del Minagri generó diversas reacciones, y en algunos sectores se denunció que se estaría otorgando al SAG “un poder desmesurado”.
En cuanto al oficio presentado por una parlamentaria DC a Contraloría General de la República, Herman señaló que no cree que el organismo vaya en contra de lo decidido por el Ministro de Agricultura, tomando en cuenta que anteriormente la Contraloría ya ha fallado a favor de denuncias presentadas por la Fundación, reconociendo que se ha pasado a llevar el espíritu de la ley en la subdivisión de predios.
Cabe recordar que Patricio Herman, en su rol como director de la Fundación Defendamos la Ciudad, ha realizado una serie de denuncias denotando las irregularidades y los mecanismos que distintas empresas utilizan para traspasar lo establecido en la ley.
Recientemente se dirigió a la Contraloría General reclamando que la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo (SEREMI), a través de su oficio N° 1.333, de 2021, habría emitido un informe previo favorable en contravención a lo dispuesto la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) relación con el proyecto “Terminal de Transporte Terrestre de Carga El Trebal”, el cual permitía un uso de suelo para actividades productivas no admitido en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago
El ya mencionado DL Nº 3.516 también establece la responsabilidad de fiscalizar a las Seremis de Vivienda y Urbanismo, al SAG y las municipalidades respectivas procurando el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto.
Es por ello, que también cuestionó el rol que han tenido diversos organismos públicos como las Direcciones de Obras Municipales o Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo (SEREMI) a lo largo de toda la región. “Las autoridades políticas han avalado por más de 40 años las prácticas de estas empresas. Hay una colusión público-privada.”
“Podemos aseverar que, en todas las regiones del país durante más de 40 años, con la sola autorización del SAG, se han posibilitado estas operaciones mercantiles que están reduciendo paulatina y dramáticamente la capacidad de producción agrícola y por ende la alimentación de quienes vivimos en Chile” concluyó.